Cómo Ingresos Brutos impacta en el precio de los alimentos en Argentina
Argentina enfrenta desde hace décadas un problema estructural en su esquema tributario: la persistencia del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB), una carga fiscal provincial que, aunque fue pensada como transitoria en la década de 1970, se consolidó como una de las principales fuentes de recaudación para las jurisdicciones. Hoy, este gravamen representa el 4,1% del Producto Bruto Interno (PBI), casi el doble que hace veinte años, y constituye un factor clave en la formación de precios, en especial de los alimentos.
Lo más llamativo es que ningún otro país en el mundo aplica un tributo de estas características: plurifásico, acumulativo y sin posibilidad de compensación entre etapas productivas. Ese diseño lo convierte en un impuesto particularmente distorsivo, con efectos negativos sobre la competitividad, las exportaciones y la capacidad de inversión de las empresas.
Un impuesto que nació “provisorio” y se volvió permanente
El antecedente del IIBB se encuentra en el Impuesto a las Actividades Lucrativas, vigente entre 1930 y 1940 en todas las provincias. En 1970 se formalizó su reemplazo bajo la denominación actual, con el supuesto objetivo de ser un recurso temporal. La historia, sin embargo, mostró lo contrario: lejos de eliminarse, se expandió hasta convertirse en la columna vertebral de la recaudación provincial.
Vea también: Consumo argentino 2025: Un mapa económico con claros ganadores y grandes perdedores
Hoy, para la mayoría de las provincias argentinas, el IIBB representa en promedio el 82% de sus ingresos propios. Esto explica por qué, pese a los múltiples compromisos de reducirlo o eliminarlo, siempre se mantuvo vigente: sin este impuesto, las arcas provinciales quedarían severamente desfinanciadas.
¿Por qué es considerado tan distorsivo?
A diferencia del IVA, que permite descontar créditos fiscales en cada etapa de la producción, Ingresos Brutos se aplica en todas las fases de la cadena productiva sin posibilidad de compensación. Esto genera un efecto acumulativo o “en cascada”: el impuesto se suma al valor en cada eslabón, encareciendo el precio final al consumidor.
Ese mecanismo hace que productos básicos como alimentos, bebidas o artículos de higiene incorporen dentro de su precio una proporción significativa del tributo. Según estimaciones oficiales, en la canasta de alimentos y bebidas no alcohólicas, Ingresos Brutos tiene una incidencia cercana al 7,7% del precio, ubicándose como el tercer impuesto más relevante después del IVA y las cargas sociales.
Además:
Se aplica aun cuando la empresa venda a pérdida, ya que no considera la capacidad contributiva.
No discrimina entre sectores dinámicos y actividades en crisis, afectando la competitividad de todos por igual.
Existen diferentes alícuotas para una misma actividad según la provincia, lo que complica la operatoria de empresas con presencia en varias jurisdicciones.
Los regímenes de retención y percepción generan acumulación de saldos a favor difíciles de recuperar, fenómeno conocido como “helado en la mano”: esos créditos pierden valor con la inflación y se transforman en un impuesto encubierto.
En síntesis, se trata de un gravamen que desalienta la inversión, encarece las exportaciones —porque los costos acumulados no se recuperan— y genera inseguridad jurídica debido a la multiplicidad de interpretaciones y normativas provinciales.
Promesas de reforma incumplidas
La historia reciente está llena de intentos frustrados por reducir el peso de Ingresos Brutos.
Pacto Fiscal II (1993): establecía que las provincias debían eximir la etapa industrial para mejorar la competitividad. El cumplimiento fue parcial: se eximió solo a la producción destinada a consumo dentro de la misma provincia, lo que desnaturalizó el objetivo original.
Consenso Fiscal (2017): retomó la idea de bajar alícuotas gradualmente hasta 2022, en especial para sectores productivos. Sin embargo, el acuerdo careció de mecanismos de sanción y las provincias rápidamente dejaron de cumplirlo.
