Uruguay moderniza acuerdo con Chile en Mercosur para impulsar exportaciones
La firma del 69º Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica Nº 35 (ACE 35) marca un nuevo capítulo en las relaciones comerciales entre Uruguay y Chile. Este instrumento, sellado en el marco del Mercosur, representa un avance significativo en la facilitación del comercio bilateral y regional, especialmente en sectores estratégicos como el automotriz y el lácteo.
Se trata de una modernización clave del régimen de origen que se aplica a los bienes intercambiados entre los Estados Parte del Mercosur y Chile. En otras palabras, se actualizan las reglas que determinan si un producto puede beneficiarse de los aranceles preferenciales contemplados en el acuerdo. Este tipo de reformas son esenciales para mantener vigente un acuerdo en un entorno económico cambiante y altamente competitivo.
Según lo informado por el Ministerio de Relaciones Exteriores uruguayo, el nuevo protocolo facilitará el comercio a través de reglas de origen más claras y adaptadas a las realidades productivas actuales. Las reglas de origen son el conjunto de criterios que definen cuándo un producto puede considerarse como originario de una determinada zona económica. Si bien pueden parecer un aspecto técnico, son fundamentales para que las empresas accedan a preferencias arancelarias.
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En el caso específico de Uruguay, esta actualización tendrá un impacto particularmente positivo en dos industrias de alta relevancia: la láctea y la automotriz. Ambas han mostrado un interés creciente en ampliar su presencia en mercados internacionales y el acceso facilitado a Chile podría convertirse en una palanca para lograrlo.
Chile, por su parte, representa un mercado estratégico para las exportaciones uruguayas. Es un país con altos niveles de ingreso per cápita, una economía abierta al comercio internacional y una infraestructura logística sólida. Además, no es miembro pleno del Mercosur, sino un Estado Asociado, lo cual hace que este tipo de acuerdos específicos sean fundamentales para mantener una relación fluida con el bloque.
El protocolo fue firmado durante la Presidencia Pro Témpore de Uruguay en el Mercosur, una función rotativa que el país asumió en julio de 2024 y entregó a Argentina en diciembre del mismo año. El liderazgo temporal de Uruguay fue clave para avanzar en este tipo de instrumentos, que requieren coordinación técnica y diplomática entre múltiples actores.
Durante ese mismo período, otro hecho de relevancia se produjo en el ámbito del bloque sudamericano: se cerró el texto final del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, tras casi 25 años de negociaciones. Si bien este acuerdo aún necesita ser ratificado por los parlamentos nacionales y enfrenta resistencias en algunos países europeos, su avance envía una señal positiva sobre la capacidad del Mercosur para integrarse en la economía global.
En este contexto, la firma del protocolo con Chile puede interpretarse también como parte de una estrategia más amplia de Uruguay para posicionarse como un país abierto al comercio y comprometido con la actualización de sus instrumentos internacionales.
Beneficios para las empresas y estímulo a la inversión
Uno de los aspectos más destacados del nuevo protocolo es que no solo simplifica el comercio, sino que también crea condiciones más predecibles para la inversión. Al modernizar las normas de origen, se reduce la incertidumbre regulatoria y se favorece la integración de cadenas de valor entre ambos países.
El canciller uruguayo, Mario Lubetkin, subrayó precisamente esta dimensión al momento de la firma, al expresar que la actualización del acuerdo podría estimular nuevas inversiones que fortalezcan el comercio bilateral. El comentario no es menor: en un contexto global donde las inversiones tienden a dirigirse hacia regiones con reglas claras y previsibles, este tipo de iniciativas resultan fundamentales.
Para que el protocolo comience a aplicarse de manera efectiva, tanto Uruguay como Chile deberán comunicar formalmente a la Secretaría General de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi) que han completado sus respectivos procesos internos de aprobación. Una vez que ambas partes lo hayan hecho, el protocolo entrará en vigor en un plazo de 60 días, lo cual podría concretarse en los próximos meses si los trámites nacionales avanzan sin demoras.
La Aladi, con sede en Montevideo, cumple un papel central en la arquitectura de los acuerdos regionales en América Latina. Es el organismo que administra los Acuerdos de Complementación Económica, entre otros instrumentos, y garantiza que las reglas pactadas se implementen adecuadamente.
Aunque se trata de un acuerdo bilateral entre Uruguay y Chile en el marco del Mercosur, su relevancia trasciende lo puramente comercial. Representa un ejemplo concreto de cómo los países sudamericanos pueden avanzar en la integración económica incluso sin la plena adhesión de todos los miembros del bloque a cada paso.
Este enfoque pragmático, que permite acuerdos flexibles en función de los intereses nacionales, ha sido defendido por Uruguay en diversos foros. En más de una ocasión, las autoridades uruguayas han manifestado su interés en avanzar hacia una mayor apertura comercial, incluso contemplando la posibilidad de acuerdos por fuera del bloque si no hay consenso interno.
No obstante, acuerdos como el suscrito con Chile demuestran que aún dentro del marco del Mercosur se pueden lograr avances sustantivos, especialmente si hay voluntad política y coordinación técnica entre las partes involucradas.
Pese al entusiasmo inicial, la implementación efectiva del protocolo requerirá atención constante. La adaptación de las empresas a las nuevas reglas de origen, la capacitación de funcionarios aduaneros y el monitoreo del cumplimiento de las disposiciones son tareas que no pueden descuidarse.
Además, se abren nuevas oportunidades para profundizar la relación comercial entre Uruguay y Chile más allá de este acuerdo. Por ejemplo, podría explorarse la cooperación en áreas como servicios, comercio digital, logística o sostenibilidad ambiental, donde ambos países tienen intereses comunes.
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La firma del 69º Protocolo Adicional al ACE 35 es una señal clara de que Uruguay está comprometido con el fortalecimiento de sus vínculos comerciales y con la modernización de los instrumentos de integración regional. En un momento en que el comercio internacional enfrenta crecientes tensiones, acuerdos como este son un recordatorio de que la cooperación sigue siendo una vía eficaz para el desarrollo.
La industria nacional, particularmente en sectores con fuerte vocación exportadora, encontrará en este acuerdo una oportunidad para diversificar mercados y consolidarse en uno de los países más estables y abiertos de América Latina.
