Reducción del Imesi amenaza ventas y empleo en centros comerciales del litoral
Los Centros Comerciales e Industriales de Paysandú, Salto y Río Negro expresaron su fuerte preocupación ante la reciente decisión del gobierno de disminuir el descuento del Impuesto Específico Interno (Imesi) para combustibles en departamentos fronterizos. La rebaja, que pasó del 40% al 32%, se considera un golpe a una herramienta clave para reducir la desventaja competitiva frente a ciudades argentinas vecinas, donde el costo de vida es sensiblemente menor.
En un comunicado conjunto, las gremiales advirtieron que esta medida podría generar un efecto opuesto al deseado: incentivar el contrabando, aumentar el comercio informal y reducir la recaudación fiscal. La coordinadora del Centro Comercial e Industrial de Paysandú, Bettina Franco, aseguró que el ajuste fue decidido sin instancias previas de diálogo y recordó que, además, su departamento ya había perdido otros beneficios como el programa BROU Recompensa.
Una medida que reaviva tensiones en la frontera
El Imesi es un impuesto que incide directamente en el precio de los combustibles. En las zonas limítrofes, donde los consumidores pueden cruzar con facilidad a Argentina o Brasil para abastecerse, este impuesto es parcialmente exonerado para intentar equiparar precios y mantener el consumo dentro del país.
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Hasta ahora, los departamentos beneficiados del litoral contaban con una reducción del 40%, pero a partir de esta semana el descuento será solo del 32%. Aunque pueda parecer una diferencia menor, en la práctica puede significar varios pesos por litro de combustible, suficientes para que los consumidores opten por cruzar la frontera y abastecerse del otro lado.
Según la última medición del Indicador de Precios Fronterizos de la Universidad Católica del Uruguay (UCU), Salto es actualmente un 14,2% más caro que su ciudad vecina Concordia, en Argentina. Esta brecha es similar a la registrada en 2016, en un momento donde el flujo de compras al otro lado del río Uruguay era elevado.
El temor al contrabando y la pérdida de ventas
En su comunicado, las gremiales empresariales sostienen que la reducción del beneficio “perjudica la competitividad y amenaza con agravar problemas estructurales” como el comercio informal y el contrabando. Al abaratarse el combustible del lado argentino, más consumidores estarían dispuestos a cruzar para cargar combustible y, de paso, realizar otras compras, desde alimentos hasta productos de higiene y limpieza.
Bettina Franco afirmó que el impacto no se limitará a las estaciones de servicio. “Esto derrama sobre todos los rubros: si el consumidor cruza para cargar, aprovecha para hacer compras en supermercados, farmacias y otros comercios. Es un efecto dominó que perjudica directamente a la economía local”, explicó.
Falta de diálogo y medidas insuficientes
Franco señaló que la decisión fue tomada sin consultas previas a las gremiales de su departamento. La última reunión formal con autoridades nacionales se realizó en junio, en Artigas, en un encuentro organizado por la Confederación Empresarial del Uruguay (CEDU) con la participación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Agencia Nacional de Desarrollo, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y el Banco República (BROU).
En esa instancia se discutieron principalmente soluciones para la frontera con Brasil. De hecho, poco después, el ministro Gabriel Oddone anunció un paquete de medidas dirigido exclusivamente a esos departamentos, dejando a las ciudades fronterizas con Argentina en una situación distinta.
Franco subrayó que, si bien la medida se justifica por cuestiones fiscales, la diferencia de recaudación para el Estado es mínima: “Es solo un 8% menos de descuento, pero para nuestra economía local puede marcar una gran diferencia en el flujo de ventas”.
A pesar de que la brecha cambiaria con Argentina se redujo en los últimos dos años, el comercio en el litoral aún no logra recuperarse del todo. Tras la reapertura de los puentes en abril de 2021, los comercios esperaban un repunte que, según Franco, todavía no se concreta.
“Las ventas siguen siendo bajas, incluso en fechas especiales como el Día de la Madre, el Día del Padre o el Día del Niño, cuando históricamente se vendía mucho más. Ni siquiera con promociones de tarjetas bancarias del 15% o 25% hemos alcanzado niveles de venta óptimos”, señaló.
Este bajo nivel de actividad se refleja en el empleo: Paysandú mantiene una de las tasas de desempleo más altas del país, cercana al 14%. Para Franco, la relación es directa: “Si el empresario no vende, reduce costos y eso implica enviar trabajadores al seguro de paro”.
El antecedente del BROU Recompensa
A la reducción del descuento de Imesi se suma la pérdida, desde abril de 2025, del beneficio de la tarjeta BROU Recompensa, que otorgaba importantes descuentos en compras locales. Franco recordó que este programa había tenido un impacto inmediato en las ventas:
Con un 30% de descuento, las ventas llegaron a duplicarse.
Con un 20%, crecieron alrededor de un 80%.
Incluso con un 10%, se registró un aumento de entre 30% y 50%.
La eliminación de esta herramienta dejó a los comercios sin un estímulo clave para atraer a consumidores que comparan precios con el otro lado de la frontera.
Para Franco, el problema de fondo es que Uruguay carece de una política de frontera estable y previsible. Propone establecer criterios automáticos que activen medidas de apoyo cuando la diferencia de precios con países vecinos alcance ciertos niveles críticos.
“Somos un país pequeño y vulnerable a los vaivenes económicos de Argentina y Brasil. No podemos reaccionar cada vez con medidas improvisadas; necesitamos un esquema claro que nos dé certezas a largo plazo”, opinó.
La empresaria insiste en que las herramientas de competitividad no deben verse como subsidios permanentes, sino como mecanismos de equilibrio para garantizar que las ciudades fronterizas puedan competir en condiciones más justas y evitar la fuga de consumo.
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Si la reducción del descuento se mantiene, los centros comerciales prevén que el impacto comenzará a notarse a fin de mes. Se espera una caída de ventas en estaciones de servicio y un descenso correlativo en comercios de rubros diversos.
A mediano plazo, podría producirse un aumento en el contrabando y en la economía informal, fenómenos que, además de dañar al comercio legal, reducen la recaudación fiscal.
La situación reabre un debate sobre cómo equilibrar las necesidades de recaudación del Estado con la protección de las economías locales en áreas sensibles como la frontera. Sin un cambio en la medida, la presión sobre el Ejecutivo para revisarla podría crecer en las próximas semanas.
