En Chile, las pequeñas y medianas empresas representan el 98,4% del total de compañías, constituyendo el alma económica del país y una fuente vital de empleos y oportunidades. Sin embargo, a pesar de su importancia, estas empresas enfrentan un entorno cada vez más hostil debido a una carga regulatoria desproporcionada, inseguridad jurídica y una legislación que, en muchos casos, parece diseñada para favorecer a un reducido grupo del 2% de grandes empresas o multinacionales.
Para profundizar en este tema, invito a leer el artículo completo de @Pilar Lamana, que analiza en detalle la problemática que enfrentan las PYMEs en Chile y propone soluciones para un entorno más justo y competitivo. Puedes leer el artículo original aquí.
Recientemente, la historia de la panadería Los Tatas, impulsada por cuatro adultos mayores en diciembre de 2021 y que finalmente tuvo que cerrar sus puertas, ejemplifica de manera clara estas dificultades. La “pesadilla de permisos” que enfrentaron en Vitacura, titulada por la Multigremial Nacional, refleja una problemática sistémica que impide el crecimiento y la sostenibilidad de muchas pequeñas empresas en Chile. La historia no es aislada; es el reflejo de un escenario que requiere urgente revisión.
La carga regulatoria que ahoga a las pequeñas y medianas empresas
El caso de Los Tatas no es un único relato. En muchas PYMEs, las exigencias normativas – desde requisitos sanitarios hasta permisos municipales – se vuelven obstáculos casi insalvables. Por ejemplo, exigir baños separados para hombres y mujeres en un local manejado por apenas dos personas parece una medida desproporcionada e imposible de cumplir en la práctica, generando costos y trámites en extremo innecesarios. Protocolos, permisos y equipos especializados, que en grandes empresas son asumibles, se vuelven una carga que puede acabar con el sueño de quienes buscan crear sus propios negocios.
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Este tipo de exigencias normativas, muchas veces diseñadas bajo estándares de “clase mundial”, olvidan algo fundamental: no todas las empresas parten del mismo lugar. Para una pyme, cumplir con estos requerimientos puede representar una inversión que supera varias veces su presupuesto total, poniendo en duda su viabilidad y, en muchos casos, terminando en cierre definitivo.
Inseguridad jurídica: un peligro constante para los emprendedores
El entorno jurídico en Chile también presenta graves fallas. Los tribunales laborales parecen tener una presunción automática de culpabilidad para los empleadores, lo que lleva a procesos largos, costosos y desgastantes. Casos como robos, licencias médicas fraudulentas o incluso auto despidos se convierten en disputas interminables, donde el empleador frecuentemente termina pagando indemnizaciones, a pesar de tener pruebas concluyentes en su favor.
Además, el Estado impone la denuncia obligatoria en ciertos casos, como las licencias falsas, pero muchas de estas denuncias no prosperan, quedando en el olvido o en los despachos del COMPIN y la SUSESO, sin que exista un impacto real. Esto desmotiva a los empresarios y genera un ambiente de inseguridad jurídica que desalienta la inversión y la formalización de nuevos negocios.
Legislación que agrava la situación
El lanzamiento de nuevas leyes, como la reducción de la jornada laboral a 42 horas, la Ley Karin, la obligatoriedad de tener comités paritarios o la prohibición de que un trabajador cumpla más de una función en determinados negocios, agravan aún más la situación. La verdad es que estas regulaciones, en negocios con equipos mínimos, representan un esfuerzo desproporcionado y muchas veces inviable para las PYMEs, que no tienen los recursos ni las redes de apoyo necesarias para cumplir con estas normativas.
La consecuencia directa de este entorno legal es la pérdida de negocios valiosos, oportunidades de empleo y crecimiento. La dificultad para mantener una operación en reglas no solo frena la creación de nuevas empresas, sino que también amenaza la supervivencia de aquellas que logran mantenerse a flote.
La importancia de adaptar las políticas públicas a la realidad de las PYMEs
Para avanzar como país, es fundamental que las políticas públicas, las leyes y las regulaciones reconozcan y se ajusten a la realidad de las pequeñas y medianas empresas. No se trata de eliminar normativas sino de diseñarlas de manera que sean aplicables y razonables para toda la diversidad empresarial. Esto implica simplificación de trámites, menores requisitos en permisos, y mecanismos eficientes de fiscalización que no perjudiquen a quienes están en el inicio o en etapas tempranas de su crecimiento.
De no hacerlo, seguiremos perdiendo talento, empleo y oportunidades de desarrollo. La historia de Los Tatas y muchos otros emprendimientos similares nos recuerda que la burocracia y la inseguridad jurídica matan a las pequeñas empresas, que son el motor del crecimiento económico y la innovación en Chile.
El relato de una panadería cerrada por una “pesadilla de permisos” es solo la punta del iceberg de un problema mucho más profundo. Chile necesita un cambio urgente en cómo crea y aplica sus normativas para las PYMEs. Sin un entorno más amigable, más claro y más justo, el país arriesga su crecimiento, su diversidad empresarial y la calidad de vida de sus ciudadanos.
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Porque si se apoya a las pequeñas y medianas empresas, se está fortaleciendo el propio país. La economía, la generación de empleo y la innovación prosperan en un ecosistema donde las pequeñas empresas puedan crecer y prosperar sin obstáculos innecesarios. La política y la legislación deben reflejar esa realidad, priorizando el apoyo y la simplificación para que emprender siga siendo una oportunidad, no un riesgo insostenible.
