Rutas de Lima alerta riesgo operativo tras suspensión de peajes
La concesionaria Rutas de Lima (RDL) atraviesa un escenario de máxima tensión financiera luego de que el Poder Judicial ordenara la suspensión indefinida del cobro de peajes en las unidades de Villa y Punta Negra. Esta medida, que se suma a decisiones previas de autoridades municipales y estatales, ha dejado a la empresa prácticamente sin ingresos, poniendo en riesgo la continuidad de sus operaciones en la capital peruana.
En un comunicado emitido recientemente, la compañía advirtió que la interrupción de la recaudación compromete de manera directa su capacidad para mantener y operar las vías concesionadas, ya que sus ingresos dependen casi por completo del cobro de peajes.
“La última decisión judicial, junto con otras acciones del Estado, ha ocasionado que Rutas de Lima pierda prácticamente la totalidad de sus ingresos”, señaló la concesionaria.
Un escenario financiero crítico
Según cifras presentadas por RDL, la empresa acumula una pérdida de más de S/200 millones en caja negativa durante los últimos 21 meses, una situación que se ha agravado con la reciente medida judicial.
La compañía explicó que esta decisión acelera el consumo de las escasas reservas financieras disponibles, lo que podría llevarla a interrumpir sus operaciones si no se revierte la sentencia en las próximas tres semanas.
“De no modificarse la resolución, la concesionaria se verá en la imposibilidad de continuar con la operación de las vías”, advirtió la empresa.
El pronunciamiento de RDL subraya la fragilidad del modelo de concesión vial en contextos donde la sostenibilidad financiera depende enteramente de los ingresos generados por los usuarios.
Dependencia total de los ingresos por peajes
Rutas de Lima recordó que su modelo económico se sostiene exclusivamente con los recursos provenientes de los peajes, sin contar con aportes directos del Estado. Estos fondos permiten cubrir gastos de mantenimiento, seguridad vial, personal operativo, monitoreo y mejora de la infraestructura.
La suspensión indefinida del cobro, explicaron fuentes de la empresa, afecta de forma inmediata la capacidad para mantener el estándar de servicio en las vías concesionadas.
“Prácticamente no contamos con ingresos, lo que podría impedirnos cumplir con las actividades que tenemos a nuestro cargo”, precisó RDL.
Impacto operativo y antecedentes recientes
El escenario actual no es nuevo para la concesionaria. En 2020, una medida similar de paralización temporal del cobro de peajes generó procesos judiciales y controversias contractuales sobre la sostenibilidad de la concesión.
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Aunque la empresa logró reanudar sus operaciones, la recaudación nunca se recuperó completamente. En 2024, Rutas de Lima ya había advertido una caída significativa en los ingresos y dificultades para sostener su modelo de financiamiento, situación que ahora se agrava con la reciente sentencia judicial.
Esta situación pone nuevamente en debate la estabilidad de los contratos de concesión en el Perú y la necesidad de establecer mecanismos que aseguren la continuidad del servicio público ante decisiones judiciales o políticas.
Un servicio esencial sin respaldo estatal
El contrato de concesión firmado entre Rutas de Lima y la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) estableció que la empresa asumiría el mantenimiento, ampliación y operación de importantes tramos viales, a cambio de financiarse con la recaudación de peajes.
Sin embargo, en los últimos años se han registrado reiterados incumplimientos por parte de la MML y cuestionamientos políticos al modelo de concesión. Estas tensiones han derivado en decisiones que afectan la estabilidad del contrato y, con ello, la calidad del servicio vial ofrecido a los ciudadanos.
De acuerdo con RDL, las acciones recientes de la Municipalidad y otras entidades estatales han comprometido la viabilidad técnica y financiera del proyecto, pese a que el mantenimiento de las vías sigue siendo una necesidad urgente para la capital.
Posibles consecuencias para la infraestructura vial
La suspensión de los peajes no solo afecta la sostenibilidad económica de la concesionaria, sino que también pone en riesgo el mantenimiento y la seguridad de las carreteras.
