Uruguay modifica régimen de franquicias y aplica impuesto selectivo a compras web
El comercio electrónico internacional sigue marcando la agenda económica en Uruguay. Ante el crecimiento acelerado de las compras en plataformas extranjeras, el Gobierno anunció una serie de ajustes al régimen de franquicias y la implementación de un nuevo esquema impositivo que ha sido bautizado popularmente como el “impuesto a Temu”. La medida, comunicada por el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, busca equilibrar el mercado local y mejorar la recaudación fiscal en un contexto económico desafiante.
El cambio central consiste en mantener las tres franquicias anuales para compras digitales pero ampliar el tope total a 800 dólares, lo que introduce mayor flexibilidad para los usuarios. Sin embargo, las compras realizadas en plataformas fuera de Estados Unidos quedarán sujetas a un IVA del 22%, en un intento por equiparar las cargas tributarias entre productos importados y los comercializados por comercios nacionales.
La estructura de franquicias: lo que cambia y lo que permanece
Hasta ahora, el régimen permitía realizar hasta tres compras al año, cada una con un valor máximo de 200 dólares, lo que en total alcanzaba los 600 dólares anuales libres de impuestos específicos. El nuevo esquema mantiene el número de franquicias, pero eleva el límite total a 800 dólares.
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En la práctica, esto significa que un consumidor podrá distribuir ese monto como desee: en tres compras pequeñas, dos medianas o incluso en una sola adquisición de mayor valor. Este ajuste, calificado por Oddone como un “cambio técnico”, apunta a adaptar el sistema a los hábitos actuales de consumo digital, donde cada vez más usuarios optan por compras de mayor importe en una sola operación.
El “impuesto a Temu” y su alcance
El aspecto más novedoso de la reforma es la creación de un tributo específico, el llamado “impuesto a Temu”. El nombre no es casual: la plataforma china ha experimentado un crecimiento vertiginoso en la región y en Uruguay, ofreciendo precios muy bajos y envíos directos desde Asia. Su expansión encendió las alarmas del comercio local, que denunció competencia desleal frente a un régimen impositivo más laxo para las compras internacionales online.
El nuevo gravamen consiste en aplicar un IVA del 22% a las importaciones realizadas por esta vía, salvo cuando se trate de compras originadas en Estados Unidos. La excepción responde al Acuerdo Marco de Comercio e Inversión (TIFA) vigente entre ambos países, que impide aplicar este tipo de cargas adicionales en operaciones bilaterales.
Oddone explicó que la medida busca simplemente alinear las condiciones fiscales: “Aplica el 22% solamente a aquellas jurisdicciones donde estamos en condiciones de hacerlo. En principio, Estados Unidos queda excluido”.
Críticas y defensas: ¿un aumento de impuestos encubierto?
Uno de los cuestionamientos inmediatos fue si la introducción de este IVA equivale a un aumento de impuestos, contradiciendo la promesa electoral del presidente Yamandú Orsi de no subir la carga tributaria.
Al respecto, Oddone respondió que desde el inicio de la campaña electoral advirtió sobre la dificultad de realizar promesas firmes en materia impositiva. A su juicio, los cambios no constituyen un aumento generalizado de impuestos, sino un ajuste técnico para corregir distorsiones en el tratamiento de las importaciones digitales frente al comercio local.
El ministro también señaló que el contexto fiscal actual es muy diferente al que se proyectaba durante la campaña. Mientras que en ese momento se estimaba un déficit del 2,8% para 2025, la cifra real alcanzará el 4,2%. “Durante 2024 vivíamos en un espejismo fiscal”, afirmó Oddone, en referencia a proyecciones demasiado optimistas que ahora obligan a acelerar reformas para garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas.
El trasfondo económico: déficit y presión tributaria
La discusión sobre el régimen de franquicias y el “impuesto a Temu” no puede entenderse sin considerar el escenario macroeconómico. Uruguay enfrenta la necesidad de cerrar una brecha fiscal mayor a la prevista, lo que obliga al Gobierno a buscar nuevas fuentes de recaudación.
