La sostenibilidad ha dejado de ser un concepto “de compromiso” para convertirse en una herramienta central de gestión empresarial. En España, cada vez más compañías incorporan los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en su manera de tomar decisiones, medir riesgos y rendir cuentas, impulsadas por el escrutinio de inversores y consumidores y también por la evolución de las exigencias regulatorias.
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Un buen termómetro de este cambio es el estudio Comunicando el progreso 2025 del Pacto Mundial de la ONU en España. El informe analiza la actuación en desarrollo sostenible, ESG y sostenibilidad corporativa de 1.007 entidades, además de contemplar la totalidad del Ibex 35. Sus resultados apuntan a una consolidación real: no solo aumenta la presencia de la sostenibilidad en el discurso, sino que se afianza en estructuras internas, en mecanismos de control y en la forma de supervisar la información que las empresas publican.
La sostenibilidad se integra en la gobernanza y en la estrategia
Uno de los mensajes principales del informe es que la sostenibilidad se sitúa cada vez más cerca de los niveles de decisión más altos. En concreto, el 78% de las empresas españolas declara que la junta, el órgano de gobierno o la persona ejecutiva de mayor jerarquía revisa de manera periódica los riesgos asociados al modelo de negocio. Además, el 77% asegura que supervisa los informes de carácter ambiental, social y de gobernanza.
El dato contrario también es revelador: solo un 3% afirma que el máximo órgano de gobierno no realiza ninguna de estas acciones. En la práctica, esto señala que ESG está pasando de ser una responsabilidad delegada a áreas concretas a convertirse en una materia transversal vinculada a la supervisión corporativa.
Este enfoque se complementa con la creación de estructuras internas. De acuerdo con el estudio, el 96% de las empresas ha designado personas o equipos responsables en normas laborales; el 94% cuenta con responsables en medio ambiente; el 89% nombra responsables en anticorrupción; y el 87% incorpora responsables en derechos humanos. En comparación con el año anterior, se observa una mejora gradual, lo que sugiere que la sostenibilidad se está asentando como parte del “funcionamiento” cotidiano de las organizaciones, no como un proyecto aislado.
Anticorrupción: el área donde más se acelera la madurez
Entre las materias analizadas, el apartado de anticorrupción es el que muestra un avance más notorio frente a 2024. Esto tiene coherencia con el Principio 10 del Pacto Mundial de la ONU, que llama a las empresas a trabajar activamente contra la corrupción en todas sus formas, incluyendo extorsión y soborno.
El informe explica que el 71% de las empresas españolas cuenta con un programa de cumplimiento en lucha contra la corrupción. Esta cifra supone seis puntos más que el año anterior. Asimismo, un 16% adicional indica que prevé implantarlo durante los próximos dos años, lo que refuerza la tendencia de consolidación progresiva.
El progreso no se limita a las grandes corporaciones. En el caso de las pymes, el estudio destaca que el 63% ya dispone de programas de cumplimiento, frente al 56% registrado en 2024. Es decir, se aprecia una reducción de la brecha: las pymes avanzan, aunque con ritmos lógicos distintos.
Pero además del despliegue de programas, el informe pone el foco en la supervisión. El 95% de las empresas afirma revisar sus programas de cumplimiento, alineándose con la media global y europea. En pymes, el salto es especialmente relevante: pasa del 74% al 93% en un año. Esta diferencia es importante, porque revela un paso desde la existencia formal de políticas hacia una revisión más constante y, por tanto, más operativa.
También se observa un refuerzo en la orientación a las plantillas. Más del 82% de las compañías en España dispone de políticas y recomendaciones concretas para que los trabajadores sepan cómo actuar ante conflictos de interés. En el segmento de grandes empresas, el porcentaje alcanza el 95%.
Formación y controles internos con impacto real
La lucha contra la corrupción requiere tanto reglas como práctica. Por eso, el informe incluye indicadores sobre formación. El 54% de las empresas capacita a toda su plantilla en anticorrupción. Dentro de este dato, se aprecia que las grandes empresas se sitúan por encima: 69% frente a 47% en pymes.
Sin embargo, el Ibex 35 marca una senda más exigente. En este universo, el informe resalta que el 100% dispone de programas de cumplimiento; el 97% cuenta con políticas específicas para la plantilla; el 100% imparte formación en materia de anticorrupción; y el 91% participa en acciones colectivas contra la corrupción. Estos resultados refuerzan la idea de que, para las compañías cotizadas, el componente de ética y buena gobernanza está completamente integrado en el sistema de gestión.
