Estado de emergencia en Lima: impacto económico y dudas sobre su efectividad
La reciente decisión del gobierno de José Jerí de declarar un nuevo estado de emergencia en Lima y Callao ha generado una amplia discusión en torno a su efectividad y a las consecuencias económicas que puede tener sobre diversos sectores.
De acuerdo con la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES), esta medida, aunque busca frenar el avance de la criminalidad, podría resultar contraproducente si no se acompaña de políticas de inteligencia, fortalecimiento institucional y estrategias sostenibles que aborden las raíces del problema.
Según el organismo, es la quinta vez en poco más de tres años que la capital peruana entra en estado de emergencia, una cifra que refleja la persistencia del problema y la falta de resultados duraderos en las iniciativas de seguridad.
Una medida que no resuelve el problema de fondo
REDES advierte que, si bien los niveles de criminalidad han aumentado de manera preocupante en los últimos meses, las medidas excepcionales como el estado de emergencia solo contienen la violencia de forma temporal, sin atacar sus causas estructurales.
El economista Gustavo Meza, investigador de la institución, explicó que las extorsiones, robos y homicidios tienen origen en redes delictivas organizadas que requieren estrategias sostenidas de inteligencia e investigación financiera.
“Sin fortalecer la capacidad de la Policía y la Fiscalía para investigar y sancionar estos delitos, el impacto de la medida es pasajero. Una vez levantado el estado de emergencia, la violencia regresa con igual o mayor intensidad”, señaló Meza.
Para el especialista, declarar el estado de emergencia en Lima puede generar una sensación de control inmediato, pero en la práctica no ofrece soluciones permanentes. La ausencia de políticas de prevención, la débil articulación entre instituciones y la falta de recursos para la investigación criminal dificultan la efectividad de la medida.
Cifras que revelan una crisis de seguridad
REDES recordó que solo hasta septiembre de 2025 se registraron más de 20 mil denuncias por extorsión y cerca de 1.700 homicidios en todo el país. Estas cifras reflejan una duplicación de asesinatos y un crecimiento de seis veces en los casos de extorsión en comparación con 2019.
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Las regiones más golpeadas por la delincuencia son Lima, La Libertad y Piura, donde las redes criminales vinculadas a cobros ilegales, trata de personas y microcomercialización de drogas continúan expandiéndose.
“Los delincuentes se adaptan con rapidez. Cuando aumenta la presencia policial en un distrito, se trasladan a otro. Esto da una sensación de mejora temporal, pero no hay un cambio real en la seguridad ni en el control del territorio”, añadió Meza.
El efecto económico: menos movimiento, menos ingresos
Más allá del debate sobre la seguridad, el impacto económico del estado de emergencia en Lima y Callao es uno de los temas que más preocupa a empresarios y analistas.
Aunque la medida no obliga al cierre de negocios, sí modifica el comportamiento de la población. La presencia de militares, los controles policiales y el temor a la delincuencia reducen la circulación de personas en las calles y afectan directamente al comercio y los servicios.
Sectores como gastronomía, entretenimiento y turismo interno son los más golpeados. Restaurantes, bares, discotecas y centros comerciales reportan caídas de hasta 40% en sus ingresos, debido a la disminución del público.
“Menos movimiento en las calles significa menos ingresos, menos empleo y más incertidumbre. Al terminar el estado de emergencia, la desconfianza se mantiene, afectando la inversión y debilitando la economía local”, destacó Meza.
Este fenómeno no solo impacta a los grandes negocios, sino también a los emprendedores y trabajadores informales, que dependen del flujo constante de personas para sostener sus ingresos diarios.
Un círculo vicioso entre inseguridad y economía
REDES advierte que la inseguridad y la desaceleración económica se retroalimentan mutuamente. A mayor violencia, las empresas reducen sus horarios, limitan inversiones y evitan abrir nuevos locales; mientras que la falta de oportunidades laborales aumenta la vulnerabilidad social y el riesgo de que más personas ingresen a economías ilegales.
De acuerdo con estimaciones recientes, el Perú pierde cerca de S/ 19.800 millones anuales debido a los efectos de la inseguridad: pérdida de productividad, menores ingresos tributarios y desincentivo a la inversión.