A diferencia de un aumento general de impuestos al consumo o la renta, que tendría efectos más amplios y sensibles, la aplicación de IVA a las compras digitales internacionales se percibe como un ajuste focalizado. De esta manera, el Ejecutivo busca mostrar que respeta, en lo posible, su promesa de no aumentar impuestos de manera generalizada, al tiempo que responde a las demandas de empresarios locales preocupados por la competencia externa.
No obstante, algunos economistas advierten que la medida podría reducir el atractivo de comprar en el exterior, lo que si bien protege al comercio local, también limita las opciones de los consumidores y podría generar tensiones en sectores de ingresos medios y bajos, que suelen recurrir a plataformas extranjeras por los precios más bajos.
Desde la perspectiva de los usuarios, los cambios generan una situación ambivalente. Por un lado, el aumento del tope anual a 800 dólares ofrece mayor libertad para realizar compras de mayor valor sin infringir el régimen. Esto resulta atractivo para quienes utilizan estas franquicias para adquirir productos electrónicos, indumentaria de marca o artículos específicos no disponibles en Uruguay.
Por otro lado, la aplicación del IVA del 22% a las compras fuera de Estados Unidos encarecerá directamente los productos, disminuyendo parte de la ventaja de precio que tenían frente a la oferta local. En consecuencia, los consumidores deberán hacer cálculos más cuidadosos antes de decidir si realmente les conviene realizar una compra en plataformas internacionales.
El comercio local, representado por cámaras empresariales, venía reclamando desde hace tiempo un cambio en el régimen. Su argumento central es que las compras por internet desde el exterior generaban una competencia desleal, ya que los comerciantes uruguayos deben cumplir con una serie de obligaciones fiscales y laborales que encarecen sus precios finales.
Con la nueva normativa, se introduce un marco más equitativo, aunque las diferencias de costos estructurales entre las plataformas globales y los negocios locales seguirán existiendo. Empresas como Temu y otras similares se benefician de cadenas logísticas altamente optimizadas y de un modelo de negocios basado en la economía de escala, difícil de replicar en un mercado pequeño como el uruguayo.
En ese sentido, si bien las cámaras empresariales consideran la medida adecuada, la califican como insuficiente para equilibrar totalmente la competencia.
El factor político
El anuncio también tiene un trasfondo político importante. El presidente Orsi había prometido en campaña evitar subas impositivas, pero la realidad fiscal obliga a tomar decisiones impopulares. Oddone intentó despegarse de la acusación de incumplimiento, recordando que siempre advirtió sobre los riesgos de hacer promesas firmes en esta materia.
El discurso del ministro refleja una estrategia de sinceramiento: reconocer que las cuentas fiscales son más delicadas de lo esperado y que el margen para postergar ajustes se agotó. El desafío será cómo comunicar estas medidas de manera que no erosionen la confianza de los votantes ni la credibilidad del Gobierno.
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Las modificaciones al régimen de franquicias y la introducción del “impuesto a Temu” marcan un nuevo capítulo en la regulación del comercio electrónico internacional en Uruguay. El aumento del tope anual a 800 dólares ofrece un beneficio a los consumidores, pero la aplicación del IVA del 22% encarece las compras en plataformas extranjeras, salvo en el caso de Estados Unidos por el acuerdo TIFA.
El Gobierno busca con esta medida un delicado equilibrio: proteger al comercio local, incrementar la recaudación fiscal y mantener cierta flexibilidad para los consumidores. Sin embargo, el trasfondo político y económico muestra que la verdadera motivación es la necesidad urgente de cerrar una brecha fiscal mayor a la prevista.
En este escenario, el éxito de la medida dependerá de su implementación práctica, del nivel de cumplimiento y de la capacidad del Gobierno para sostener el apoyo de empresarios y consumidores en medio de un contexto fiscal restrictivo.
