La mayoría de los uruguayos desconoce detalles de la actual ley de presupuesto nacional
A pesar de ser uno de los temas más relevantes dentro del calendario político y económico del país, una parte considerable de la población uruguaya desconoce los detalles —e incluso la existencia— del actual proyecto de Ley de Presupuesto. Un reciente relevamiento nacional arrojó que el 43% de los uruguayos no ha escuchado nada sobre esta normativa, y un 11% adicional no tiene una opinión formada al respecto. Estos datos evidencian una distancia notable entre la discusión parlamentaria y el interés ciudadano, un fenómeno que pone de manifiesto el desafío de comunicar políticas públicas de alta complejidad técnica a una sociedad que, en muchos casos, se mantiene ajena a los debates institucionales.
Una ley fundamental con bajo impacto en la opinión pública
El Presupuesto Nacional constituye una de las leyes más relevantes del quinquenio, dado que define las prioridades del gasto público y la distribución de los recursos estatales entre diferentes áreas como educación, salud, seguridad o infraestructura. No obstante, el estudio evidencia que, pese a su importancia estructural, la ciudadanía no percibe su relevancia inmediata.
Este desinterés generalizado puede explicarse, según el análisis del estudio, por la complejidad del tema y la dificultad de traducir los conceptos económicos y técnicos en información accesible para la población. En otras palabras, la mayoría de las personas no logra dimensionar qué parte del presupuesto está comprometida de antemano ni cómo los límites fiscales condicionan las políticas sociales.
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Aun así, entre quienes manifestaron tener conocimiento del tema, el 29% considera que los fondos asignados resultan insuficientes, mientras que un 5% estima que el gasto es excesivo y un 12% cree que el presupuesto es equilibrado. Es decir, incluso dentro del grupo informado, las percepciones se encuentran divididas, aunque prevalece la idea de que el Estado debería invertir más, sobre todo en servicios que impactan directamente en la calidad de vida de los ciudadanos.
Educación y acceso a la información: factores determinantes
Uno de los hallazgos más relevantes del estudio es la relación entre el nivel educativo y el grado de conocimiento sobre la Ley de Presupuesto. Entre los uruguayos con educación terciaria o universitaria, dos tercios tienen una opinión formada sobre el tema. En cambio, entre quienes poseen menor nivel educativo, solo una minoría logra expresar una postura definida.
Esta diferencia revela una brecha informativa y formativa que se traduce en desigualdad en la participación cívica. Si solo los sectores más instruidos comprenden el alcance de las decisiones presupuestarias, el debate público termina concentrándose en una minoría que no necesariamente representa la diversidad del país. La falta de comprensión o de acceso a información clara debilita el vínculo entre la ciudadanía y el Estado, limitando la capacidad de exigir rendición de cuentas o de participar en procesos de deliberación pública.
Jóvenes y adultos: distintas percepciones, mismo desinterés
La edad, en cambio, parece tener una incidencia más leve, aunque se destacan algunas diferencias. Entre los jóvenes menores de 30 años, menos de un tercio afirma tener una posición definida, lo que indica una menor conexión con los debates institucionales. Este dato puede interpretarse como una señal de desafección política o de desinterés por los temas económicos, pero también puede relacionarse con la falta de espacios educativos y mediáticos que promuevan la comprensión de estos asuntos.
En los grupos etarios medios y mayores, el conocimiento sobre el presupuesto aumenta, pero no se traduce necesariamente en una opinión sólida. Muchos adultos comprenden la importancia del tema, aunque reconocen no estar al tanto de los detalles. La complejidad del lenguaje técnico utilizado por los medios y los políticos parece actuar como una barrera para el seguimiento ciudadano.
Filiación política: diferencias leves y consenso en torno al gasto público
Otro aspecto interesante del relevamiento es la escasa polarización política en torno a la Ley de Presupuesto. A diferencia de lo que ocurre en otros países, donde la discusión presupuestal suele dividir radicalmente a oficialismo y oposición, en Uruguay predomina una visión moderada y bastante uniforme.
En todos los partidos, la mayoría de las personas consultadas no tiene una opinión clara sobre el tema. Sin embargo, entre quienes sí se pronunciaron, prevalece la idea de que el gasto es demasiado ajustado, es decir, que el Estado debería destinar más recursos a políticas sociales. Incluso dentro del electorado del Frente Amplio —tradicionalmente más conforme con la gestión presupuestal del gobierno— solo un 15% considera que el gasto propuesto es el adecuado.
Este consenso relativo sobre la necesidad de aumentar la inversión pública refleja una expectativa social extendida: la demanda de mayor presencia estatal en áreas sensibles como la seguridad, la educación y la salud. No obstante, también plantea el desafío de conciliar esas aspiraciones con la realidad fiscal, en un contexto donde los márgenes para aumentar el gasto son limitados.
La investigación pone en evidencia un fenómeno que trasciende este caso puntual: la distancia creciente entre la política institucional y la ciudadanía común. Mientras el Parlamento debate durante semanas la asignación de recursos, gran parte de la sociedad no percibe cómo estas decisiones impactan en su vida cotidiana.
La falta de interés ciudadano hacia temas económicos o legislativos complejos no es exclusiva de Uruguay, pero en un país con altos niveles de educación y estabilidad institucional resulta llamativa. Esto plantea la necesidad de repensar las estrategias de comunicación gubernamental para que la información llegue de manera clara, transparente y comprensible.
Si el presupuesto es la herramienta que define las prioridades nacionales, su desconocimiento implica también una forma de exclusión política. Sin comprensión, no hay participación; sin participación, las políticas corren el riesgo de perder legitimidad social.
La encuesta y su relevancia metodológica
El estudio fue realizado entre el 18 y el 28 de setiembre de 2025, mediante entrevistas telefónicas a 803 personas de todo el país. Aunque el número puede parecer limitado, el tamaño muestral es suficiente para obtener resultados representativos de la población uruguaya, con un margen de error habitual en este tipo de mediciones.
Más allá de las cifras puntuales, el relevamiento adquiere valor por poner sobre la mesa un problema estructural: la necesidad de acercar el debate presupuestario al ciudadano común. En un país con tradición democrática y altos niveles de institucionalidad, el reto no es solo legislar con eficiencia, sino también garantizar que la sociedad comprenda qué se decide, por qué y con qué recursos.
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Comprender el presupuesto no debería ser una tarea exclusiva de economistas o legisladores. Al contrario, una ciudadanía informada es un componente esencial de la transparencia y la rendición de cuentas. Promover la educación cívica y económica, incluir herramientas pedagógicas en los medios y generar espacios de participación pública podrían ser pasos fundamentales para acortar la brecha entre el Estado y la sociedad.
Si casi la mitad de los uruguayos no ha escuchado nada sobre la Ley de Presupuesto, no se trata solo de un problema de desinformación, sino de una oportunidad para repensar cómo se comunica la política pública en el siglo XXI. Un Estado transparente no es únicamente aquel que publica sus cifras, sino el que logra que la población las entienda, las cuestione y participe activamente en su definición.
