Una regulación que avanza sin apuro: Uruguay ajusta su marco para los alquileres turísticos sin impacto fiscal
El mercado de los alquileres turísticos en Uruguay atraviesa una fase de transición marcada por un crecimiento sostenido, nuevas dinámicas impulsadas por plataformas digitales y un debate público que reclama reglas claras para todos los actores. En este contexto, la autoridad de aplicación informó que la normativa que regulará formalmente esta actividad aún se encuentra en proceso de ajuste y no será implementada durante la temporada estival. La aclaración también disipó uno de los principales temores de propietarios y operadores: la reglamentación no traerá aparejado ningún nuevo impuesto.
La confirmación representa un mensaje de tranquilidad para quienes ofrecen sus propiedades como alojamiento temporal, especialmente en la antesala de los meses de mayor demanda, cuando el turismo de sol y playa concentra la actividad económica de gran parte de la costa uruguaya. Sin embargo, también confirma que el país avanza hacia un modelo regulatorio más estructurado, que buscará ordenar un sector que creció de forma acelerada en los últimos años sin un marco uniforme.
Un marco legal que aún necesita ajustes
La ley que establece las bases para regular los alquileres turísticos definió los principios generales, pero su implementación efectiva depende del decreto reglamentario que aún se encuentra en revisión. Las autoridades han insistido en que el texto definitivo se ajusta mediante un proceso de consulta que involucra tanto a representantes de la hotelería tradicional como a operadores vinculados al alquiler de viviendas particulares.
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Esta instancia de diálogo ha sido clave para definir con precisión qué tipo de actividad quedará formalmente dentro de la categoría de alquiler turístico y qué prácticas quedarán excluidas. Una de las principales precisiones aportadas por el Ministerio es que la regulación abarca exclusivamente a quienes alquilen por menos de 120 días corridos y ofrezcan servicios complementarios asociados al hospedaje, como limpieza periódica o provisión de ropa de cama.
Por tanto, quienes alquilan su propiedad esporádicamente durante el verano, sin añadir servicios adicionales, no estarán obligados a integrarse al nuevo régimen. Esta distinción fue diseñada para evitar que prácticas domésticas o familiares —muy frecuentes en balnearios como Punta del Este, La Paloma o Piriápolis— queden sujetas a exigencias que no se corresponden con su naturaleza.
Un sector en evolución que exige reglas claras
El crecimiento de las plataformas digitales transformó de forma profunda la oferta de alojamiento. La posibilidad de acceder a apartamentos, casas o monoambientes a través de aplicaciones cambió las preferencias de los viajeros y abrió oportunidades para miles de propietarios que encontraron en esta modalidad una nueva fuente de ingresos.
Sin embargo, este fenómeno también generó reclamos dentro del sector hotelero tradicional, que plantea que las plataformas operan bajo condiciones regulatorias distintas y, en algunos casos, menos exigentes. Para los hoteles, la ausencia de un registro oficial dificulta la competencia leal, ya que quienes brindan servicios sin controles pueden ofrecer precios más bajos o eludir requisitos de seguridad, información de huéspedes o estándares mínimos de calidad.
En este sentido, la reglamentación persigue un objetivo central: equilibrar las condiciones entre las distintas modalidades de alojamiento para garantizar que todas operen bajo un marco común. No se trata, según las autoridades, de limitar la actividad, sino de asegurar que se desarrolle de manera ordenada, transparente y con responsabilidades claras.
El registro único: el corazón del nuevo sistema
Uno de los puntos más relevantes del futuro decreto es la creación de un registro obligatorio para todas las viviendas que sean utilizadas con fines turísticos. A cada inmueble se le asignará un número identificatorio público, lo que permitirá conformar una base de datos oficial con información estandarizada.
Este paso es fundamental por varias razones:
Ordena un sector hasta ahora atomizado, donde la información depende exclusivamente de cada plataforma.
Brinda garantías a los usuarios, que podrán verificar si la propiedad que desean alquilar opera dentro del marco legal.
Establece responsabilidades claras para propietarios, gestores y plataformas.
Facilita el control de aspectos vinculados a seguridad, capacidad de hospedaje y cumplimiento de obligaciones no fiscales.
Adicionalmente, las plataformas que comercializan alojamientos deberán registrarse ante el Ministerio y adecuarse al sistema en un plazo máximo de 180 días. Este requisito permitirá que aquellas aplicaciones que operan en el país solo publiquen inmuebles que estén inscriptos, reduciendo el margen de informalidad.
Este modelo se inspira en regulaciones ya implementadas en varios países europeos y también en experiencias regionales recientes. Aunque cada jurisdicción aplica su propio enfoque, la tendencia global apunta hacia una mayor formalización del alquiler turístico como parte de la economía digital.
Más trasparencia sin nuevas cargas impositivas
Una de las preocupaciones más extendidas entre los propietarios de viviendas era la posibilidad de que la reglamentación introdujera tributos adicionales o rediseñara la estructura fiscal del sector. La autoridad de Turismo fue enfática: el decreto no incluirá ningún impuesto nuevo ni cambios en la carga tributaria actual.
Esto significa que la regulación tendrá un carácter principalmente administrativo y operativo, centrado en el registro, la transparencia y la ordenación del mercado. La lógica detrás de esta postura es que el sistema busca nivelar las reglas entre operadores, no aumentar los costos de quienes brindan alojamiento.
Además, el registro permitirá disponer de una radiografía más precisa del sector, algo que hasta ahora no era posible. Con datos oficiales y verificables, la toma de decisiones públicas —ya sea en materia de infraestructura turística, seguridad, capacidad locativa o promoción— puede volverse más eficiente.
Un proceso participativo y una implementación gradual
El Ministerio ha señalado que la elaboración del decreto ha sido acompañada por instancias de consulta con distintos actores de la cadena turística. Este proceso participativo busca asegurar que la regulación sea realista, escalonada y aplicable a la diversidad de modelos de alquiler existentes.
La puesta en marcha será gradual. Primero se consolidará el registro, luego se avanzará en la integración de plataformas y, más adelante, se incorporarán otras obligaciones vinculadas a estándares de servicio o reporte de información. Esta gradualidad permitirá a los propietarios familiarizarse con los requisitos y adaptarse sin afectar la actividad.
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Se espera que, una vez aprobado, el decreto marque un antes y un después en la profesionalización del sector. La experiencia internacional muestra que, cuando existe un marco regulatorio transparente, tanto propietarios como turistas se benefician: crecen las reservas, mejora la reputación del destino y se reducen los problemas vinculados a informalidad o competencia desleal.
Equilibrio entre libertad económica y responsabilidad
La regulación de los alquileres turísticos implica un delicado equilibrio entre la libertad de los propietarios para disponer de sus inmuebles y la necesidad del Estado de garantizar un entorno competitivo y seguro. La intención de las autoridades no es limitar la oferta ni imponer cargas excesivas, sino ordenar un ecosistema que seguirá en expansión.
Uruguay busca así alinearse con las mejores prácticas internacionales y fortalecer la calidad de su oferta turística, un componente clave de su economía. La temporada que comienza transcurrirá sin cambios regulatorios, pero dejará el terreno preparado para que, en el futuro próximo, el sector ingrese en una etapa de mayor formalización.
Fuente: Ámbito