En este contexto, repetir estados de emergencia sin una estrategia de largo plazo no solo tiene un costo social, sino también económico y fiscal.
Experiencias internacionales: inteligencia y tecnología como solución
Para REDES, la clave para enfrentar la delincuencia de manera efectiva radica en fortalecer la inteligencia policial, mejorar la coordinación institucional y utilizar tecnología avanzada para el seguimiento y análisis del crimen organizado.
En Colombia, por ejemplo, una política de inteligencia criminal permitió desarticular más de 300 bandas y reducir en más del 50% los homicidios vinculados al crimen organizado.
Honduras logró una mejora significativa en la seguridad ciudadana mediante una reforma integral de la Policía Nacional, centrada en la formación, el control interno y la depuración de mandos corruptos.
En Costa Rica y Brasil, la modernización del sistema judicial y la digitalización de procesos agilizaron los juicios penales, reduciendo la impunidad y los costos administrativos.
Por su parte, Chile aplicó un modelo de patrullaje focalizado en zonas críticas, que permitió duplicar la reducción de denuncias respecto al método tradicional.
“El país necesita una policía moderna, un sistema judicial eficiente y una presencia estatal constante en los barrios más vulnerables. Sin estas bases, cualquier esfuerzo será temporal”, subrayó Meza.
Recomendaciones para una política de seguridad sostenible
Desde REDES se plantea que el Perú debe migrar de la reacción a la prevención, diseñando una estrategia nacional de seguridad basada en datos y en la colaboración entre instituciones.
Las recomendaciones incluyen:
- Fortalecer la capacidad de investigación de la Policía y la Fiscalía, priorizando el seguimiento financiero de las redes delictivas.
- Incorporar herramientas tecnológicas como la inteligencia artificial para identificar patrones de delito y anticipar riesgos.
- Reformar la formación policial, asegurando estándares éticos y profesionales más altos.
- Mejorar la coordinación interinstitucional entre los ministerios del Interior, Justicia y Economía.
- Incentivar la inversión privada en tecnología de seguridad, a través de alianzas público-privadas.
Estas medidas, según REDES, permitirían recuperar la confianza ciudadana, mejorar la efectividad policial y proteger la economía frente a los efectos colaterales de la inseguridad.
La urgencia de una visión a largo plazo
Para Gustavo Meza, el problema de la inseguridad en el Perú no se resolverá con medidas temporales. “El Estado debe actuar con continuidad, no con parches. Se necesita un plan integral, con recursos, inteligencia y compromiso político”, afirmó.
El experto advirtió que la persistencia de la violencia urbana debilita la democracia y erosiona la confianza en las instituciones, afectando la estabilidad del país. Además, señaló que los esfuerzos aislados sin coordinación ni evaluación generan una sensación de improvisación, lo que aumenta el escepticismo ciudadano.
El costo social de la inseguridad
Más allá de las cifras económicas, el impacto social es profundo. La violencia cotidiana cambia los hábitos de consumo, reduce la movilidad y genera estrés colectivo. Familias enteras ajustan sus rutinas, evitando salir de noche o frecuentar zonas comerciales, lo que termina afectando el tejido social y comunitario.
El miedo también reduce la participación ciudadana y la confianza en las autoridades, debilitando los lazos que sostienen la convivencia urbana.
“Cuando la población siente que el Estado no la protege, busca soluciones individuales: contratar seguridad privada, mudarse o simplemente dejar de salir. Eso fragmenta a la sociedad y debilita la cohesión que toda democracia necesita”, añadió Meza.
Seguridad con inteligencia, no con miedo
La evidencia muestra que los estados de emergencia en Lima y Callao han tenido un efecto limitado y temporal sobre la criminalidad, pero un impacto profundo en la economía y la vida social.
REDES insiste en que el camino hacia una seguridad sostenible pasa por invertir en inteligencia, tecnología y justicia efectiva, en lugar de recurrir a medidas que solo postergan el problema.
“Enfrentar la inseguridad con continuidad y resultados es la única forma de recuperar el crecimiento y la confianza. No se trata solo de más control, sino de más estrategia”, concluyó Meza.
