La sostenibilidad y la gobernanza suelen aparecer unidas en los titulares, pero en el fondo el cambio que está ocurriendo en España responde a otra prioridad: fortalecer cómo se toman las decisiones dentro de las empresas y cómo se garantiza el cumplimiento de principios básicos frente a riesgos sociales, reputacionales y normativos. Dicho de manera directa, las compañías están elevando su gobierno interno y haciendo de la ética un pilar operativo, no solo un mensaje de imagen.
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Esto se refleja en el informe ‘Comunicando el Progreso: Análisis de informes 2025’ del Pacto Mundial de la ONU en España. El estudio, en su séptima edición, evalúa la evolución de 1.007 entidades y también incluye a la totalidad del IBEX 35, con el objetivo de medir avances en materias como derechos fundamentales, condiciones de trabajo, prevención de la corrupción y procedimientos de control.
El resultado general apunta a una tendencia clara: la transparencia y la gestión responsable ya no se entienden como un complemento, sino como un modo de funcionamiento que marca la diferencia en un entorno de incertidumbre, presiones regulatorias y exigencias crecientes de clientes, inversores y empleados.
Datos que muestran consolidación en las prácticas internas
De acuerdo con el análisis del Pacto Mundial de la ONU en España, las empresas están incorporando con mayor consistencia mecanismos para anticipar riesgos y documentar decisiones. Un ejemplo es que el 78% de las compañías revisa periódicamente los riesgos vinculados a su actuación. A la vez, el 90% declara contar con códigos de conducta, es decir, reglas internas que orientan comportamientos y establecen límites claros.
En cuanto a los temas con mayor foco, el informe destaca que en el ámbito de derechos fundamentales y condiciones de trabajo sobresalen dos prioridades:
- Seguridad y salud en el entorno laboral (93%)
- Igualdad de género (87%)
Además, el estudio subraya que el 97% de las compañías del IBEX 35 aplica políticas destinadas a garantizar el respeto de los derechos fundamentales. Este dato es relevante porque el índice agrupa a organizaciones que, por volumen y visibilidad, suelen concentrar el escrutinio de mercado y reguladores. Que el porcentaje sea tan alto indica una consolidación de procesos, no únicamente una iniciativa puntual.
Gobierno interno: la clave está en cómo se decide
Uno de los aspectos que más llama la atención es el incremento en la creación de comisiones específicas dentro de los órganos de administración. En la práctica, esto supone que los temas críticos no dependen únicamente de la iniciativa personal de un directivo o de cambios de prioridad internos, sino que se integran en la estructura de decisión.
Cuando existen comités con responsabilidades asignadas, suele haber mejor trazabilidad: se fijan objetivos, se revisa el desempeño y se establecen circuitos para corregir desviaciones.
El informe también apunta a un movimiento adicional: la vinculación de parte de la retribución de los directivos con resultados relacionados con la gestión responsable. Este enfoque busca alinear incentivos con objetivos que van más allá del rendimiento puramente económico, reforzando la idea de que la ética y el control forman parte del “core” empresarial.
Transparencia real: el dato también importa
En los últimos años, “informar” ha dejado de ser suficiente. Ahora la exigencia se concentra en la calidad del contenido: consistencia, verificabilidad y coherencia con lo que la empresa hace. El informe del Pacto Mundial de la ONU subraya que la transparencia se está convirtiendo en un ejercicio de rendición de cuentas, especialmente ante grupos de interés como trabajadores, clientes, proveedores y reguladores.
Esto afecta de forma directa a la cultura corporativa de integridad:
- canales de denuncia con funcionamiento real
- políticas anticorrupción claras y aplicadas
- comunicación honesta sobre objetivos, límites y avances
En un mercado cada vez más competitivo, estas prácticas tienen un efecto acumulativo: ayudan a evitar riesgos reputacionales y, a la vez, favorecen la confianza necesaria para atraer inversión y talento.
De la declaración a la diligencia debida
La lectura del informe también se entiende mejor si se piensa en términos de procedimientos. La presión normativa europea, y en particular la Directiva de divulgación de información en materia de sostenibilidad (CSRD), empuja a las empresas a reforzar sus sistemas de diligencia debida.
¿En qué se traduce esto? En identificar riesgos no solo dentro de la propia estructura, sino en la cadena de valor: proveedores, socios, operaciones externas y relaciones comerciales donde pueden aparecer impactos que afecten a derechos, condiciones de trabajo o integridad empresarial.
En resumen, la empresa deja de mirar únicamente “lo que ocurre en casa” y empieza a gestionar lo que ocurre en su red.
El medioambiente como parte de la responsabilidad, con un reto central
El componente ambiental también forma parte de esta evolución, aunque la dificultad más grande aparece en un punto concreto: las emisiones asociadas a la cadena de suministro, conocidas como alcance 3. Según el informe, si bien el 92% declara un compromiso firme y el 97% del IBEX 35 cuenta con políticas sólidas, solo el 27% consigue medir con precisión las emisiones de alcance 3.
Este dato evidencia un problema recurrente: cuanto más se amplía la responsabilidad hacia terceros, más complejo se vuelve disponer de información técnica fiable, comparables, y herramientas para coordinarse con proveedores. Aun así, el estudio indica que el 94% de las empresas ya dispone de responsables asignados para la gestión climática, lo que sugiere una base organizativa para avanzar.
Derechos fundamentales: vigilancia en toda la cadena
En materia de derechos fundamentales, el informe describe un aumento del peso estratégico y una mejora en la capacidad de identificar y prevenir efectos negativos. La tendencia es clara: ya no se trata solo de actuar en oficinas o centros propios, sino de vigilar que la actividad en proveedores y partes vinculadas no genere vulneraciones.
En el caso de las grandes cotizadas, el dato más destacado es que el 87% declara contar con sistemas de vigilancia para evitar complicidad con vulneraciones de derechos fundamentales a través de la cadena.
Condiciones laborales: mejora práctica y profesionalización
El apartado de condiciones laborales aparece como el ámbito con mayor nivel de implementación efectiva. El bienestar de los trabajadores se sitúa como un eje central de la agenda: el 93% prioriza la seguridad y salud en el trabajo, presentándose además como un asunto “material” para muchas compañías.
Asimismo, la igualdad de oportunidades mantiene su relevancia con el 87% de empresas que aplican políticas activas de igualdad de género y medidas contra la discriminación. En el plano organizativo, este es también el terreno más estructurado: el 96% indica que tiene responsables dedicados a garantizar entornos laborales justos y diversos.
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El informe de Pacto Mundial de la ONU en España dibuja una foto de avance real en cómo las empresas están reforzando su manera de operar: más estructuras internas, mayor seguimiento, y un enfoque que tiende a convertir la responsabilidad en evidencia medible.
El reto ambiental —especialmente la medición de alcance 3— y la coordinación con terceros siguen siendo puntos difíciles. Pero los datos sobre comisiones, códigos de conducta, revisión de riesgos, vigilancia en derechos fundamentales y profesionalización en condiciones laborales muestran que el cambio ya está en marcha.
En definitiva, lo que se está consolidando es una lógica distinta: el gobierno interno, la transparencia y la integridad no se quedan en un plano declarativo. Se convierten en procedimientos que afectan a decisiones, incentivos y cumplimiento cotidiano. Y eso, para el mercado español, marca una diferencia cada vez más visible en 2025.
