Uruguay apuesta por reducir la dependencia del dólar y fortalecer el peso
El gobierno uruguayo se prepara para avanzar en una de las discusiones más sensibles de su política económica: la elevada dolarización que caracteriza al país desde hace décadas. Con un paquete de medidas previsto para 2026, las autoridades buscan reforzar el uso del peso uruguayo, impulsar el desarrollo de un mercado de capitales en moneda local y reducir los riesgos que implica una economía fuertemente atada al dólar estadounidense.
La estrategia es liderada por el Banco Central del Uruguay (BCU), bajo la conducción de Guillermo Tolosa, y cuenta con el respaldo del nuevo gobierno encabezado por Yamandú Orsi. El objetivo no es eliminar el uso del dólar de forma abrupta, sino generar incentivos graduales para que hogares, empresas y el propio Estado utilicen con mayor frecuencia la moneda nacional en sus transacciones, ahorros y decisiones de financiamiento.
Un problema estructural de larga data
Uruguay es uno de los países más dolarizados de América Latina. Más de dos tercios de los depósitos bancarios se encuentran denominados en dólares, una proporción que refleja hábitos profundamente arraigados en la sociedad. Esta preferencia no es casual ni reciente: se consolidó durante la segunda mitad del siglo XX, en contextos de alta inflación, devaluaciones recurrentes y pérdida de poder adquisitivo del peso.
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A diferencia de otros países de la región, la dolarización en Uruguay no se limita al ahorro. Los cajeros automáticos permiten retirar tanto pesos como dólares, y las transacciones de mayor valor —como la compra de viviendas, automóviles o tierras— suelen fijarse directamente en moneda estadounidense. Esta práctica, aunque aporta una sensación de estabilidad individual, introduce rigideces y vulnerabilidades a nivel macroeconómico.
Los costos de una economía dolarizada
Desde la óptica de las autoridades, el alto grado de dolarización genera múltiples efectos adversos. En primer lugar, limita la efectividad de la política monetaria, ya que una parte significativa del sistema financiero opera en una moneda que el Banco Central no emite ni controla. Esto reduce el margen de maniobra ante shocks externos y episodios de volatilidad internacional.
En segundo término, la dolarización encarece el crédito. Los préstamos en dólares suelen tener condiciones distintas a los otorgados en moneda local, y exponen tanto a empresas como a familias a riesgos cambiarios que no siempre están alineados con sus ingresos. Un hogar que gana en pesos pero se endeuda en dólares queda vulnerable ante cualquier movimiento brusco del tipo de cambio.
Además, la dolarización restringe el desarrollo de un mercado de capitales profundo en moneda nacional, algo clave para canalizar el ahorro interno hacia la inversión productiva y para reducir el costo de financiamiento del propio Estado.
El plan que se encuentra en elaboración apunta a modificar incentivos más que a imponer prohibiciones. Entre las medidas previstas figura un aumento en los requisitos de capital que los bancos deberán cumplir al otorgar créditos en dólares. Este cambio busca encarecer relativamente ese tipo de préstamos y desalentar su uso cuando no esté justificado por ingresos en la misma moneda.
En paralelo, se analiza la eliminación o reducción de los niveles de encaje para determinados depósitos en pesos. Al liberar recursos inmovilizados, se incentiva a las entidades financieras a ampliar la oferta de crédito en moneda local, mejorando las condiciones para empresas y consumidores.
Otro punto relevante es la obligación de que los precios que se publican en dólares también se expresen en pesos. Esta medida apunta a reforzar el rol del peso como unidad de cuenta y a generar mayor transparencia para los consumidores, que muchas veces internalizan el dólar como referencia casi automática.
Un cambio cultural, no solo técnico
Más allá de los instrumentos regulatorios, el desafío central es cultural. Convencer a una sociedad acostumbrada a refugiarse en el dólar de que el peso puede ser una alternativa confiable no es una tarea sencilla. Implica reconstruir confianza, algo que solo se logra con estabilidad macroeconómica sostenida, baja inflación y reglas claras en el tiempo.
Desde el Banco Central se reconoce que el proceso será largo y gradual. La dolarización no se revierte por decreto, sino mediante señales consistentes que demuestren que mantener ahorros y realizar transacciones en moneda local no implica una pérdida de valor ni un riesgo excesivo.
En este sentido, el discurso oficial apunta a marcar una nueva etapa. La idea de “crecer” como economía pasa por asumir mayores grados de madurez financiera y reducir la dependencia de una moneda extranjera como mecanismo defensivo.
La iniciativa uruguaya adquiere mayor relevancia cuando se la observa en clave regional. Mientras Uruguay busca fortalecer su moneda y reducir el uso del dólar, otros países del Cono Sur avanzan en la dirección opuesta. En Argentina, por ejemplo, el debate público gira en torno a una mayor liberalización del uso de monedas extranjeras, incluso para el pago de salarios.
Este contraste refleja realidades macroeconómicas muy distintas. Uruguay parte de una situación de estabilidad relativa, con inflación controlada y credibilidad institucional, lo que le permite plantear una agenda de desdolarización gradual. En contextos más frágiles, la dolarización suele verse como una tabla de salvación frente a la pérdida de valor de la moneda local.
Impacto en empresas, consumidores y Estado
Si las medidas logran implementarse de forma coordinada, el impacto podría sentirse en distintos niveles. Para las empresas, un mercado de crédito en pesos más profundo y líquido reduciría la exposición cambiaria y facilitaría la planificación de inversiones de largo plazo.
Para los hogares, el acceso a financiamiento en moneda local disminuiría riesgos financieros y permitiría una mejor alineación entre ingresos y deudas. Además, una mayor presencia del peso en la vida cotidiana podría contribuir a cambiar hábitos de consumo y ahorro.
En el plano fiscal, el Estado también se beneficiaría de un mercado de deuda en pesos más desarrollado, con menor dependencia de financiamiento en dólares y menor vulnerabilidad ante movimientos del tipo de cambio.
Un proceso con riesgos y condiciones
El camino hacia una economía menos dolarizada no está exento de riesgos. Si la confianza en el peso no se consolida, los incentivos podrían resultar insuficientes o incluso contraproducentes. Por eso, las medidas monetarias y regulatorias deberán ir acompañadas de una política fiscal prudente y de un compromiso firme con la estabilidad de precios.
La credibilidad será el activo más importante. Sin ella, cualquier intento de modificar comportamientos financieros profundamente arraigados corre el riesgo de fracasar.
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La estrategia de desdolarización que Uruguay proyecta para 2026 no busca resultados inmediatos ni espectaculares. Se trata de una apuesta de largo plazo, orientada a fortalecer la soberanía monetaria, reducir vulnerabilidades y sentar las bases para un crecimiento más equilibrado.
En un país donde el dólar forma parte del ADN económico y cultural, el desafío es enorme. Sin embargo, el contexto actual ofrece una oportunidad: con estabilidad macroeconómica, instituciones sólidas y un sistema financiero desarrollado, Uruguay cuenta con condiciones que otros países de la región no tienen para intentar este giro estratégico.
El éxito dependerá de la consistencia de las políticas y de la capacidad del Estado para generar confianza sostenida en su moneda. Solo entonces el peso podrá recuperar protagonismo y dejar de ser, para muchos, una moneda de paso frente al refugio del dólar.
Fuente: Bae Negocios
