Debate por IVA en compras al exterior enfrenta a gobierno e industria textil
El reciente anuncio del gobierno uruguayo de gravar con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) las compras en el exterior ha generado fuertes reacciones en distintos sectores productivos y políticos. Una de las voces más críticas fue la de la Cámara Industrial de la Vestimenta (CIV), que calificó el proyecto de “ambiguo” y advirtió que la medida, tal como está planteada, no resuelve el problema de fondo: la competencia desleal que enfrenta la industria nacional frente al comercio digital y las plataformas internacionales.
El tema no es nuevo. Desde hace años, el sector textil y de la confección advierte que las compras online en el exterior —a través de gigantes como Temu, Shein o Amazon— impactan directamente en los comercios locales y ponen en riesgo miles de puestos de trabajo. Sin embargo, la discusión sobre cómo equilibrar la cancha en materia tributaria ha vuelto a encenderse tras los adelantos sobre el proyecto de Presupuesto quinquenal que el Ejecutivo presentará en el Parlamento.
Una propuesta oficial que divide opiniones
El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, adelantó que el objetivo del proyecto es “igualar en materia tributaria la compra final”. En otras palabras, se busca que quienes compren en el extranjero paguen un tributo similar al que enfrentan los consumidores que adquieren productos en comercios locales.
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La medida se enmarca en un doble desafío: por un lado, atender el reclamo de comerciantes nacionales que denuncian competencia desleal frente a plataformas digitales que no tributan impuestos; y por otro, mantener un esquema que no castigue excesivamente a los consumidores que, por precio o variedad, eligen comprar en el exterior.
De acuerdo con lo expresado por Oddone, el esquema también contemplaría una ampliación de las franquicias, intentando equilibrar la carga impositiva con cierta flexibilidad para los usuarios frecuentes de este tipo de servicios.
Para la Cámara Industrial de la Vestimenta, el proyecto no ataca el problema en su raíz. Según Alfredo Barboza, integrante de la directiva de la CIV, la iniciativa es “ambigua” porque refleja un doble discurso del Estado: mientras desde los ministerios de Industria y de Trabajo se manifiesta la voluntad de proteger a la producción local, desde la política fiscal se adoptan medidas que, en los hechos, siguen debilitándola.
El sector sostiene que la aplicación del IVA a las compras en el exterior podría tener sentido únicamente si esa recaudación se destinara a un fondo específico de apoyo y reconversión industrial. “La idea es que no solo la vestimenta, sino todos los rubros productivos que compiten con la importación digital, puedan contar con un respaldo para modernizarse y resistir esta presión externa”, explicó Barboza.
El dirigente también señaló que el sistema actual genera distorsiones: una persona puede realizar tres compras anuales libres de impuestos, pero a partir de la cuarta cae en un régimen simplificado con una carga impositiva del 60%. Aun así, en muchos casos el consumidor sigue eligiendo plataformas extranjeras porque los precios continúan siendo más bajos que en Uruguay.
Un sector con miles de empleos en juego
La industria de la vestimenta en Uruguay involucra a más de 20.000 trabajadores en toda la cadena productiva, desde talleres de confección hasta comercios minoristas. Para la CIV, cualquier medida que no contemple un refuerzo a la competitividad nacional pone en riesgo esa masa laboral.
Barboza insistió en que “el problema no es que la gente compre afuera, sino que el país permita que la competencia sea tan despareja”. Según su visión, si no se generan condiciones de igualdad, los consumidores siempre encontrarán incentivos para adquirir productos más baratos en plataformas internacionales, aunque deban pagar impuestos adicionales.
El debate no se limita al Ejecutivo. En el Parlamento también surgieron propuestas alternativas. El diputado nacionalista Pedro Jisdonian presentó un proyecto de ley que busca mantener la exoneración de impuestos en las compras al exterior, pero reduciendo el beneficio a una sola operación anual.
El legislador argumenta que la medida apunta a desalentar el consumo en plataformas extranjeras y proteger los empleos en Uruguay. “Hoy en día, la zapatería más grande del país es Temu. La tienda de ropa más grande también lo es, y lo mismo ocurre con la juguetería. Si seguimos permitiendo que todo se compre afuera, los comercios locales no tendrán a quién venderle y van a cerrar. Y cuando cierran, se pierden empleos”, afirmó en declaraciones a la prensa.
Este planteo abre un nuevo eje en la discusión: no solo gravar con impuestos, sino también restringir la frecuencia de compras libres de tributo para reducir la fuga de consumo hacia el exterior.
La discusión, sin embargo, no puede dejar de lado a los consumidores. Para muchos hogares uruguayos, las compras en el exterior no son un lujo, sino una manera de acceder a productos que en el mercado local resultan inaccesibles o demasiado caros.
El propio Barboza reconoció esta realidad: “Hay cosas que a la gente le sigue conviniendo comprar afuera, incluso pagando IVA, porque el precio final termina siendo más barato que en Uruguay”.
De allí surge uno de los grandes dilemas de la política pública: ¿cómo equilibrar la necesidad de proteger la producción nacional sin limitar excesivamente la libertad de elección y el bolsillo de los consumidores?
El caso uruguayo no es único. En varios países de la región, el crecimiento explosivo del comercio electrónico transfronterizo ha obligado a los gobiernos a revisar sus políticas fiscales. Plataformas como Temu o Shein han transformado la lógica del consumo, ofreciendo precios bajos y una amplia variedad de productos con envío directo al domicilio del comprador.
Para las industrias locales, competir contra esos gigantes no es solo una cuestión de impuestos, sino de escala productiva, innovación y logística. En ese contexto, la propuesta de la CIV de destinar lo recaudado a un fondo de reconversión industrial adquiere relevancia: no se trata solo de cobrar tributos, sino de utilizarlos como palanca para fortalecer a los sectores nacionales.
Posibles escenarios
El desenlace de esta discusión dependerá de cómo se articule el proyecto de ley en el Parlamento y de la capacidad del gobierno para conciliar intereses contrapuestos. Entre los escenarios posibles se destacan:
Aplicación estricta del IVA a todas las compras externas, lo que incrementaría la recaudación, pero no necesariamente frenaría el consumo en plataformas extranjeras.
Creación de un fondo sectorial con la recaudación del impuesto, como propone la Cámara de Vestimenta, lo que podría traducirse en mejoras de competitividad para la industria.
Restricciones adicionales en la cantidad de compras anuales, como plantea el diputado Jisdonian, lo que limitaría el acceso de los consumidores a productos extranjeros.
Un esquema mixto, que combine impuestos moderados, restricciones parciales y apoyo explícito a la producción local.
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La discusión sobre el IVA a las compras en el exterior es, en el fondo, un reflejo de la tensión entre globalización y producción nacional. Mientras los consumidores buscan precios más accesibles y variedad, los empresarios uruguayos reclaman condiciones de competencia justa para sostener sus negocios y proteger los empleos.
La propuesta del gobierno busca un equilibrio, pero las críticas de la Cámara de Vestimenta y las iniciativas parlamentarias revelan que el debate está lejos de cerrarse. El gran desafío será diseñar una política que no solo grave el consumo externo, sino que también genere herramientas efectivas para que la industria local pueda reinventarse en un mundo cada vez más interconectado.
