La informalidad en Perú: un problema estructural que frena la competitividad
Durante el II Foro de Informalidad “Perú Formal: Retos y soluciones para un futuro competitivo”, organizado por la Cámara de Comercio de Lima (CCL), especialistas nacionales e internacionales coincidieron en un diagnóstico contundente: la informalidad en Perú se ha transformado en una amenaza estructural que traspasa lo económico y afecta directamente la competitividad, el desarrollo social y la capacidad del país para atraer inversión sostenible.
Este encuentro dejó claro que el fenómeno, lejos de ser un simple reflejo del emprendimiento popular, es una barrera que perpetúa la baja productividad y profundiza la desigualdad. Bajo esta premisa, se discutieron causas, impactos y propuestas para enfrentar una problemática que hoy atraviesa todos los sectores productivos del país.
La informalidad en Perú ya no es “emprendimiento”, sino una trampa
Marisol León, presidenta de la comisión organizadora del foro, explicó que la informalidad ha sido durante años tratada como un símbolo de creatividad empresarial. Sin embargo, esta visión ha ocultado la verdadera magnitud del problema. Según León, la informalidad es una trampa de pobreza productiva, sostenida por reglas complejas, escaso acceso a servicios y falta de incentivos reales para la formalización.
Su llamado fue claro: “debemos desromantizar la informalidad”, pues tolerarla ha normalizado actividades económicas que carecen de protección social, financiamiento y tecnología. Este enfoque, según la experta, alimenta desigualdades profundas y deja a millones de trabajadores en situaciones de precariedad extrema.
El 71% de los trabajadores en Perú vive de la informalidad
Las cifras oficiales expuestas en el foro son contundentes. En el Perú, el 71% de la población ocupada trabaja de manera informal, lo que representa una de las tasas más altas de Latinoamérica. La mayoría de estas personas se desempeña en actividades de subsistencia caracterizadas por baja productividad, ingresos reducidos y ausencia total de seguridad social.
Además:
Estos trabajadores son entre seis y once veces menos productivos que quienes operan dentro del sector formal.
La informalidad afecta especialmente al comercio, que concentra el 33% de los negocios informales y registra una incidencia superior al 86%.
Existen 8.2 millones de unidades productivas informales, y más de 5.5 millones operan en sectores no agropecuarios.
Más del 52% de estos negocios es dirigido por mujeres, quienes enfrentan barreras aún mayores para acceder a capital, capacitación y redes de apoyo.
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Estas cifras reflejan un fenómeno masivo, complejo y de raíces estructurales que no puede solucionarse con medidas superficiales.
La formalización en Perú es lenta, costosa y poco accesible
Una de las razones que perpetúa la informalidad en Perú es la dificultad para formalizar un negocio. El foro reveló cifras alarmantes sobre el costo temporal y económico que enfrenta un emprendedor:
Formalizar un negocio puede tardar hasta 71 días.
Los trámites exigen entre 500 y 1,500 soles, sumas que pueden representar entre el 20% y 30% del capital inicial de un emprendedor pequeño.
Una vez formalizados, los negocios deben dedicar más de 380 horas al año al cumplimiento de obligaciones administrativas.
Este escenario explica por qué millones de emprendedores optan por mantenerse fuera del sistema formal. Como señaló León, si el país quiere avanzar, necesita reglas diseñadas para la realidad del comercio, con procesos simplificados, rápidos y proporcionales al tamaño de la empresa.
El avance del oro ilegal: un riesgo para la economía y la reputación del país
Más allá del comercio y los servicios, el foro también abordó el impacto de la informalidad en sectores estratégicos, como la minería. Uno de los datos más preocupantes fue el crecimiento acelerado de los envíos de oro ilegal al exterior.
El Perú se ha convertido en el principal exportador informal de oro de Sudamérica, representando el 44% de los envíos no trazables en la región. Las proyecciones indican que para 2025, las exportaciones de oro sin trazabilidad podrían alcanzar 12,000 millones de dólares, un monto equivalente a las exportaciones formales del metal.
Este crecimiento no solo afecta la reputación del país en los mercados internacionales; también ocasiona pérdidas económicas enormes. Cada año, la falta de control y trazabilidad genera más de 7,500 millones de soles en pérdida fiscal. Este dinero deja de destinarse a salud, educación, infraestructura y servicios esenciales.
La minería ilegal, además, está vinculada a actividades criminales como:
contrabando,
lavado de activos,
evasión fiscal,
trata de personas,
captura territorial.
Los mercados a los que llega el oro ilegal peruano incluyen Dubái, Suiza, India y Estados Unidos, lo que demuestra la escala global del problema.
REINFO: un mecanismo cuestionado
El Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), creado para facilitar la transición de mineros informales hacia la legalidad, también fue objeto de debate. Los expertos alertaron que solo el 2% de los 8,000 inscritos ha logrado formalizarse, convirtiendo al registro en una herramienta que, en la práctica, funciona como un salvoconducto para operadores informales que buscan protegerse de intervenciones.
Ante esta situación, se propuso:
eliminar el REINFO,
retomar una ley específica para la pequeña minería y la minería artesanal,
implementar un marco regulatorio coherente con la realidad de cada región.
Impacto ambiental: la otra cara de la informalidad
Uno de los aspectos que generó mayor preocupación en el foro fue el grave daño ambiental ocasionado por la minería ilegal. La destrucción de ecosistemas enteros continúa creciendo sin control:
En Madre de Dios se han perdido más de 30,000 hectáreas de bosque primario en apenas tres años.
Las regiones de Loreto, Ucayali y Huánuco también enfrentan procesos acelerados de degradación ambiental.
Comunidades locales sufren contaminación, desplazamiento y pérdida de recursos naturales.
En contraposición, la minería formal —regulada, fiscalizada y sujeta a estándares ambientales— aporta actualmente:
el 9% del PBI,
más de 238,000 empleos formales,
más de 8,000 millones de soles en canon y regalías.
Sin embargo, este sector formal también es víctima de la informalidad, pues enfrenta invasiones, extorsiones y paralizaciones de proyectos debido a la debilidad del control territorial del Estado.
Perú necesita reglas claras, trazabilidad y reducción de brechas
El evento concluyó con una reflexión unánime: Perú no podrá lograr un desarrollo sostenible mientras existan dos sistemas paralelos —uno formal y uno informal— que compitan desigualmente y generen distorsiones en la economía.
Los especialistas coincidieron en las siguientes prioridades:
Cerrar las brechas regulatorias que dificultan la formalización.
Reformar o eliminar el REINFO, reemplazándolo por un marco legal adecuado.
Implementar trazabilidad obligatoria del oro, desde la extracción hasta la exportación.
Simplificar radicalmente los procesos administrativos para emprendedores y pequeñas empresas.
Fortalecer el control territorial para frenar redes criminales vinculadas a la minería ilegal.
Promover el acceso al crédito y la tecnología, especialmente para mujeres emprendedoras.
Impulsar programas de capacitación y asistencia técnica orientados a elevar la productividad.
La conclusión final fue clara: «El Perú no puede seguir siendo dos países: uno que cumple la ley y otro que opera al margen de ella». La construcción de un país formal y competitivo requiere decisiones firmes, articulación entre sectores y políticas públicas que respondan a la realidad económica del país.
