Uruguay prorroga evaluación de compra de Marfrig por minerva dos meses
La operación de concentración económica en la industria frigorífica uruguaya entre Minerva Foods y Marfrig Global Foods, dos de los mayores actores del sector cárnico de América del Sur, sigue en suspenso. La Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia (Coprodec) del Ministerio de Economía y Finanzas de Uruguay decidió extender por 60 días el plazo para emitir una resolución definitiva sobre esta importante transacción.
La medida fue adoptada con base en la necesidad de realizar un análisis más exhaustivo del posible impacto que la operación tendría sobre la competencia en los mercados uruguayos. Esta prórroga, sustentada en “razones de buena administración”, también busca habilitar una mayor participación de terceros interesados en el proceso, lo cual podría incidir en el resultado final de la evaluación.
Una operación compleja con múltiples actores
La transacción contempla la compra por parte de Minerva del 100 % de las acciones de tres plantas frigoríficas propiedad de Marfrig en Uruguay: Establecimientos Colonia S.A. (Colonia), Inaler S.A. (San José) y Prescott International S.A. (Salto). Sin embargo, la operación no se limita a esta adquisición directa. Simultáneamente, se prevé que Minerva venda la planta de Colonia al grupo indio Allana Magellan, y se compromete a enajenar la planta de San José a un tercero no especificado en un plazo máximo de 24 meses desde el cierre de la operación.
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Este diseño implica una triangulación empresarial que va más allá de una compra directa y ha generado preocupaciones tanto en el ámbito económico como político. No solo se está evaluando una concentración de poder empresarial en el sector cárnico, sino también la redistribución de activos productivos hacia empresas internacionales que podrían modificar el actual equilibrio del mercado.
La industria frigorífica es estratégica para Uruguay, no solo por su peso económico —es uno de los principales rubros exportadores del país—, sino también por su impacto en el empleo, las cadenas productivas y la soberanía alimentaria. Por eso, la Coprodec se ha tomado este asunto con la máxima seriedad.
Según el organismo, es imprescindible “profundizar el análisis de impacto de la operación que se proyecta” antes de adoptar una decisión definitiva. En ese marco, la comisión solicitó información técnica adicional a una serie de entidades clave del ecosistema agroindustrial uruguayo.
Entre los organismos convocados a aportar datos y opiniones se encuentran el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), el Instituto Nacional de Carnes (INAC), la Dirección Nacional de Aduanas, así como organizaciones representativas del sector privado como la Asociación Rural del Uruguay (ARU), la Federación Rural, la Asociación de Consignatarios de Ganado, la Unión de Vendedores de Carne, y también la Liga Uruguaya de Defensa del Consumidor.
El llamado a estas instituciones responde a la necesidad de entender no solo el impacto en el mercado exportador, sino también en los precios internos, el acceso a productos cárnicos, la concentración de poder de compra sobre el ganado y los efectos sobre los pequeños y medianos productores.
Antecedentes: una compra que encendió alertas regionales
Esta no es la primera vez que la expansión de Minerva genera controversia. En 2023, el mismo grupo brasileño —uno de los mayores exportadores de carne bovina del mundo— anunció la compra de 11 plantas frigoríficas a Marfrig en Argentina, Brasil, Uruguay y Chile por un monto superior a los 1.500 millones de dólares. Esa operación también encendió alarmas en diversos organismos de defensa de la competencia en los países involucrados.
En Uruguay, la autoridad nacional debe evaluar si esta operación en particular contraviene o no las leyes de competencia, considerando que Minerva ya opera otras plantas en el país y que su participación de mercado podría alcanzar niveles dominantes.
Además del análisis técnico y económico, otro punto central es el impacto en el empleo y las economías locales donde operan estas plantas frigoríficas. Municipios como Colonia, San José y Salto dependen en gran medida de estas instalaciones para generar empleo directo e indirecto, por lo que cualquier cambio en la propiedad o modelo de gestión puede tener consecuencias significativas.
La venta a terceros, como el caso de Allana Magellan, abre interrogantes sobre el futuro de la producción, el cumplimiento de normativas laborales y las políticas de inversión. Aunque el grupo indio tiene antecedentes de actividad en el sector cárnico, su desembarco en Uruguay aún está envuelto en incertidumbre.
Necesidad de participación ciudadana y transparencia
Una de las claves que Coprodec esgrime para justificar la prórroga es garantizar una mayor transparencia y permitir que terceros interesados puedan presentar alegaciones o comentarios sobre la operación proyectada. Esto incluye a consumidores, trabajadores del sector, cámaras empresariales y organizaciones sociales.
Este mecanismo es fundamental para que la resolución no se tome únicamente en función de criterios técnicos o económicos, sino también en base a una evaluación integral del interés público. La experiencia demuestra que la concentración económica puede tener efectos regresivos si no se establecen reglas claras que aseguren la competencia leal y la protección del consumidor.
La compra propuesta por Minerva podría consolidar aún más la posición dominante de un grupo que ya controla una parte significativa del procesamiento de carne en la región. Por eso, el gobierno uruguayo tiene por delante una decisión estratégica que no solo afecta al presente, sino también al futuro del modelo agroexportador del país.
Una resolución precipitada o sin una mirada integral podría debilitar la capacidad del Estado para garantizar un mercado transparente, competitivo y justo para todos los actores de la cadena cárnica.
En ese sentido, la prórroga concedida por Coprodec no solo parece prudente, sino también necesaria. El plazo adicional no implica necesariamente una oposición a la operación, pero sí un reconocimiento de su complejidad y sensibilidad económica.
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Durante los próximos 60 días, todos los ojos estarán puestos en los informes que entreguen los organismos convocados, así como en las posibles manifestaciones de actores de la sociedad civil y del propio sector empresarial. Solo entonces se conocerá si Uruguay autoriza la operación tal como está planteada, si exige condiciones adicionales o si, en última instancia, rechaza la transacción.
Lo que está claro es que este proceso marcará un precedente clave para futuras operaciones empresariales en sectores estratégicos del país. La forma en que se gestione este expediente podría reforzar la confianza en las instituciones uruguayas o generar dudas sobre su capacidad para equilibrar inversión y competencia.