Verificación de datos: fiabilidad como prioridad
Otro de los aspectos que gana peso es la verificación de los informes ESG. Tener políticas no es suficiente si los datos no son sólidos o si el reporte no inspira confianza. Según el estudio, el 55% de las empresas analizadas verifica total o parcialmente la información que reporta en sostenibilidad. Este porcentaje contrasta con el 42% de la media europea y el 40% a escala global.
La diferencia aumenta en grandes empresas: el 82% verifica su información, mientras que en pymes el porcentaje es del 44%. Aun así, el dato es relevante, porque sitúa a las pymes españolas por encima de los niveles registrados a nivel global y europeo, según el propio informe.
En el Ibex 35, además de los procesos de diligencia debida, se detecta una mayor alineación de incentivos con objetivos de sostenibilidad. El estudio señala que todas las compañías del índice cuentan con procesos de evaluación de riesgos y diligencia debida vinculados a áreas de sostenibilidad. Y destaca un indicador particularmente significativo: el 97% vincula la remuneración de sus equipos ejecutivos a resultados de sostenibilidad, manteniendo una estabilidad respecto a 2024.
Esta es, según el informe, una asignatura pendiente para el resto del tejido empresarial, que en muchos casos todavía no incorpora en la misma medida los incentivos económicos al cumplimiento y la consecución de metas ESG.
Derechos humanos y normas laborales: prioridades materiales cada vez más claras
En la dimensión social, el estudio identifica una consolidación tanto en compromiso como en gestión efectiva, especialmente en derechos humanos y normas laborales. Entre los temas que las empresas consideran más materiales, destacan:
- Entorno de trabajo seguro y saludable, con un 93%
- Igualdad de género y derechos de las mujeres, con un 87%
- No discriminación en el empleo y la ocupación, con un 76%
Además, el informe apunta que, en estas áreas, más del 80% de las empresas que las consideran materiales cuentan con políticas específicas aprobadas al nivel máximo ejecutivo. Este detalle es clave para entender el paso de lo declarativo a lo operativo: cuando una cuestión se define como material, suele traducirse con más facilidad en políticas internas y mecanismos de control.
Prevención y mitigación: de la intención a la acción
El salto cualitativo se aprecia especialmente en prevención y mitigación. En España, el 88% de las empresas declara haber desarrollado medidas para reducir riesgos en un entorno de trabajo seguro y saludable. En pymes, la cifra es del 85%, mientras que en grandes empresas se eleva hasta el 94%.
En el ámbito de derechos humanos, el estudio subraya que las compañías del Ibex 35 han intensificado la prevención. El 97% afirma haber puesto en marcha medidas o acciones para prevenir y mitigar riesgos asociados a derechos humanos, frente al 91% del año anterior. Este avance indica una evolución hacia sistemas de control más robustos y con mayor continuidad temporal.
Por qué importa: la sostenibilidad como parte estructural de la gestión
En este contexto, la directora ejecutiva del Pacto Mundial de la ONU España, Cristina Sánchez, resume la lectura del estudio al señalar que los datos muestran que la sostenibilidad es un elemento estructural de la gestión. Según su valoración, las empresas españolas están integrando los riesgos en derechos humanos, laborales y anticorrupción en los procesos de decisión, en los sistemas de control y también en las cadenas de suministro.
Más allá de las cifras, la idea central es que la sostenibilidad se está convirtiendo en un marco de actuación permanente, con responsables definidos, revisiones periódicas y, en un número creciente de casos, verificación y seguimiento.
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La séptima edición de Comunicando el progreso 2025 dibuja una fotografía clara: la sostenibilidad en España ya no es una tendencia pasajera. Las empresas incrementan sus programas, mejoran la supervisión, fortalecen la formación y empiezan a medir y validar la calidad de la información ESG. Al mismo tiempo, el Ibex 35 actúa como referencia al mostrar mayores niveles de madurez en cumplimiento, incentivos vinculados a sostenibilidad y prevención de riesgos.
Con este impulso, el gran reto para los próximos años será continuar reduciendo brechas entre grandes empresas y pymes, especialmente en la conexión entre incentivos y resultados ESG y en la verificación de datos. Si ese camino se consolida, la sostenibilidad seguirá avanzando como una ventaja competitiva basada en gestión, no solo en comunicación.