El cobro de peajes permite financiar el asfaltado, limpieza, iluminación, cámaras de vigilancia y asistencia vial, servicios que podrían verse limitados si la empresa deja de operar.
Un escenario de interrupción prolongada podría incrementar el deterioro de la infraestructura y aumentar los costos futuros de reparación, afectando directamente a los usuarios y a la ciudad en su conjunto.
Especialistas del sector advierten que la paralización del sistema de peajes genera un efecto dominó sobre la cadena de proveedores y contratistas, además de impactar en la confianza de inversionistas extranjeros en los proyectos de asociación público-privada (APP) en el país.
Acciones legales en evaluación
Ante la falta de una solución inmediata, Rutas de Lima y sus accionistas han anunciado que se reservan todos sus derechos frente a los actos del Estado peruano.
La empresa no descartó activar mecanismos legales o de arbitraje internacional para proteger sus inversiones, amparándose en los acuerdos bilaterales de protección de inversiones y en las cláusulas del contrato de concesión.
“Nos reservamos todas las acciones jurídicas que correspondan para salvaguardar nuestros derechos y los de nuestros inversionistas”, señaló la compañía.
Esta declaración abre la posibilidad de un nuevo conflicto entre la concesionaria y el Estado, similar a los casos anteriores que involucraron controversias por decisiones unilaterales sobre concesiones viales.
Silencio de las autoridades
Hasta el momento, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) no han emitido pronunciamientos oficiales sobre las medidas que podrían adoptarse para garantizar la continuidad del servicio.
La ausencia de un plan de contingencia aumenta la incertidumbre entre los trabajadores, proveedores y usuarios de las vías concesionadas, mientras el plazo judicial sigue corriendo.
En caso de que Rutas de Lima se vea imposibilitada de operar, el mantenimiento y gestión de las carreteras tendría que ser asumido por la MML o por el propio Estado, lo que podría generar un mayor gasto fiscal y un deterioro en la calidad del servicio.
Riesgo para futuras concesiones
La situación de Rutas de Lima podría tener un efecto disuasivo para nuevos proyectos de inversión en infraestructura vial.
Expertos advierten que decisiones judiciales o administrativas que afectan la estabilidad de contratos vigentes generan incertidumbre jurídica, reduciendo el interés de inversionistas nacionales y extranjeros.
Las concesiones de carreteras, puertos o aeropuertos requieren de reglas claras, respeto a los contratos y mecanismos previsibles de resolución de controversias para mantener la confianza en el modelo de asociación público-privada.
Si la crisis de Rutas de Lima no se resuelve en el corto plazo, podría convertirse en un precedente negativo para futuros proyectos viales en el país.
Llamado al diálogo y búsqueda de soluciones
Diversas voces del sector infraestructura han insistido en la necesidad de abrir una mesa de diálogo entre el Estado, la Municipalidad de Lima y la concesionaria para encontrar una salida que asegure la continuidad del servicio sin vulnerar los derechos contractuales.
Una alternativa sería establecer mecanismos temporales de compensación o financiamiento, mientras se revisan las condiciones del contrato o se evalúan modificaciones legales.
De no lograrse un acuerdo, el conflicto podría escalar hacia instancias internacionales, afectando la reputación del país como destino confiable para la inversión en infraestructura.
Un desafío para la estabilidad concesional
El conflicto entre Rutas de Lima y el Estado peruano refleja un problema estructural que trasciende una disputa puntual por los peajes. Detrás del caso hay un debate de fondo sobre cómo equilibrar el interés público con la seguridad jurídica de las inversiones privadas.
Mientras no se resuelva la suspensión judicial, el futuro de la concesionaria sigue en riesgo, y con él, la calidad del servicio vial que beneficia a miles de conductores diariamente.
La situación exige una respuesta urgente y coordinada entre el Poder Judicial, la Municipalidad y el Ejecutivo para evitar que la capital peruana enfrente un nuevo colapso en su sistema de infraestructura vial.
Fuente: Infomercado
Por Jordy Acevedo
