El debate por el IVA al cannabis reabre la discusión sobre equidad tributaria en Uruguay
La regulación del mercado del cannabis en Uruguay fue, desde su origen, una política pública innovadora que buscó enfrentar el narcotráfico, reducir riesgos sanitarios y otorgar al Estado un rol central en el control de una sustancia históricamente asociada a la ilegalidad. Sin embargo, más de una década después de su implementación, el esquema impositivo que rige para la marihuana de uso recreativo vuelve a quedar bajo la lupa, esta vez desde una óptica fiscal y distributiva.
La propuesta del diputado Álvaro Perrone, integrante de Cabildo Abierto, de gravar con Impuesto al Valor Agregado (IVA) el cannabis que se comercializa legalmente en farmacias, reabrió un debate sensible que combina recaudación, equidad tributaria y política de drogas. El planteo pone sobre la mesa una pregunta incómoda para el sistema impositivo uruguayo: ¿es razonable que productos de consumo básico tributen IVA mientras la marihuana legal permanece exenta?
Un régimen impositivo excepcional
Desde la creación del mercado regulado de cannabis, el Estado optó por mantener el precio de venta bajo control y sin impuestos al consumo. La decisión respondió a un objetivo concreto: evitar que el valor final del producto legal superara ampliamente al del mercado ilegal, lo que podría haber desincentivado el registro de usuarios y fortalecido a los circuitos informales.
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Este criterio fue considerado clave durante los primeros años del sistema, cuando el desafío principal era consolidar la oferta legal y lograr que los consumidores migraran hacia un canal controlado por el Estado. La exoneración de IVA y de otros tributos específicos funcionó, en ese contexto, como una herramienta de política pública más que como una concesión fiscal.
Sin embargo, con el paso del tiempo y un mercado ya establecido, la ausencia total de impuestos comienza a ser cuestionada desde distintos sectores, especialmente en un escenario donde el Estado busca nuevas fuentes de ingresos y revisa beneficios fiscales existentes.
La comparación con la canasta básica
Uno de los ejes centrales del planteo de Perrone es la comparación con productos esenciales del consumo diario. En Uruguay, bienes como la harina, el aceite o algunos alimentos procesados pagan IVA, incluso cuando forman parte de la canasta básica de los hogares.
Desde esta perspectiva, la exoneración total del cannabis recreativo aparece como una anomalía difícil de justificar para parte de la población. El argumento no apunta únicamente a la sustancia en sí, sino al principio de equidad tributaria: productos necesarios para la alimentación pagan impuestos, mientras un bien de consumo recreativo no lo hace.
Este contraste adquiere mayor relevancia en un contexto de presión inflacionaria y ajuste del gasto familiar, donde el peso de los impuestos indirectos sobre el consumo se vuelve más visible para los sectores medios y bajos.
Recaudación y prioridades fiscales
Más allá del aspecto simbólico, la propuesta también tiene una dimensión fiscal concreta. El diputado sostiene que el cannabis legal representa una oportunidad de recaudación actualmente desaprovechada. Si bien el volumen del mercado no es comparable con otros rubros gravados, la aplicación de IVA podría generar ingresos adicionales para el Estado.
Desde una lógica presupuestaria, estos fondos podrían destinarse a políticas específicas vinculadas al propio consumo de cannabis, como campañas de prevención, programas de reducción de riesgos o tratamiento de consumos problemáticos. De esta forma, el impuesto cumpliría no solo una función recaudatoria, sino también un rol de corrección social.
El planteo se inscribe en un debate más amplio sobre la revisión de exoneraciones fiscales y sobre la necesidad de ampliar la base tributaria sin aumentar impuestos generales, una discusión recurrente en períodos de Rendición de Cuentas.
Uno de los principales argumentos históricos contra la aplicación de impuestos al cannabis ha sido el riesgo de que un aumento del precio final empuje a los consumidores nuevamente hacia el mercado ilegal. Este razonamiento fue clave en el diseño original del sistema y sigue siendo citado por quienes defienden la exoneración.
No obstante, desde el sector que impulsa el debate se señala que este argumento no puede ser absoluto. Existen otros productos con alta carga impositiva, como el tabaco, donde el contrabando es una realidad, pero se combate mediante controles, fiscalización y políticas públicas específicas.
Desde esta mirada, el riesgo de informalidad no debería bloquear cualquier discusión tributaria, sino ser parte de un análisis integral que contemple mecanismos de control y precios razonables.
Cannabis, impuestos y política de drogas
El debate por el IVA al cannabis también reaviva una discusión de fondo sobre el enfoque de la política de drogas en Uruguay. La regulación fue concebida como una estrategia sanitaria y de seguridad pública, no como una fuente de ingresos fiscales.
Introducir impuestos al consumo podría ser interpretado por algunos sectores como un cambio de lógica, acercando el cannabis a esquemas tradicionales aplicados a sustancias legales como el alcohol o el tabaco. Para otros, en cambio, se trata de una evolución natural de un mercado que ya superó su etapa inicial y puede integrarse plenamente al sistema tributario.
Este dilema refleja tensiones entre distintos objetivos del Estado: reducir daños, controlar mercados ilegales, garantizar equidad fiscal y sostener las finanzas públicas.
Opinión pública y sensibilidad social
La propuesta no solo tendrá repercusiones en el ámbito político, sino también en la opinión pública. La comparación con productos básicos puede generar adhesión en sectores que perciben una carga impositiva elevada sobre el consumo cotidiano.
Al mismo tiempo, existe un segmento de usuarios registrados que podría ver el impuesto como una penalización indirecta a una conducta legal, especialmente si el aumento de precio no viene acompañado de mejoras visibles en servicios o políticas públicas.
La forma en que se plantee el debate será clave para evitar polarizaciones simplistas y para encuadrar la discusión en términos de justicia tributaria y coherencia del sistema impositivo.
Un tema que podría llegar al Parlamento
El diputado adelantó su intención de conocer la postura del Ministerio de Economía y Finanzas y de instalar el tema en la agenda legislativa, con la mirada puesta en la próxima Rendición de Cuentas. Aunque la propuesta aún no se tradujo en un proyecto formal, su sola mención ya activó un debate que atraviesa varias áreas del Estado.
Cualquier modificación al régimen impositivo del cannabis requerirá consensos políticos, evaluaciones técnicas y estudios de impacto que contemplen tanto la recaudación esperada como los efectos sobre el consumo y el mercado ilegal.
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La discusión sobre aplicar IVA al cannabis legal en Uruguay pone en evidencia las tensiones propias de una política pública innovadora que, con el paso del tiempo, debe adaptarse a nuevas realidades económicas y sociales.
Entre la equidad tributaria, la necesidad de recaudar y la protección de un mercado regulado, el Estado enfrenta el desafío de encontrar un equilibrio que no desvirtúe los objetivos originales de la regulación, pero que tampoco ignore las inconsistencias del sistema impositivo actual.
Lejos de ser una discusión cerrada, el planteo abre un espacio de reflexión más amplio sobre qué se grava, a quién y con qué criterios, en un país donde el peso de los impuestos al consumo sigue siendo un tema central en la vida cotidiana de los hogares.
Fuente: Ámbito
