Colombia se enfrenta a una coyuntura compleja en su sector textil y de confección. En un contexto en el que la producción nacional ha mostrado debilidad frente a la demanda interna y externa, el gobierno propone una medida de corto plazo para reactivar la cadena productiva: la eliminación de aranceles sobre hilos, telas y cueros durante un periodo de dos años. Esta iniciativa pretende reducir costos de producción y, con ello, aumentar la competitividad de la confección colombiana frente a importaciones que, actualmente, llegan con un arancel del 10%. La lógica subyacente es clara: si las materias primas y los insumos clave que sostiene la industria interna pueden obtenerse sin gravámenes, las empresas locales podrían reducir precios, ampliar su oferta y crear condiciones más favorables para la inversión, incluso con miras a una mayor exportación.
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Desde el punto de vista económico, la medida busca atacar una limitante estructural de la confección nacional: la dependencia de insumos importados. Las cifras citadas en el debate indican que Colombia apenas produce el 5% de los hilos que demanda la industria, lo que implica que el 95% restante se importa a un costo adicional por arancel del 10%. Esta realidad genera una carga de costos significativos y una vulnerabilidad ante fluctuaciones de precios y de tipo de cambio. El argumento del sector público es que, al eliminar temporalmente estos aranceles para subpartidas específicas de hilados, telas y cueros, se puede aliviar la estructura de costos y permitir la recuperación de volúmenes de producción, empleo y actividad económica en zonas donde la confección representa un motor relevante. En términos de política industrial, se trata de una intervención selectiva que busca favorecer una fase inicial de reactivación y luego, cuando la capacidad productiva local esté suficientemente instalada, permitir que la demanda adicional pueda cubrirse con importaciones sin gravamen, con límites para evitar distorsiones y competencia desleal.
En el plano productivo, la tensión entre empleo, producción y competitividad aparece de forma contundente. El presidente de la Cámara Colombiana de la Confección, Guillermo Criado, apunta a un argumento pragmático: la hilatura, si bien es un eslabón necesario, emplea una proporción pequeña del empleo total de la cadena en Colombia (alrededor del 1%). Por ello, sostiene que no conviene sacrificar la seguridad del empleo de millones de trabajadores para proteger un segmento marginal de la cadena de valor. Esta visión subraya la necesidad de equilibrar objetivos: proteger el empleo directo e indirecto en la confección y, al mismo tiempo, evitar distorsiones que desincentiven la producción nacional de hilos y fibras que, si bien de menor peso relativo ahora, podría crecer con incentivos adecuados.
Por otro lado, la posición de la Confederación Colombiana del Algodón (Conalgodón) advierte que la eliminación de aranceles podría desincentivar la siembra de algodón y, en consecuencia, debilitar la capacidad de suministro nacional a medio plazo. El argumento se centra en la rentabilidad de la siembra y en la necesidad de preservar una base productiva agroindustrial que, si se desincentiva, podría traducirse en pérdidas de ingresos para agricultores y en mayores vulnerabilidades ante shocks de oferta externa. En esta lectura, la medida podría generar efectos contrarios a la reactivación agrícola, afectando la seguridad alimentaria, la diversificación de la economía y la resiliencia de la cadena textil al combinarse con shocks climáticos, variaciones de precios internacionales y fluctuaciones en la demanda global.
El debate entre ministerios y actores sectoriales —Comercio Exterior, Agricultura y, en ocasiones, Hacienda— revela también una tensión con matices sobre la dirección futura de la política industrial. El Ministerio de Comercio argumenta que la protección temporal de la industria nacional mediante la eliminación de aranceles podría servir como un puente para normalizar la oferta interna, de modo que, una vez establecida la capacidad productiva local, la demanda remanente pueda cubrirse sin aranceles, con límites que eviten la competencia desleal y la entrada de productos que no cumplan con normativas o estándares de calidad. Esta visión se alinea con modelos de desarrollo industrial que buscan combinar medidas de apoyo transitorio con reglas de juego claras para evitar depender de subsidios indefinidos o de distorsiones en precios que afecten a consumidores y a sectores conexos.
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Sin embargo, la propuesta no ha alcanzado un consenso claro. El sector agrícola ve con preocupación que la reducción o eliminación de aranceles podría debilitar significativamente la viabilidad de la producción de algodón en Colombia. César Pardo, presidente de Conalgodón, ha insistido en que la situación del algodón es crítica y que la desaparición del mercado interno sería una consecuencia directa de una liberalización prematura de insumos estratégicos. En su lectura, la medida podría traducirse en pérdidas de ingresos de hasta un 13% para los agricultores, con efectos de largo alcance sobre la ocupación rural, el desarrollo regional y la seguridad alimentaria asociada al cultivo del algodón. Este argumento enfatiza la necesidad de preservar una capacidad productiva local sólida y resiliente antes de abrir completamente la puerta a importaciones sin aranceles. La dinámica de importaciones en el primer semestre del 2025 aporta un contexto empírico relevante para evaluar la pertinencia de la propuesta. Las cifras señalan un incremento significativo en las importaciones de algodón, con cerca de 79.235 toneladas y un valor cercano a los 300,67 millones de dólares, un aumento interanual del 16,5%.
