Fallo histórico en Uruguay reconoce dependencia laboral de repartidor de apps
Un fallo reciente en Uruguay ha marcado un precedente relevante en la regulación del trabajo en plataformas digitales. Por primera vez, un tribunal del país reconoció la existencia de relación laboral dependiente entre un repartidor y la empresa PedidosYa, obligando a la compañía a pagar aguinaldo, salario vacacional, licencias, horas extras y aportes por un total cercano a los 1,9 millones de pesos uruguayos. Este fallo genera un debate regional sobre el modelo de trabajo en plataformas digitales y plantea interrogantes sobre posibles repercusiones en Argentina, donde se discuten reformas laborales que definirán el estatus de repartidores y conductores de apps como Rappi, Uber, Didi o Cabify.
Subordinación algorítmica: un concepto innovador
El Juzgado Letrado del Trabajo de 7° Turno de Montevideo, bajo la conducción de la jueza Elena Salaberry, concluyó que PedidosYa ejercía un poder de dirección efectivo sobre sus repartidores mediante el uso de sistemas tecnológicos, incluyendo rankings, turnos y penalizaciones automáticas. Según el tribunal, la libertad de conexión alegada por la empresa era en gran medida formal, dado que la inactividad o el rechazo de pedidos afectaba directamente los ingresos del trabajador.
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La jueza denominó este fenómeno como “subordinación algorítmica”, un concepto que describe cómo los sistemas automatizados de asignación de pedidos y evaluaciones funcionan como mecanismos de control, imponiendo reglas de operación similares a las de un empleador tradicional. Además, la compañía fijaba unilateralmente tarifas, monitoreaba la prestación de servicios en tiempo real y podía desactivar cuentas, lo que el tribunal consideró una expresión moderna del poder de dirección empresarial.
Aplicación de la Ley 20.396 y consecuencias legales
El fallo se sustenta también en la Ley 20.396, vigente desde febrero de 2025, que establece condiciones mínimas de trabajo para plataformas de reparto y transporte. Esta norma reconoce que los sistemas automatizados de monitoreo y decisión forman parte del poder empresarial y obliga a los tribunales a evaluar caso por caso la relación laboral, aplicando el principio de primacía de la realidad y las directrices de la Recomendación 198 de la OIT.
La sentencia ordena a PedidosYa abonar los rubros laborales adeudados y mantener los beneficios mientras el vínculo continúe, consolidando un reconocimiento judicial que podría ser replicable en otros casos y sectores de la economía digital. La jueza enfatizó que el trabajador estaba sujeto a un control algorítmico con asignación de pedidos, penalizaciones y monitoreo constante, configurando un vínculo laboral inequívoco.
Evolución de la jurisprudencia en Uruguay
Este fallo constituye el segundo emitido por la justicia uruguaya sobre repartidores de PedidosYa. En septiembre de 2024, un caso similar fue desfavorable al trabajador, al no reconocerse la subordinación. La diferencia entre ambos veredictos indica un cambio en la interpretación judicial, ahora considerando los efectos de los algoritmos como elementos de dependencia laboral. Este cambio podría abrir la puerta a nuevos reclamos bajo la figura de subordinación tecnológica o algorítmica.
El debate sobre la laboralidad de los trabajadores de plataformas no es exclusivo de América Latina. En España, un fallo del Juzgado de lo Social N.º 11 de Barcelona en junio de 2025 condenó a Glovo por mantener a 3.572 repartidores como falsos autónomos entre 2015 y 2018, obligando a regularizarlos como empleados.
El tribunal español destacó que los repartidores no organizaban su trabajo, no negociaban condiciones y cobraban indirectamente a través de la plataforma, mientras la empresa ejercía control mediante algoritmos y evaluaciones continuas. Este caso impulsó la Ley Rider en 2021, que obliga a las plataformas a contratar a sus repartidores como trabajadores dependientes, estableciendo un referente europeo sobre la protección laboral en la economía digital.
Situación en Argentina: un esquema intermedio
En Argentina, el crecimiento de plataformas como PedidosYa, Rappi, Uber, Didi y Cabify generó miles de empleos, pero también un vacío normativo. No existe una legislación nacional que regule de manera específica este tipo de trabajo, y proyectos previos, como el Estatuto del Trabajador de Plataformas Digitales Bajo Demanda, quedaron archivados.
Actualmente, la reforma laboral promovida por el gobierno busca establecer un marco que combine formalización y flexibilidad. Bajo esta propuesta, los repartidores continuarían siendo monotributistas, con obligaciones mínimas como contar con seguro de accidentes personales y libertad para conectarse o rechazar pedidos.
Por su parte, las plataformas deberán ofrecer transparencia en los criterios de asignación, garantizar medidas de seguridad vial, mantener canales digitales de reclamos y proporcionar cobertura mínima ante accidentes. Los repartidores, en tanto, conservarán autonomía sobre horarios y pedidos, acceso a datos y portabilidad, y el 100 % de propinas y pagos directos de usuarios.
Cifras que reflejan el impacto del sector
El trabajo en plataformas digitales tiene un alcance considerable en Argentina:
Rappi: 80.000 repartidores
PedidosYa: 40.000 repartidores
Uber: 400.000 conductores
Didi: 350.000 conductores
Cabify: 100.000 conductores
Muchos de estos trabajadores operan en más de una plataforma y la mayoría se desempeña de manera autónoma, buscando ingresos complementarios. La legislación en discusión apunta a equilibrar la autonomía con derechos mínimos, aunque contrasta con la línea de Uruguay y España, que priorizan la subordinación y la protección laboral.
Comparación regional y tendencias futuras
Uruguay se posiciona como el primer país latinoamericano que reconoce judicialmente la dependencia laboral en plataformas digitales, apoyado en la subordinación algorítmica y la Ley 20.396. España consolidó la tendencia europea al proteger a los repartidores mediante la Ley Rider, obligando a su contratación como empleados.
Argentina, en cambio, busca un equilibrio intermedio, incentivando la formalización y seguridad sin asumir una subordinación plena. Este contraste regional evidencia la diversidad de enfoques frente a la economía digital y podría influir en futuros fallos y políticas públicas.
El caso uruguayo y el antecedente español podrían servir de guía para debates y decisiones judiciales en otros países latinoamericanos, redefiniendo la relación entre trabajadores y plataformas tecnológicas y estableciendo estándares sobre derechos, autonomía y responsabilidad empresarial.
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La sentencia uruguaya representa un punto de inflexión para las plataformas digitales en América Latina, reconociendo que los sistemas automatizados no solo son herramientas operativas, sino mecanismos que pueden generar subordinación laboral. Este fallo, junto con los precedentes internacionales, genera un marco de referencia para la regulación futura y la protección de los trabajadores en un sector cada vez más central en la economía regional.
