La Ley N.° 31814, primera norma en el Perú que regula de forma integral el uso de la inteligencia artificial (IA), marca un punto de inflexión en la relación entre tecnología, empresas y derechos fundamentales. Su entrada en vigor abre un nuevo escenario para las organizaciones que ya han incorporado sistemas de IA en sus procesos internos, productos o modelos de negocio, y para aquellas que planean hacerlo en el corto y mediano plazo.
Más allá de establecer límites, esta ley busca promover el desarrollo económico y social del país mediante un uso responsable de la inteligencia artificial, alineado con estándares internacionales y con un fuerte énfasis en la protección de las personas.
Un marco normativo alineado con estándares internacionales
La Ley de inteligencia artificial en Perú se inspira en la regulación europea y adopta un enfoque basado en riesgos, un modelo que ha sido ampliamente discutido a nivel global como una forma de equilibrar innovación y protección de derechos. Este enfoque reconoce que no todos los usos de la IA implican el mismo nivel de impacto ni requieren el mismo grado de control.
Al establecer categorías diferenciadas, la normativa busca evitar una regulación excesivamente restrictiva que frene la innovación, sin dejar de proteger derechos fundamentales como la privacidad, la integridad personal, la seguridad de la información y la no discriminación.
Clasificación de riesgos: el eje central de la Ley
Uno de los elementos clave de la Ley N.° 31814 es la clasificación de los sistemas de inteligencia artificial según el nivel de riesgo que representan. De acuerdo con especialistas en la materia, este esquema permite a las empresas identificar con mayor claridad las obligaciones que deben cumplir.
Según explica Bruno Mejía, Líder de Competencia y Mercados de EY Law, el Reglamento establece tres grandes categorías de riesgo que las organizaciones deben considerar al evaluar el uso de IA en sus operaciones.
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Usos prohibidos: riesgos inaceptables
La primera categoría corresponde a los usos indebidos o prohibidos de la inteligencia artificial. Se trata de aplicaciones que generan un impacto irreversible y negativo sobre los derechos fundamentales de las personas.
Estos usos no son admisibles bajo ningún escenario, ya que pueden vulnerar principios básicos relacionados con la dignidad humana, la libertad individual o la igualdad ante la ley. Para las empresas, identificar este tipo de riesgos es fundamental, ya que su implementación puede generar sanciones severas y un daño reputacional significativo.
Sistemas de alto riesgo: admisibles bajo condiciones
La segunda categoría comprende los usos de alto riesgo, es decir, aquellos sistemas de IA que pueden afectar derechos como la vida, la salud, la integridad física o la seguridad, pero que pueden ser permitidos siempre que se cumplan condiciones estrictas.
En estos casos, la Ley de inteligencia artificial en Perú exige la adopción de controles específicos, evaluaciones de riesgo, medidas de mitigación y mecanismos de supervisión humana. El objetivo es reducir la probabilidad de impactos negativos y garantizar que las decisiones automatizadas no operen sin responsabilidad ni control.
Usos aceptables: bajo riesgo regulatorio
La tercera categoría agrupa los usos considerados aceptables, que incluyen todos aquellos sistemas de inteligencia artificial que no encajan en las categorías anteriores. Estos usos presentan un riesgo bajo o moderado y, por lo tanto, están sujetos a obligaciones menos exigentes.
No obstante, incluso en estos casos, la Ley promueve buenas prácticas relacionadas con la transparencia, la seguridad de la información y el respeto de los derechos de los usuarios.
Implicancias para las empresas peruanas
La entrada en vigor de esta normativa implica que las empresas deben adoptar un enfoque más estratégico frente a la inteligencia artificial. Ya no basta con implementar soluciones tecnológicas por razones de eficiencia o competitividad; ahora es necesario evaluar su impacto legal, ético y reputacional.
Entre las principales acciones que las organizaciones deben considerar se encuentra la identificación del tipo de riesgo asociado a cada sistema de IA que utilicen o planeen implementar. Este diagnóstico inicial es clave para definir las obligaciones aplicables y priorizar recursos.