Revisión de 2021: lejos de retomar la senda de reducción, habilitó a las provincias a mantener o incluso aumentar las alícuotas dentro de topes más flexibles. En la práctica, fue un retroceso.
El resultado es que Ingresos Brutos no solo no se redujo, sino que en varios casos aumentó. En 2025, provincias como Santa Fe, Neuquén, Chubut y Río Negro subieron alícuotas; Jujuy eliminó las más bajas para ventas minoristas; y Buenos Aires no actualizó escalas, forzando a muchas pymes a tributar en tramos superiores.
La presión sobre el PBI y los alimentos
Los números muestran con claridad la creciente relevancia de este impuesto:
En 2004 representaba el 2,4% del PBI.
En 2024 ascendió al 4,1% del PBI, un salto significativo considerando que otros tributos mantuvieron niveles estables en ese período.
En 2024, la recaudación por IIBB de provincias y CABA alcanzó los 23 billones de pesos.
Su peso en los alimentos es aún más preocupante: casi 8% del valor final que paga un consumidor en góndola corresponde a este impuesto. Lo paradójico es que la mayoría de los compradores no sabe que lo está pagando, porque no se detalla en los tickets de compra.
El impuesto invisible
Una de las razones por las que IIBB ha sobrevivido tanto tiempo es su invisibilidad. A diferencia del IVA, que aparece discriminado en cada factura, Ingresos Brutos se traslada al precio sin ser identificado.
El Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor establece que se deben detallar los impuestos nacionales indirectos, pero deja librada a las provincias la decisión de incluir el IIBB. Hasta ahora, solo Córdoba y Chubut avanzaron en esa dirección, mientras que el resto de las jurisdicciones mantienen el esquema opaco.
Este ocultamiento juega a favor de los gobiernos provinciales, ya que la falta de visibilidad reduce el nivel de cuestionamiento social. En cambio, si el consumidor supiera que un 7% del precio de su changuito corresponde a Ingresos Brutos, probablemente habría más presión para reformar el sistema.
Impacto en la competitividad y las exportaciones
Más allá del bolsillo del consumidor, el efecto sobre la economía es estructural. El carácter acumulativo del impuesto implica que los bienes exportables llevan “incorporado” un costo adicional que no puede recuperarse. En la práctica, Argentina termina exportando impuestos, lo que resta competitividad frente a países donde los tributos indirectos son recuperables.
Esto afecta especialmente a las economías regionales y a las pymes industriales, que enfrentan mayores dificultades para colocar sus productos en mercados internacionales. El resultado es una menor generación de divisas y de empleo de calidad.
La paradoja de la recaudación
Las provincias se aferran a este impuesto porque les garantiza una fuente inmediata y estable de recursos. Pero al hacerlo, sacrifican crecimiento futuro:
Desincentivan la inversión productiva.
Encaren el consumo interno.
Erosionan las exportaciones.
El dilema es complejo: eliminar o reducir IIBB sin una compensación significaría un golpe fuerte a las finanzas provinciales. Por eso, cualquier reforma debería estar acompañada de un replanteo integral del esquema de coparticipación y la creación de tributos alternativos que no generen tantas distorsiones.
Vea también: Ventas en supermercados bonaerenses registran mínimos históricos en una década
El Impuesto sobre los Ingresos Brutos sintetiza las contradicciones de la política fiscal argentina: nació como una solución transitoria, se transformó en pilar de la recaudación provincial y hoy es uno de los factores que más afectan la competitividad, la inversión y el precio de los alimentos.
Mientras siga representando más del 4% del PBI y casi 8% del precio de la comida, el país continuará enfrentando un obstáculo para su desarrollo. El desafío no es menor: requiere voluntad política, coordinación entre Nación y provincias y, sobre todo, la construcción de un sistema tributario más equitativo y eficiente.
Hasta que eso ocurra, los consumidores seguirán pagando un impuesto que no ven, pero que impacta todos los días en el costo de vida.
