Ley de Presupuesto introduce cambios tributarios y jurídicos de gran impacto
El Poder Ejecutivo de Uruguay presentó ante el Parlamento, el 31 de agosto de 2025, el proyecto de Ley de Presupuesto Nacional que incorpora ajustes sustanciales tanto en materia tributaria como en aspectos jurídicos. Se trata de un documento clave que, además de definir la política fiscal para los próximos años, incorpora disposiciones alineadas con los estándares internacionales y responde a necesidades internas de recaudación y control.
De acuerdo con un informe elaborado por la consultora KPMG, estas modificaciones no solo buscan modernizar el sistema impositivo uruguayo, sino también reforzar la supervisión sobre las actividades económicas y establecer nuevas instituciones regulatorias en el ámbito de la salud. Sin embargo, varias de las medidas propuestas han despertado críticas, especialmente en lo referente a la privacidad financiera y a la constitucionalidad de ciertos mecanismos.
A continuación, se presenta un análisis de los principales cambios introducidos en el proyecto.
Modificaciones tributarias
1. Régimen de compras internacionales y el llamado “impuesto a Temu”
El crecimiento del comercio electrónico internacional llevó al gobierno a replantear las reglas de juego. El proyecto eleva a US$ 800 anuales el límite de compras internacionales con franquicia, permitiendo a los consumidores utilizar hasta tres franquicias por año.
Sin embargo, estas adquisiciones ahora estarán sujetas al pago de IVA sobre el valor de la factura o sobre la declaración de valor de la mercadería. Esta medida, coloquialmente denominada “impuesto a Temu” por el auge de la plataforma china, apunta a equilibrar la competencia entre comercios locales y compras digitales en el exterior.
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En la práctica, el cambio busca aumentar la recaudación y mitigar la fuga de consumo hacia portales internacionales, aunque es probable que genere resistencia entre consumidores que ven en estas compras una alternativa más económica frente a los precios internos.
2. Creación del Impuesto Mínimo Complementario Doméstico (IMCD)
Uno de los puntos más trascendentes del proyecto es la introducción del Impuesto Mínimo Complementario Doméstico (IMCD), inspirado en la iniciativa de la OCDE sobre un impuesto mínimo global.
Este gravamen se aplicará a multinacionales con ingresos superiores a US$ 750 millones anuales, garantizando una tributación mínima del 15%. El cálculo se realiza sobre la base de la tasa efectiva: si los impuestos pagados en Uruguay no alcanzan ese porcentaje, el IMCD se aplicará sobre la diferencia.
El impacto será especialmente relevante en sectores que hoy gozan de beneficios fiscales, como las zonas francas, la industria del software y las inversiones promovidas por la Comap. Aunque estas exoneraciones no desaparecen, su efecto práctico se reduce, ya que el nuevo impuesto actúa como un complemento que asegura la tributación mínima.
El gobierno estima que este mecanismo permitirá recaudar entre US$ 350 y 500 millones adicionales, consolidando las finanzas públicas y alineando al país con los estándares internacionales. No obstante, especialistas advierten que podría disminuir la competitividad de Uruguay como destino de inversiones, al reducir los incentivos fiscales que históricamente han atraído capital extranjero.
3. Levantamiento del secreto bancario para la DGI
El proyecto otorga a la Dirección General Impositiva (DGI) la facultad de solicitar, a través del Banco Central del Uruguay (BCU), información detallada de cuentas, productos y operaciones financieras de personas y empresas.
Este cambio implica que las entidades financieras quedarán relevadas del secreto bancario y de cualquier otra obligación de confidencialidad frente a la DGI. En caso de incumplimiento, los bancos y otras instituciones podrán ser sancionados con multas que llegan hasta mil veces el valor máximo de las contravenciones vigentes.
La medida, si bien fortalece la lucha contra la evasión fiscal, ha generado cuestionamientos sobre su constitucionalidad, ya que elimina la intervención judicial que actualmente se requiere para levantar el secreto bancario. El senador nacionalista Javier García, por ejemplo, calificó la iniciativa como una “violación del derecho a la privacidad”.
4. Facultades de la Aduana en materia bancaria
El texto también amplía las competencias de la Dirección Nacional de Aduanas, otorgándole la posibilidad de solicitar judicialmente el levantamiento del secreto bancario en casos de denuncias penales por contrabando o defraudación aduanera. Esta medida complementa el refuerzo de las potestades fiscales y apunta a combatir delitos vinculados al comercio exterior.
Modificaciones jurídicas
1. Nuevas facultades para la Inspección General de Trabajo
En el terreno laboral, el proyecto amplía las atribuciones de la Inspección General de Trabajo y Seguridad Social del Ministerio de Trabajo. A partir de esta ley, los inspectores podrán interrogar a personas involucradas en investigaciones relacionadas con denuncias por acoso, discriminación o violación de la libertad sindical, sin importar el procedimiento formal utilizado.
Esta modificación rompe con el esquema actual de la Ley Nº 19.854, que restringía las entrevistas a situaciones derivadas de diligencias inspectivas. En la práctica, se otorga mayor flexibilidad al organismo para actuar en defensa de los derechos laborales, aunque también se abren debates sobre posibles excesos en el ejercicio de estas nuevas facultades.
2. Creación de la Agencia de Vigilancia Sanitaria del Uruguay (Avisu)
Otro de los cambios destacados es la creación de la Agencia de Vigilancia Sanitaria del Uruguay (Avisu), un organismo que funcionará bajo la supervisión del Ministerio de Salud Pública.
La misión de la Avisu será garantizar que los productos disponibles en el país cumplan con estándares elevados de seguridad, calidad y trazabilidad. Sus competencias abarcarán una amplia gama de insumos, incluyendo medicamentos, vacunas, dispositivos médicos, reactivos de diagnóstico, alimentos especiales, cosméticos y hasta soluciones digitales para la salud.
La centralización de estas funciones en una agencia especializada busca modernizar el sistema regulatorio, alineándolo con modelos internacionales que promueven la vigilancia integral de la cadena sanitaria. Sin embargo, algunos actores del sector privado han señalado que su implementación requerirá una importante inversión en recursos humanos y tecnológicos, lo que podría generar demoras en los procesos de habilitación y control.
Un proyecto con luces y sombras
El proyecto de Ley de Presupuesto no se limita a definir partidas de gasto público: introduce cambios estructurales que afectarán tanto a consumidores como a empresas.
Para los usuarios comunes, el “impuesto a Temu” supone un encarecimiento de las compras internacionales, lo que puede desincentivar el consumo digital en plataformas extranjeras.
Para las multinacionales, el IMCD representa un giro en la política tributaria uruguaya, alineando al país con la OCDE pero reduciendo la efectividad de exoneraciones fiscales.
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En el plano financiero, la eliminación de barreras al acceso a datos bancarios fortalece la capacidad del Estado de combatir la evasión, pero despierta preocupaciones sobre la privacidad y la separación de poderes.
En materia laboral y sanitaria, se busca ampliar la protección de los trabajadores y garantizar la calidad de los productos médicos y relacionados, aunque persisten dudas sobre la aplicación práctica de estas medidas.
La propuesta del Poder Ejecutivo refleja una intención clara: modernizar el marco tributario y jurídico del país, alineándolo con estándares internacionales y reforzando la capacidad de control del Estado. No obstante, el desafío radicará en encontrar un equilibrio entre eficiencia recaudatoria, atracción de inversiones y respeto por los derechos fundamentales de los ciudadanos.