Cumplimiento normativo y gobernanza interna
Otro aspecto central es asegurar el cumplimiento de las obligaciones que el Reglamento de la Ley N.° 31814 establece para el sector privado. Esto implica revisar contratos, políticas internas, procesos de toma de decisiones y mecanismos de control.
Las empresas deberán implementar políticas, protocolos y procedimientos internos claros que regulen el uso de la inteligencia artificial, estableciendo responsabilidades, criterios de evaluación y canales de supervisión.
Protección de datos y seguridad de la información
La Ley de inteligencia artificial en Perú refuerza la importancia de la protección de datos personales y la seguridad de la información. Dado que muchos sistemas de IA operan sobre grandes volúmenes de datos, las organizaciones deben garantizar que estos sean tratados de forma segura, lícita y transparente.
Asimismo, se vuelve indispensable proteger la propiedad intelectual, tanto de los desarrollos propios como de los insumos utilizados por los sistemas de inteligencia artificial, evitando usos indebidos o no autorizados.
Supervisión humana como principio clave
Uno de los principios más relevantes del nuevo marco regulatorio es la exigencia de supervisión humana efectiva sobre los sistemas de IA, especialmente aquellos clasificados como de alto riesgo.
Esto implica que las decisiones automatizadas no pueden operar de manera completamente autónoma cuando existe la posibilidad de afectar derechos fundamentales. Las empresas deberán asegurar que exista intervención humana capacitada para revisar, corregir o detener el funcionamiento de estos sistemas cuando sea necesario.
Un enfoque distinto al de otros países de la región
A diferencia de otras experiencias en Latinoamérica, la Ley N.° 31814 tiene un alcance nacional y transversal, es decir, no se limita a sectores específicos como el financiero, el sanitario o el tecnológico.
Según señala Bruno Mejía, en países donde ya se han aplicado regulaciones similares, la anticipación a las exigencias normativas ha permitido a las organizaciones reducir contingencias legales y reputacionales, además de facilitar una adaptación progresiva a marcos regulatorios más estrictos.
La importancia de anticiparse al plazo legal
Si bien el plazo formal para la adopción de muchas de estas medidas comienza en septiembre de 2026, los especialistas coinciden en que las empresas no deberían esperar hasta esa fecha para iniciar su proceso de adecuación.
Anticiparse permite realizar evaluaciones de riesgos con mayor profundidad, desarrollar manuales de uso y etiquetado de sistemas de IA, capacitar equipos internos y ajustar procesos sin la presión de los plazos regulatorios.
IA responsable como ventaja competitiva
Más allá del cumplimiento legal, prepararse para la aplicación de la Ley de inteligencia artificial en Perú puede convertirse en una decisión estratégica. Las empresas que adopten un enfoque responsable y transparente en el uso de la IA estarán mejor posicionadas para generar confianza entre clientes, socios y autoridades.
En un entorno cada vez más digital, la confianza se consolida como un activo clave para la competitividad y el crecimiento sostenible.
Educación, ética y desarrollo tecnológico
El marco normativo también refuerza la idea de que el desarrollo tecnológico debe ir acompañado de educación, ética y respeto por los derechos humanos. La inteligencia artificial, bien utilizada, puede convertirse en un motor de innovación y eficiencia, pero mal gestionada puede generar riesgos significativos.
Por ello, la formación de equipos multidisciplinarios y la incorporación de criterios éticos en la toma de decisiones tecnológicas serán elementos cada vez más relevantes.
Conclusión
La entrada en vigor de la Ley N.° 31814 marca el inicio de una nueva etapa para el uso de la inteligencia artificial en el Perú. Su enfoque basado en riesgos ofrece a las empresas un marco claro para innovar de manera responsable, protegiendo derechos fundamentales y reduciendo riesgos legales y reputacionales.
Prepararse desde hoy no solo responde a una obligación regulatoria, sino que representa una oportunidad estratégica para competir y crecer en un entorno donde la inteligencia artificial será cada vez más determinante para el desarrollo económico y social del país.
