El enfoque fronterizo de Uruguay que busca recuperar el consumo interno
En un contexto marcado por las tensiones económicas entre la competitividad regional y el equilibrio fiscal, el gobierno uruguayo ha dado un paso significativo con un nuevo paquete de medidas orientadas a revitalizar el comercio en zonas de frontera. Esta serie de decisiones, impulsadas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), responde a una problemática histórica: la fuga de consumidores uruguayos hacia mercados vecinos, especialmente Brasil, en busca de precios más bajos.
Pero más allá de las medidas concretas, lo que más ha destacado la Confederación Empresarial del Uruguay (CEDU) es el cambio de enfoque institucional. Según su presidente, Alfredo Freitas, por primera vez en muchos años las autoridades nacionales salieron de los despachos de Montevideo y recorrieron las ciudades de frontera para entender de primera mano la complejidad del fenómeno.
UN PROBLEMA QUE NO SE RESUELVE SOLO CON MEDIDAS
Freitas considera que las acciones anunciadas por el MEF son, en general, positivas. Pero insiste en que el valor real está en el proceso: lograr que los principales jerarcas del MEF, del Banco República (BROU), de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y de otras instituciones, conocieran la situación desde el territorio, dialogando con comerciantes locales y observando el impacto de la competencia desigual con ciudades brasileñas limítrofes.
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Esto, asegura, representa un cambio profundo en la actitud estatal. No se trata únicamente de anunciar exoneraciones impositivas o subsidios, sino de implementar una política que será sometida a evaluación constante. El objetivo es corregir sobre la marcha, con base en datos y análisis económicos concretos.
De hecho, la CEDU ha promovido esta aproximación técnica desde hace años, trabajando con economistas y universidades. Su estrategia ha sido clara: no solo pedir soluciones, sino aportar información confiable que demuestre por qué es necesario intervenir en la frontera de forma específica.
Un punto central del planteo de la CEDU es que los principales beneficiarios de estas políticas no son los comerciantes, sino los consumidores. Las medidas están pensadas para favorecer a quienes residen en las zonas limítrofes y actualmente cruzan a Brasil para comprar productos de consumo básico más baratos.
Entre las iniciativas anunciadas se encuentra la devolución parcial o total del IVA al momento de pagar con tarjeta de débito. En la práctica, esto implica que los bienes de tasa mínima (10%) podrían quedar exonerados de IVA, mientras que los de tasa básica (22%) tendrían un descuento del 50% en el impuesto. La lógica es sencilla: si el producto no se vende en Uruguay, el Estado no recauda nada. Pero si se genera una venta local, aunque con menor IVA, la recaudación será mayor a cero.
Este razonamiento, según Freitas, es clave para cambiar la narrativa. El Estado no “pierde” recursos; en realidad, los gana en comparación con la situación actual. Además, se fomenta el arraigo económico y se reduce el incentivo para cruzar la frontera a hacer las compras cotidianas.
No obstante, el presidente de CEDU es realista respecto a los tiempos. El cambio no será inmediato. La población debe conocer las nuevas reglas, adaptarse y empezar a ver los beneficios en el bolsillo. En este sentido, Freitas recuerda que hace casi dos décadas que las organizaciones comerciales vienen alertando sobre esta problemática, sin haber recibido antes una respuesta estructural como la actual.
Uno de los elementos más valorados por CEDU es la posibilidad de importar ciertos productos directamente, lo que podría reducir los precios de artículos clave como la pasta de dientes. Esto también tendría un efecto más amplio, ya que no solo impactaría en la frontera, sino que podría repercutir en el mercado interno general, fomentando una baja de precios por competencia.
A esto se suma que las exoneraciones anunciadas están acotadas geográficamente: se aplicarán a comercios situados en un radio de 20 o 60 kilómetros de las fronteras, dependiendo de la medida. Aunque no se considera una solución perfecta, desde la confederación se reconoce que es un punto de partida y que, mediante estudios, podrían ajustarse estos límites si así lo indican los resultados.
Freitas subraya que esta es una etapa experimental. La prioridad es medir, estudiar, evaluar y luego volver a proponer cambios si es necesario. La CEDU asume el compromiso de acompañar este proceso con datos, y no solo con reclamos. “Vamos a acostumbrarnos a dejar de pedir y a medir”, afirma, remarcando una posición constructiva y orientada a resultados.
La confederación ya había presentado en setiembre un documento con una batería de propuestas para abordar la situación fronteriza. Algunas de ellas se vieron reflejadas en las decisiones del MEF; otras aún están pendientes. Pero en lugar de insistir en lo que falta, la estrategia será demostrar, con evidencia, qué funciona y qué debe mejorarse.
ROL HISTÓRICO DE CEDU EN ESTA TRANSFORMACIÓN
Desde el gobierno de José Mujica hasta la actualidad, la CEDU ha insistido en la necesidad de políticas específicas para las zonas de frontera. Durante años, la respuesta fue limitada, y no se contaba con los recursos para financiar estudios que permitieran cuantificar el impacto.
Fue en este contexto que el actual ministro de Economía, Gabriel Oddone, se vinculó por primera vez con la realidad de la frontera, cuando se desempeñaba en una consultora privada. Ese conocimiento previo fue, según Freitas, fundamental para que hoy Oddone decidiera tomar cartas en el asunto. “Esto salió en gran parte por la insistencia de CEDU”, afirma.
MÁS ALLÁ DE LA FRONTERA: OTROS TEMAS ESTRATÉGICOS
Si bien el foco mediático ha estado en las políticas fronterizas, la agenda de CEDU es más amplia. Entre sus principales preocupaciones figuran temas como la regulación de las grandes superficies, la competencia desigual con plataformas extranjeras como Temu, la necesidad de fomentar la formalización del comercio en el interior del país y la modificación de la ley de inversiones para incluir a pequeños comerciantes.
Estos asuntos, subraya Freitas, también afectan al equilibrio económico nacional y a la equidad territorial. Departamentos como Durazno, Florida o Flores, que no tienen frontera con países vecinos, también requieren políticas diferenciadas que promuevan el desarrollo sostenible.
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El paquete de medidas del MEF marca un punto de inflexión en la política económica uruguaya respecto a las zonas de frontera. Por primera vez en mucho tiempo, el Estado parece dispuesto a aplicar un enfoque territorial y a escuchar a los actores locales. La clave ahora está en la evaluación rigurosa de estas medidas, en su capacidad de generar resultados visibles y en la disposición a corregir el rumbo cuando sea necesario.
La CEDU, por su parte, asume el desafío de acompañar este proceso con datos y profesionalismo, buscando no solo una mejora para los comercios fronterizos, sino para todo el país. Porque, como bien sostiene Freitas, “si logramos que el consumidor compre del lado uruguayo, el Estado no pierde IVA, lo gana”.
