La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) ha presentado sendas denuncias ante la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA), un organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, contra dos grandes cadenas de distribución: Lidl y Carrefour. El motivo es una supuesta venta a pérdidas de arroz redondo envasado, una práctica que la organización considera contraria a la Ley de la Cadena Alimentaria y especialmente dañina para el sector productor.
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Según el planteamiento de AVA-Asaja, ambas empresas estarían comercializando paquetes de arroz redondo con un precio al público de 1,09 euros por kilo. La coincidencia exacta de esa cifra en Carrefour y Lidl, sostiene la entidad agraria, no permitiría cubrir los costes reales que afrontan los arroceros y los diferentes operadores que intervienen en las distintas fases del proceso: desde el cultivo hasta la comercialización final.
El presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, explica que el precio observado por la asociación no contempla el encarecimiento que se ha producido en los últimos años en la producción arrocera en la Comunitat Valenciana. En su comunicado, la organización remarca que los costes medios asociados al cultivo se han incrementado más del 50%, situándose en torno a 0,60 euros por kilo, con especial incidencia en variedades tradicionales como Bomba, Albufera y J-Sendra.
El aumento de costes se vincula, de forma principal, a dos factores que preocupan especialmente al sector. Por un lado, los arroceros señalan la falta de soluciones eficaces para combatir el hongo Piricularia, una amenaza que afecta al rendimiento y a la estabilidad de las cosechas. Por otro lado, atribuyen el encarecimiento al descenso productivo, que se cifra entre el 50% y el 80% en las zonas más castigadas por esta problemática fitosanitaria.
A esa primera fase agrícola se suman después los gastos posteriores a la cosecha. AVA-Asaja sostiene que el arroz recolectado incorpora nuevos costes inevitables antes de llegar a la estantería: transporte hasta las plantas de procesamiento (molinos arroceros), secado, limpieza, descascarillado, blanqueado, selección, envasado y distribución. En conjunto, estos procesos pueden elevar el coste del producto por encima del umbral señalado por la propia organización, con cifras que apuntan a valores que oscilan entre 1,2 y 1,4 euros por kilo.
A partir de ahí, la asociación interpreta la diferencia entre el precio de venta al público anunciado y los costes acumulados como una posible evidencia de venta a pérdidas. En su argumentación, la denuncia se orienta no solo a los productores, sino también al funcionamiento sostenible del sector y al impacto social y ambiental que podría derivarse de una presión de precios que, en opinión de AVA, termina perjudicando a toda la cadena.
Cuestionamientos sobre el origen del producto
Además de la cuestión del precio, AVA-Asaja incluye en su denuncia dudas sobre el origen del arroz comercializado por ambas cadenas. La entidad remarca que los envases de arroz redondo ofertados por Carrefour y Lidl no indican con claridad el origen España, un dato que para la asociación resulta relevante en términos de trazabilidad y garantías sobre el abastecimiento.
En el caso de Lidl, la asociación señala que el etiquetado únicamente menciona un envasador valenciano. Para AVA, ese detalle no equivale necesariamente a que el arroz sea de origen español, ya que podría tratarse de grano importado desde países terceros. La organización considera que estos mercados exteriores podrían operar con condiciones más laxas en ámbitos como los criterios fitosanitarios, la normativa laboral y el control medioambiental.
Otro punto que la asociación pone sobre la mesa es la categoría declarada en el producto. En relación con el arroz redondo de Lidl, AVA-Asaja cuestiona la mención de “Categoría extra”. Para la entidad, esta referencia resulta especialmente controvertida si el producto no procede de España o si, en la práctica, no se ajusta a los estándares que la denominación sugiere.
Una práctica prohibida y con efectos colaterales
El núcleo central de las denuncias, sin embargo, reside en la supuesta venta por debajo de costes. AVA-Asaja subraya que este tipo de dinámica estaría prohibida según la Ley de la Cadena Alimentaria. La asociación entiende que, cuando se comercializa un producto a un precio que no cubre la estructura de costes de producción y transformación, se produce una distorsión que termina repercutiendo en el tejido agrario.
Cristóbal Aguado advierte de que el daño no se limita a la rentabilidad de los agricultores. A su juicio, el resultado puede ser el debilitamiento de un sector “tan importante como el arrocero” y, con ello, el riesgo de afectar a la preservación medioambiental vinculada al cultivo del arroz.
En este punto, AVA destaca dos espacios naturales cuya conservación se relaciona estrechamente con la continuidad del cultivo: los parques naturales de La Albufera y el Marjal de Pego-Oliva. La organización sostiene que el mantenimiento de estas zonas depende en buena medida de la práctica agrícola asociada al arroz, de manera que la presión sobre los precios podría empujar a abandonar o reducir producciones, con consecuencias para el equilibrio del territorio.
De la denuncia a la revisión institucional
Con las denuncias ya presentadas, AVA-Asaja espera que la AICA revise la situación planteada por la asociación. La entidad agraria solicita, en la práctica, que se compruebe si el precio de venta al público de 1,09 euros por kilo es compatible con los costes reales de toda la cadena y si existen elementos que permitan sostener la acusación de venta a pérdidas. Al mismo tiempo, insiste en la necesidad de aclarar el origen del producto y la información reflejada en los etiquetados, especialmente cuando se trata de arroz redondo envasado que llega al consumidor final.
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En un contexto en el que el sector arrocero valenciano denuncia el impacto de plagas, oscilaciones de producción y subidas de costes, AVA-Asaja considera que este tipo de actuaciones comerciales puede actuar como un factor adicional de presión. Por ello, la asociación sitúa el debate en un terreno amplio: no solo la competencia entre distribuidores, sino la viabilidad del modelo productivo regional y el papel que el arroz desempeña en ecosistemas concretos.
Con el tiempo, el análisis de AICA determinará si las denuncias prosperan y qué medidas se derivan. Mientras tanto, el sector productor reclama que el precio al consumidor no oculte la realidad de una cadena con costes crecientes y con una importancia que va más allá de lo económico.
