El Consejo de Ministros ha aprobado un anteproyecto de ley diseñado para proteger la salud de los menores y fomentar un consumo responsable de alcohol. La iniciativa busca retrasar la edad de inicio en el consumo de alcohol y prevenir las consecuencias nocivas asociadas. Datos de una encuesta indican que el alcohol es la sustancia psicoactiva más consumida entre estudiantes de 14 a 18 años, lo que resalta la necesidad de esta legislación. La Ministra de Sanidad, Mónica García, enfatizó que no hay un consumo seguro de alcohol para los menores y que el objetivo del proyecto es cambiar la percepción cultural del consumo de alcohol a través de la educación y no mediante medidas punitivas.
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El anteproyecto establece propuestas en cinco áreas clave: familiar, educativo, sociosanitario, urbanístico y de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, imponiendo obligaciones a las administraciones públicas en diversas materias. En cuanto a la publicidad, se prohíbe cualquier forma de promoción de bebidas alcohólicas dirigida a menores, así como el uso de imágenes o voces de personas menores de 21 años o de adultos que puedan parecer menores. Adicionalmente, se limitan los términos y diseños asociados a la cultura juvenil en la publicidad de alcohol.
El anteproyecto también regula el emplazamiento de la publicidad, prohibiéndola en lugares donde se consuma alcohol y en la vía pública, aunque permitirá ciertos identificativos comerciales a una distancia de 200 metros de zonas frecuentadas por menores. Además, se establecen directrices sobre la exposición y venta de productos alcohólicos, limitando su acceso en establecimientos de autoservicio y prohibiendo su venta en lugares dedicados principalmente a menores. También se contempla la prohibición de consumo de alcohol en centros educativos y deportivos, y la obligación de implementar programas de concienciación para las familias.
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En términos de seguridad, la normativa permite a las fuerzas del orden realizar pruebas de alcoholemia en áreas donde el consumo de alcohol está prohibido y establece un sistema de sanciones que podría ser intercambiado por programas de sensibilización. Tras su aprobación, el texto pasará por un trámite de audiencia pública antes de regresar al Consejo de Ministros para su debate final y posterior tramitación parlamentaria.
