Debate en Rocha por impuestos a compras en Temu y su impacto en pymes
El crecimiento del comercio electrónico global ha transformado los hábitos de consumo en Uruguay. Plataformas como Temu, que ofrecen productos a bajo costo con envíos internacionales, han generado una disrupción en el mercado local, despertando preocupación entre los pequeños y medianos comerciantes. Frente a esta realidad, el Centro Comercial e Industrial de Rocha (CCIR) se pronunció sobre la propuesta del gobierno de incluir en el proyecto de ley de Presupuesto un artículo que establece el cobro de un IVA del 22% en compras realizadas en plataformas extranjeras.
Si bien el planteo busca equilibrar la competencia entre comercios locales y ventas digitales internacionales, desde Rocha aseguran que esta medida, aunque positiva en parte, “no soluciona todo”. La discusión, por lo tanto, no se centra únicamente en los impuestos, sino en el rol que cumplen las pymes en el empleo y la economía nacional, y en cómo la política fiscal debe adaptarse a los desafíos del comercio digital globalizado.
Una medida en debate: el IVA del 22%
La iniciativa del Poder Ejecutivo apunta a gravar con el IVA vigente del 22% todas aquellas compras realizadas a través de plataformas extranjeras, como Temu, Shein, Amazon o Aliexpress. De aprobarse, la normativa impactará directamente en el consumidor, encareciendo los precios de productos que hasta ahora ingresaban al país con beneficios aduaneros o en condiciones más flexibles que las que enfrentan los comercios uruguayos.
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De acuerdo con el equipo económico, esta propuesta busca nivelar la cancha, ya que los productos que llegan desde el exterior no siempre soportan los mismos tributos, certificaciones o controles que se aplican a los importadores y comerciantes locales. Sin embargo, la medida también plantea excepciones: no se aplicaría a productos provenientes de Estados Unidos, dado que está vigente un acuerdo comercial que habilita un régimen diferencial.
La visión del centro comercial de Rocha
En un comunicado difundido en redes sociales y en declaraciones de su presidente, Fernando Miranda, el Centro Comercial e Industrial de Rocha apoyó la iniciativa del gobierno, aunque con matices. Según Miranda, el nuevo impuesto es un avance, pero no una solución definitiva a los problemas que enfrentan las pymes frente a la competencia de plataformas globales.
“Los comerciantes uruguayos somos tomadores de impuestos, no fijadores. No va a venir nadie de afuera a solucionarnos el empleo o las oportunidades de nuestros vecinos”, afirmó. En su mensaje, destacó que los tributos que pagan las pequeñas y medianas empresas son los que sostienen servicios básicos como educación, rutas y salud pública.
El dirigente también advirtió que muchos consumidores desconocen la carga impositiva que soportan las empresas nacionales: “El ciudadano común no tiene idea de todas las tasas, homologaciones y certificaciones que pagamos, lo que encarece cada producto que ofrecemos”.
Uno de los puntos más sensibles en este debate es el impacto en el empleo. Según Miranda, las pymes aportan alrededor del 65% del empleo total en Uruguay, superando incluso a las grandes superficies. Sectores como las jugueterías, zapaterías y tiendas de electrónica son los más afectados por la competencia de productos importados a bajo costo desde China y otras regiones.
El presidente del CCIR ilustró el problema con un ejemplo concreto: un producto que ingresa en contenedor desde Asia puede llegar a duplicar su valor original por el agregado de impuestos, certificaciones y costos logísticos. Frente a eso, un consumidor que adquiere el mismo producto vía Temu lo obtiene a un precio considerablemente más bajo, lo que genera una brecha difícil de superar para el comercio local.
“Estamos luchando por mantener los empleos de nuestros vecinos y familiares. El comerciante pequeño se encuentra agotado en su capacidad de sobrevivir ante esta competencia desleal”, subrayó Miranda.
Modificaciones en el régimen de franquicias
El proyecto del Ejecutivo también propone cambios en el régimen de franquicias aduaneras. Actualmente, los uruguayos pueden recibir hasta tres envíos por año, con un tope acumulado de 600 dólares exentos de impuestos. Con la nueva normativa, este límite se elevaría a 800 dólares, que podrán distribuirse entre uno y tres envíos.
Si bien a primera vista este cambio parece beneficiar al consumidor, en la práctica puede incentivar aún más el ingreso de productos por canales digitales internacionales, reforzando la presión sobre los comerciantes locales. No obstante, desde el equipo económico sostienen que este ajuste permitirá ordenar mejor las importaciones personales y evitar abusos en la fragmentación de envíos.
La encrucijada del comercio local
El debate sobre las compras en plataformas extranjeras refleja una encrucijada para el comercio uruguayo: por un lado, el consumidor busca precios más bajos y mayor variedad de productos; por otro, los comerciantes locales demandan reglas de juego equitativas para poder competir y sostener los empleos que generan.
Las pymes, que enfrentan costos estructurales altos y una carga impositiva considerable, son las que más sienten esta competencia. En muchos casos, su supervivencia depende de medidas estatales que regulen el flujo de productos importados y garanticen que el comercio digital global no destruya el tejido económico nacional.
El propio Miranda reconoció que el consumidor tiene un derecho legítimo a buscar mejores precios, pero advirtió que el Estado debe velar por el equilibrio. “El consumidor tiene un derecho que debemos cuidar, pero también debemos garantizar que nuestras empresas no queden en una situación insostenible”, señaló.
Este punto abre un debate más amplio: ¿cómo compatibilizar la defensa del poder adquisitivo de los hogares con la protección del empleo y el comercio interno? Una solución parcial como el IVA puede mitigar las diferencias, pero no resuelve las disparidades en certificaciones, tiempos de entrega, costos de logística y, sobre todo, en el poder de compra que tienen gigantes internacionales frente a pequeños comercios locales.
El caso de Temu y otras plataformas extranjeras obliga a Uruguay a repensar su estrategia de comercio digital. Si bien la medida fiscal apunta a corregir desigualdades inmediatas, a largo plazo será necesario implementar políticas más amplias, como incentivos para la digitalización de las pymes, mejoras en la logística interna, acuerdos comerciales equilibrados y campañas de educación al consumidor que visibilicen el impacto social de sus decisiones de compra.
De lo contrario, el riesgo es que cada vez más rubros locales se vean desplazados, erosionando el empleo y reduciendo la diversidad del comercio en las ciudades del interior y en los barrios de Montevideo.
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La discusión sobre el IVA a las compras en plataformas extranjeras como Temu es solo el inicio de un debate más profundo. El Centro Comercial e Industrial de Rocha, al respaldar la iniciativa con reservas, pone sobre la mesa una verdad incómoda: los impuestos ayudan, pero no solucionan todo.
El verdadero desafío está en encontrar un equilibrio entre el derecho del consumidor a acceder a productos más baratos y la necesidad de proteger a las pymes, que generan más de la mitad de los empleos en el país. En este escenario, la política fiscal debe ser parte de un plan integral para que Uruguay no quede atrapado entre las promesas del comercio global y la fragilidad de su tejido productivo local.
