Industria textil uruguaya busca igualdad frente a tiendas internacionales
La Cámara Industrial de la Vestimenta (CIV) de Uruguay ha lanzado una señal de alerta sobre el futuro del sector textil nacional. La llegada de plataformas internacionales como Temu, combinada con una competencia cambiaria desfavorable frente a los países vecinos, ha desencadenado una situación que amenaza la sostenibilidad de miles de empleos. En respuesta, la CIV está exigiendo una serie de reformas urgentes, entre ellas, la modificación de las condiciones para participar en licitaciones públicas y la aplicación de tributos a las compras internacionales para frenar el avance de la competencia desleal.
El sector de la vestimenta en Uruguay da empleo directo a unas 7.300 personas, principalmente en tareas de producción. Sin embargo, el ecosistema es mucho más amplio. Al considerar las actividades vinculadas como la venta de insumos, el mantenimiento de maquinaria, el transporte y la comercialización, la cifra se eleva a unas 20.000 personas, según explicó el directivo de la CIV, Alfredo Barboza.
Este número no es menor si se tiene en cuenta que se trata de empleos de calidad, en muchos casos ocupados por mujeres y personas mayores de 40 años con experiencia en el rubro. Además, la industria nacional representa una fuente de ingreso clave en comunidades del interior del país donde la diversidad de oferta laboral es limitada.
El impacto de temu y las plataformas extranjeras
Una de las principales preocupaciones actuales del sector textil uruguayo es lo que se ha comenzado a denominar como el «efecto Temu». Esta plataforma de origen chino ha ganado popularidad a nivel mundial por ofrecer productos a precios muy bajos y con envío gratuito o a costos mínimos. De acuerdo con datos manejados por la CIV, el 22% de los productos que ingresan al país desde Temu corresponde a ropa.
Vea también: El impacto del efecto Temu en Uruguay podría rondar 200 millones
Para la industria nacional, esta competencia representa un duro golpe. “Fabricar en Uruguay no permite márgenes altos de ganancia”, advirtió Barboza, recordando que las empresas locales deben enfrentar costos laborales, fiscales y logísticos que no aplican a las plataformas extranjeras. Además, la situación se agrava por la diferencia cambiaria con Brasil —y anteriormente con Argentina—, que favorece las compras al exterior.
El modelo de negocio de Temu, basado en ventas directas desde China, evita muchas de las cargas impositivas locales. Como resultado, los productos pueden ofrecerse a precios muy por debajo de los que cualquier fabricante uruguayo podría igualar, incluso operando al mínimo de ganancia.
Una de las propuestas más claras de la CIV es establecer tributos a las compras realizadas mediante encomiendas internacionales. Actualmente, muchas de estas transacciones quedan exentas o tienen un tratamiento fiscal mucho más laxo que el exigido a los productores locales. Esto genera una competencia desleal, ya que mientras las empresas uruguayas pagan impuestos, cargas sociales y cumplen con normativas estrictas, sus competidores internacionales ingresan al mercado sin las mismas exigencias.
“No pedimos que los otros desaparezcan, pero sí que jueguen con las mismas reglas”, sostuvo Barboza. En ese sentido, una opción es que plataformas como Temu comiencen a tributar en Uruguay. La otra, según la cámara, es reducir la carga fiscal sobre la producción local para equilibrar el escenario.
Licitaciones públicas: Una oportunidad que requiere ajustes
Otro de los frentes en los que la CIV está trabajando es el acceso a las compras públicas del Estado. Actualmente, los llamados a licitación exigen requisitos difíciles de cumplir para la estructura actual de la industria. “Ya no existen esas grandes fábricas que podían entregar 10.000 prendas en 15 días”, explicó Barboza, en alusión a un modelo productivo que ha mutado hacia talleres más pequeños y especializados.
Por eso, desde la Cámara se propone ajustar los términos de las licitaciones para que contemplen esta nueva realidad. Esto implicaría, por ejemplo, dividir los grandes pedidos en lotes más manejables, otorgar plazos de entrega más flexibles y fomentar la participación de múltiples proveedores nacionales en lugar de centralizar la producción en una sola empresa.
Además, se busca que las compras públicas incluyan criterios de ponderación que valoren el impacto social y económico de optar por productos fabricados en el país. “La industria nacional no es más cara, la industria nacional es más trabajo”, subrayó el directivo de la CIV, en referencia a los beneficios indirectos que genera el consumo de productos locales.
En búsqueda de soluciones, la CIV ha iniciado una ronda de reuniones con legisladores y con el Ministerio de Industria, Energía y Minería. El objetivo es presentar propuestas viables que permitan fortalecer la industria textil nacional sin caer en medidas proteccionistas extremas.
Entre las ideas planteadas se destacan:
Establecer un régimen de fiscalidad especial para las pequeñas y medianas empresas del sector textil.
Crear campañas de concientización sobre la importancia de consumir productos fabricados en Uruguay.
Generar incentivos para la modernización tecnológica de los talleres nacionales.
Vea también: Vaporizadores en Uruguay: Normativa vigente, consumo actual y panorama del mercado local
Diseñar normativas que exijan transparencia a las plataformas de venta internacional en cuanto a origen de los productos, cumplimiento de estándares laborales y tributación.
Aunque el enfoque principal de la CIV está puesto en políticas públicas, también se destaca la responsabilidad del consumidor. Elegir productos nacionales no solo es un acto de patriotismo económico, sino también una forma concreta de sostener empleos, garantizar condiciones laborales dignas y reducir la huella de carbono que implica el transporte internacional de mercancías.
En tiempos en los que el precio suele ser el factor determinante, es importante recordar que un producto barato puede tener un costo social elevado. Por eso, la CIV apuesta a una estrategia de comunicación que promueva el consumo consciente y responsable.
A pesar de las dificultades, la industria de la vestimenta uruguaya ha demostrado una gran capacidad de adaptación. Muchos talleres han incorporado nuevos materiales, métodos de producción sustentables y diseños innovadores para mantenerse competitivos. Sin embargo, para garantizar su viabilidad a largo plazo, es necesario que las políticas públicas acompañen ese esfuerzo.
La CIV no plantea barreras al comercio ni pretende cerrar el país a las tendencias globales. Lo que busca es una igualdad de condiciones, una cancha nivelada donde los productores uruguayos puedan competir de forma justa, sin quedar rezagados frente a gigantes internacionales que operan con ventajas estructurales difíciles de igualar.
