Nueva propuesta salarial del gobierno uruguayo genera tensiones y debates
El anuncio del Poder Ejecutivo sobre los lineamientos salariales para la 11ª ronda de negociación colectiva ha reavivado el debate sobre el equilibrio entre el crecimiento de los salarios, la estabilidad macroeconómica y el empleo. Con un esquema dividido en tres franjas de ingresos y metas diferenciadas de aumento, la propuesta gubernamental se presenta como una hoja de ruta para los próximos dos años, abarcando a más de 745.000 trabajadores del sector privado. Sin embargo, no ha estado exenta de críticas por parte de empresarios y analistas económicos, que cuestionan su impacto en la productividad y la sostenibilidad del empleo.
La estructura diseñada por el gobierno propone aumentos salariales escalonados según el nivel de ingresos. En la primera franja se ubican quienes perciben hasta $38.950 nominales. Para este grupo, se contempla un incremento del 6,9% en el primer año y del 6,3% en el segundo. Esta franja representa el 30% de los asalariados y está orientada a los sectores más vulnerables.
El segundo tramo, que abarca salarios desde $38.951 hasta $165.228, involucra al 64% de los trabajadores. Sus aumentos serán de 5,8% en el primer año y 5,1% en el segundo. Por último, la franja superior, que incluye remuneraciones por encima de los $165.229 y abarca al 6% de los asalariados, tendrá ajustes del 4,5% y 4,4%, respectivamente.
Vea también: Deloitte Uruguay reafirma su compromiso con la equidad de género laboral
Desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el ministro Juan Castillo destacó que esta diferenciación responde a una lógica de justicia distributiva. La intención, afirmó, es priorizar el empleo formal y elevar el poder adquisitivo de quienes ganan menos. Castillo también indicó que se busca cerrar los acuerdos en un plazo de 90 días y abordar luego la retroactividad salarial, un aspecto que suele ser foco de tensión entre empresas y trabajadores.
Equilibrio entre inflación, empleo y poder de compra
El subsecretario de Economía y Finanzas, Martín Vallcorba, subrayó que la propuesta está alineada con el objetivo de mantener una inflación baja y estable, una meta fijada por el Banco Central en torno al 4,5%. A su vez, precisó que el aumento del salario real acumulado para el período sería del 4,2% en la primera franja, del 2% en la segunda y de un promedio ponderado de 2,3% para el total de trabajadores considerados.
Este enfoque busca sostener el poder de compra sin poner en riesgo los avances logrados en el control inflacionario. Sin embargo, desde el sector empresarial y algunos centros de análisis económico surgen cuestionamientos sobre la viabilidad de estos incrementos, especialmente en los sectores de baja productividad o con alta informalidad.
Desde la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, su representante Juan Mailhos expresó incertidumbre respecto a algunos aspectos técnicos de la propuesta, como la definición exacta de “salario nominal”, el mecanismo de aplicación de los correctivos y la flexibilidad ante las distintas realidades empresariales.
Mailhos alertó sobre lo que considera una fórmula «demasiado homogénea» para un tejido empresarial muy diverso. “No sabemos si estamos lejos de lo que esperábamos, pero nos preocupa cómo se aplicará esta propuesta en empresas de diferentes tamaños”, manifestó. Para las pequeñas y medianas empresas, los incrementos podrían significar una carga difícil de asumir, sobre todo en un contexto económico todavía desafiante.
Propuestas no salariales: equidad y bienestar laboral
Además de las medidas estrictamente económicas, el gobierno presentó una serie de propuestas complementarias que apuntan a mejorar la calidad del empleo desde una perspectiva social e inclusiva. Una de las iniciativas más destacadas es la incorporación de cláusulas que promuevan la igualdad de oportunidades, la no discriminación en el acceso y ascenso laboral, y la valoración de los puestos sin sesgos de género.
Asimismo, se propone la creación de ambientes de trabajo saludables, con especial atención a la salud mental, y se plantea una articulación con el Sistema Nacional Integrado de Cuidados para fomentar licencias especiales y horas remuneradas para tareas de cuidado, considerando el ciclo de vida de los trabajadores.
Estas propuestas reflejan una visión más amplia del mercado laboral, que no se limita al salario como único eje de negociación, sino que aboga por entornos laborales más equitativos, inclusivos y sostenibles.
Crítica del CED: riesgos para el empleo menos calificado
El Centro de Estudios de Desarrollo (CED) no tardó en publicar su análisis sobre los lineamientos salariales del gobierno. En su informe, el organismo expresó preocupación por los posibles efectos negativos sobre el empleo, particularmente en el segmento de trabajadores de menor calificación.
Según el CED, entre 2015 y 2019 se registró una pérdida significativa de empleos justamente en los sectores con menor productividad. A su juicio, un aumento real en los salarios de este grupo —como el que se propone en la primera franja— podría encarecer sus costos laborales y desincentivar su contratación, afectando negativamente al empleo en los sectores más vulnerables de la economía.
Desde esta óptica, se recomienda actuar con prudencia al aplicar incrementos en la franja inferior, privilegiando una recuperación salarial gradual que no ponga en riesgo el empleo formal.
¿Puede sostenerse el objetivo redistributivo?
El debate que se abre en torno a los lineamientos para la negociación colectiva pone sobre la mesa la clásica tensión entre equidad y eficiencia. Si bien la intención de mejorar el salario real de los trabajadores con menores ingresos es loable y necesaria, el contexto económico exige un enfoque realista que considere la capacidad de las empresas para absorber dichos aumentos.
Además, la heterogeneidad del mercado laboral —no solo en términos salariales, sino también en cuanto a formalidad, productividad y estructura empresarial— obliga a pensar en fórmulas más flexibles que las propuestas. De lo contrario, se corre el riesgo de generar distorsiones que terminen afectando al mismo grupo que se busca proteger.
Negociación colectiva: un instrumento clave en debate
Uruguay se ha destacado históricamente por su sistema de negociación colectiva tripartito, en el que gobierno, trabajadores y empresarios acuerdan las condiciones salariales. Este modelo ha permitido avances importantes en materia de derechos laborales y ha sido valorado internacionalmente.
No obstante, su éxito depende de la capacidad de adaptación frente a nuevas realidades. Las actuales circunstancias económicas, marcadas por la necesidad de consolidar el crecimiento, mantener baja la inflación y evitar un retroceso del empleo, imponen la necesidad de repensar algunas reglas de juego.
La nueva ronda de negociación colectiva será una prueba clave para calibrar este equilibrio. Si las partes logran construir acuerdos que atiendan tanto las demandas de los trabajadores como las posibilidades reales de los empleadores, el proceso podría consolidar un modelo laboral moderno, equitativo y resiliente.
Vea también: Uruguay inaugura el primer No18 de América Latina en Ciudad Vieja
La propuesta del gobierno uruguayo para la 11ª ronda de Consejos de Salarios representa un intento por avanzar en la mejora del poder adquisitivo de los trabajadores, sin desalinearse de los objetivos macroeconómicos. Sin embargo, los reparos de los empresarios y los análisis críticos como el del CED muestran que el desafío no está únicamente en definir porcentajes, sino en construir acuerdos sostenibles y adaptados a la realidad productiva del país.
El tiempo apremia: las mesas de negociación ya comenzaron a moverse y se espera que en un plazo no mayor a 90 días se logren los acuerdos necesarios. El resultado de este proceso no solo determinará el rumbo de los salarios, sino también la salud del mercado laboral y la capacidad de Uruguay para continuar en un sendero de crecimiento con inclusión.
