La propuesta de un nuevo impuesto a las remesas enviadas desde Estados Unidos a México podría concretarse esta misma semana. Específicamente, el 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos, podría marcar el inicio de la aplicación de este gravamen. La cifra ha fluctuado en las últimas semanas, pasando de un inicial 5% a 3.5%, y ahora, en el último borrador del Senado estadounidense, se ha fijado en un 1%.
Este posible impuesto forma parte del plan fiscal de Donald Trump, denominado «One Big Beautiful», y es impulsado por el republicano Lindsey Graham, presidente del Comité de Presupuesto. De ser aprobado, este gravamen se aplicaría a diversas formas de envío de dinero, incluyendo efectivo, giros postales, cheques de caja y otros instrumentos financieros.
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Esta semana se define impuesto a las remesas
Para Carlos López Jones, analista financiero, la intención detrás de este impuesto va más allá de la simple recaudación. «Lo que están intentando no es solo recaudar recursos, sino que quieren identificar, por un lado, y por otra parte, dificultar a las redes ilegales que están moviendo dinero», explicó.
López Jones detalló que al exigir datos fiscales para los envíos, las autoridades podrían rastrear movimientos significativos. Por ejemplo, si una persona envía 30 remesas que suman 10 mil dólares al mes (120 mil dólares al año), el Departamento del Tesoro de EE. UU. o incluso el SAT en México podrían cuestionar el origen de ese dinero, lo que dificultaría la triangulación de envíos ilícitos.
El analista sugirió que podría haber un mecanismo para diferenciar a los receptores: «Supongo que quien recibe la remesa preguntará si es ciudadano, si lo es llenará un formato, si no lo es, pagará el impuesto». Además, añadió que, de forma evidente, las autoridades buscarían conocer la ubicación de los inmigrantes para mejorar sus «redadas y deportaciones», y así «cerrar el círculo a los narcos que lavan dinero de esa manera».
Un impacto «más modesto» pero existente
Janneth Quiroz, directora de análisis financiero de Monex, considera que la reducción del impuesto a un 1% lo hace «más factible en su incorporación». Aunque lo ideal sería que no existiera ningún gravamen (0%), un 1% «será una afectación más modesta a lo que preveíamos».
Quiroz subrayó que este monto podría ser compensado por las familias, tanto por quien envía la remesa como por quien la recibe. El emisor sería quien pague el impuesto al momento del envío, y el proveedor del servicio (como las empresas remesadoras) sería el encargado de recaudar este impuesto y entregarlo de forma trimestral al gobierno estadounidense.
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La posible implementación de este impuesto genera un debate sobre el equilibrio entre la necesidad de combatir actividades ilícitas y el impacto en las economías familiares que dependen de las remesas. ¿Crees que este nuevo gravamen realmente limitará el lavado de dinero sin afectar desproporcionadamente a los migrantes?
