Uruguay impulsa mayor acceso a alimentos sin gluten para celíacos mediante nuevos proyectos legislativos
Garantizar una alimentación segura para las personas con enfermedad celíaca continúa siendo un desafío en numerosos países, incluso cuando la oferta de productos libres de gluten ha crecido durante los últimos años. En Uruguay, dos proyectos de ley buscan avanzar en esa dirección mediante nuevas obligaciones para hoteles, supermercados y grandes comercios, con el propósito de mejorar la disponibilidad y el acceso a alimentos aptos para quienes deben seguir una dieta estrictamente libre de gluten. Estas iniciativas aún se encuentran en etapa legislativa y deberán ser debatidas antes de una eventual aprobación.
Las propuestas fueron presentadas en el Parlamento con un objetivo común: reducir las dificultades que enfrentan diariamente miles de personas celíacas al momento de viajar, hospedarse o realizar sus compras. Aunque existen productos certificados en el mercado, muchas veces su disponibilidad es limitada, su ubicación dentro de los establecimientos no es clara o las alternativas resultan insuficientes, especialmente fuera de las principales ciudades.
Uno de los proyectos está orientado al sector turístico. La iniciativa establece que hoteles, apart-hoteles, hosterías, moteles, posadas y otros alojamientos que ofrezcan desayuno deberán disponer de un menú básico compuesto por alimentos libres de gluten. La propuesta no exige que los establecimientos elaboren estos productos en cocinas independientes, sino que puedan ofrecer opciones industriales certificadas y correctamente envasadas, reduciendo así las barreras operativas para su implementación.
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Esta diferencia resulta relevante desde el punto de vista empresarial. La construcción de cocinas exclusivas para evitar la contaminación cruzada implicaría inversiones significativas para muchos establecimientos, especialmente los de menor tamaño. En cambio, permitir el uso de productos certificados elaborados por terceros facilita el cumplimiento de la norma y amplía la posibilidad de ofrecer un desayuno seguro a los huéspedes celíacos sin generar costos excesivos.
El proyecto también pone énfasis en la capacitación del personal. La manipulación adecuada de los alimentos representa uno de los aspectos más importantes para prevenir la contaminación cruzada, ya que incluso pequeñas cantidades de gluten pueden provocar consecuencias para quienes padecen esta enfermedad. Por ello, además de disponer de productos aptos, los trabajadores deberían conocer los procedimientos necesarios para conservar su inocuidad.
La segunda iniciativa apunta al comercio minorista. En este caso, la propuesta establece que supermercados, hipermercados y cadenas de establecimientos de determinadas dimensiones mantengan una oferta mínima de productos certificados libres de gluten, incluyendo harinas, premezclas, panificados, pastas, lácteos, snacks, rebozadores y otros alimentos de consumo habitual. Además, dichos productos deberían exhibirse en góndolas claramente identificadas y separadas del resto para facilitar su localización y disminuir el riesgo de contaminación.
Más allá de mejorar la experiencia de compra, esta medida también podría contribuir a aumentar la competencia entre fabricantes y distribuidores. Una mayor presencia de productos sin gluten en los puntos de venta podría incentivar la incorporación de nuevas marcas, ampliar la variedad disponible y, eventualmente, favorecer una reducción de precios en un segmento donde los alimentos especializados suelen tener costos superiores a los productos convencionales.
Desde una perspectiva sanitaria, las propuestas responden a una necesidad concreta. La enfermedad celíaca es un trastorno autoinmune cuyo único tratamiento eficaz consiste en mantener una alimentación completamente libre de gluten durante toda la vida. No existe medicación que sustituya esa dieta, por lo que la disponibilidad de alimentos seguros constituye un elemento fundamental para preservar la salud y la calidad de vida de quienes conviven con esta condición.
Las iniciativas también contemplan mecanismos de control. De acuerdo con los proyectos, el Ministerio de Salud Pública trabajaría junto con otros organismos competentes para supervisar el cumplimiento de las disposiciones. En caso de aprobarse, podrían aplicarse advertencias, sanciones económicas e incluso restricciones administrativas frente a incumplimientos reiterados, dependiendo del tipo de establecimiento y de la gravedad de las infracciones.
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Desde el punto de vista económico, el impacto podría extenderse más allá del sector alimentario. El turismo accesible representa una tendencia creciente a nivel internacional, y disponer de servicios adaptados para personas con necesidades alimentarias específicas puede convertirse en un factor diferenciador para hoteles y destinos turísticos. Del mismo modo, una mejor organización de la oferta en supermercados incrementaría la comodidad de los consumidores y fortalecería la confianza en los comercios.
Aunque los proyectos todavía deben atravesar el proceso parlamentario antes de convertirse en ley, reflejan una evolución en las políticas de inclusión alimentaria. Su aprobación implicaría un paso importante para facilitar el acceso a alimentos seguros, promover mejores prácticas comerciales y responder a una necesidad de salud pública que afecta a miles de personas. En un contexto donde la accesibilidad y la atención a las necesidades de distintos grupos de consumidores adquieren cada vez mayor relevancia, estas iniciativas buscan combinar protección sanitaria, desarrollo del mercado y mayor calidad en los servicios ofrecidos.
Fuente: Montevideo
