Importación de ropa usada en Argentina: alarma del sector textil
En los últimos meses se desató una controversia en la industria textil de Argentina a raíz del marcado aumento de importaciones de ropa usada. Organizaciones del sector están solicitando al gobierno una urgente revisión de las normas vigentes, dado el fuerte impacto económico, laboral y ambiental que esa práctica podría acarrear.
¿Qué pasó?
Según datos recientes, las compras de prendas usadas en el exterior —especialmente provenientes de Estados Unidos— se incrementaron de forma abrupta: en los primeros ocho meses del año se registró un aumento de hasta cuarenta veces respecto de periodos anteriores. La mercadería ingresa en paquetes voluminosos —fardos de entre 25 y 50 kg— y casi sin controles de calidad, lo que despertó fuertes críticas de actores de la industria local.
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Esta reanudación de las importaciones comenzó en 2024; aunque una normativa había prohibido la entrada de ropa usada hasta mediados de 2022, y entre 2022 y 2023 casi no se registraron ventas de ese tipo, el ingreso se reactivó con fuerza en 2024 y se consolidó en 2025.
Solo en agosto, las importaciones de ropa usada alcanzaron unos 683 mil dólares.
Las demandas del sector textil
Diversas cámaras empresariales dedicadas a indumentaria, confecciones, calzado y cuero anunciaron que presentarán solicitudes formales ante el ministerio responsable para que se revise la medida. Argumentan que la entrada masiva de prendas usadas pone en riesgo a la producción nacional, la industria local y miles de empleos.
Uno de los empresarios del rubro resumió la postura llamando al “sentido común”: sostienen que lo ideal sería mantener una norma restrictiva, que incluso fue renovada por gobiernos anteriores.
Las cifras del mercado interno refuerzan sus temores: entre noviembre de 2023 y agosto de 2025, se destruyeron más de 138.000 empleos en el sector privado registrado, lo que pone al sector textil —ya golpeado— entre los más afectados.
Más allá de lo económico: riesgos ambientales y sanitarios
El debate no se limita al impacto sobre la producción nacional y el empleo. Desde las organizaciones empresariales advierten que la mayor parte de esta ropa usada tiene baja calidad: fibras sintéticas o mezcladas, y en muchos casos con tratamientos químicos. Esa composición incrementa el riesgo de contaminación ambiental cuando las prendas se desechan. Aire, agua y suelo podrían verse afectados si la ropa no se recicla o se elimina correctamente.
Como referencia, se señala a un país vecino que experimentó un fenómeno similar: allí, tras recibir grandes volúmenes de ropa usada, los importadores comercializaron las prendas “vendibles” y descartaron cerca del 40 % restante en zonas poco reguladas, generando lo que algunos llaman un “vertedero mundial”.
Este clima de tensión se da en un contexto más amplio de liberalización económica impulsada por el gobierno. A comienzos de 2025, las autoridades anunciaron una reducción en los aranceles de importación de ropa, calzado, telas y hilados. Los gravámenes sobre ropa y calzado bajaron del 35 % al 20 %; los de telas del 26 % al 18 %; y los de distintos tipos de hilado se ajustaron al rango de 12 %–16 %.
El argumento oficial sostiene que la medida busca aumentar la competencia y reducir los precios internos, ya que históricamente el país tenía algunos de los precios de indumentaria más altos de la región.
Sin embargo, la industria no lo ve así: un grupo de casi 30 cámaras se manifestó en contra de la baja de aranceles, argumentando que, en lugar de favorecer al consumidor, la apertura indiscriminada perjudica a quienes producen localmente, agrava la caída del empleo y debilita la cadena textil nacional.
Consecuencias para la producción nacional
Un reporte reciente del sector revela datos alarmantes: en algunas regiones, hasta un 42 % de la maquinaria textil está parada. Esto refleja una paralización significativa de la producción local, atribuida en parte al fuerte ingreso de prendas importadas (nuevas y usadas), que compiten directamente con la producción nacional.
La dependencia creciente de importaciones pone en riesgo no solo fábricas, sino empleos de miles de trabajadores, en un contexto en que el consumo interno ya venía debilitado. Por ello, muchos empresarios consideran que la solución no puede ser solo liberalizar la importación, sino diseñar una estrategia que combine protección de la industria local con mejoras en costos internos.
¿Qué se espera que haga el Gobierno?
Las cámaras del sector han decidido formalizar sus reclamos: en los próximos días presentarán documentos ante el Ministerio de Economía para solicitar una revisión de la normativa que permite la importación masiva de ropa usada. Buscan, como mínimo, reinstaurar regulaciones más estrictas que garanticen competencia leal, calidad del producto, protección ambiental y preservación del empleo.
Al mismo tiempo, muchas organizaciones insisten en que una política coherente debe incluir incentivos a la producción nacional: reducción de impuestos internos, subsidios a la industria, modernización de maquinaria y apoyo al empleo local.
El conflicto plantea un dilema clásico de las economías abiertas: por un lado, una mayor oferta importada —incluso ropa usada— puede abaratar costos y beneficiar al consumidor final; por otro, puede socavar la producción doméstica, generar desempleo y agravar problemas ambientales si no se regulan las importaciones adecuadamente.
Que la ropa usada provenga mayormente de mercados extranjeros donde ya fue descartada no la exime de responsabilidades: su bajo valor, baja calidad y la falta de control sobre su fabricación o descarte suponen riesgos. Si se termina convirtiendo en el pilar del abastecimiento de indumentaria, la industria nacional podría quedar seriamente comprometida.
Por ello, muchos dentro del sector piden que se reconsidere la estrategia económica: buscar el equilibrio entre precios más accesibles, protección del trabajo local y responsabilidad ambiental.
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El notable crecimiento de las importaciones de ropa usada ha encendido las alarmas de la industria textil en Argentina. El ingreso masivo de prendas importadas, muchas veces de baja calidad, está afectando la producción local, provocando pérdidas de empleo, parálisis de maquinaria e incrementos en la dependencia de importaciones. Al mismo tiempo, se suman preocupaciones medioambientales por el descarte de prendas contaminantes.
La actual flexibilización de aranceles y la apertura comercial que favorecen la importación complica aún más la situación, poniendo en jaque a un sector que históricamente fue motor de empleo y producción. Las cámaras del rubro exigen una revisión urgente de las normas, regulación efectiva, y medidas de apoyo a la industria nacional.
El desafío ahora es encontrar un equilibrio: garantizar que los consumidores accedan a ropa más barata sin sacrificar la industria local, el empleo y el medio ambiente.
Fuente: Ámbito
