Debate en Uruguay por cambios en franquicias y compras online desde el exterior
La discusión en torno a las compras por internet realizadas en el exterior ha vuelto a instalarse en la agenda pública uruguaya. El gobierno anunció modificaciones al régimen de franquicias y al sistema de encomiendas internacionales, con el objetivo de ajustar el marco tributario y responder al crecimiento exponencial de las operaciones realizadas a través de plataformas digitales como Temu, uno de los gigantes chinos del comercio electrónico.
Si bien la medida busca equilibrar las cuentas públicas y ordenar un mercado en expansión, desde el sector empresarial local se advierte que los cambios podrían tener efectos contraproducentes, en especial para el comercio nacional que ya enfrenta dificultades en ventas. La Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay (CCSUy) manifestó que, lejos de limitar, la nueva normativa ampliaría el poder de compra de los consumidores uruguayos en el exterior, generando un escenario de mayor competencia desleal.
EL CONTEXTO DEL “EFECTO TEMU”
El crecimiento del comercio electrónico internacional no es un fenómeno aislado de Uruguay. A nivel global, plataformas de bajo costo y envíos exprés han alterado las dinámicas del retail. En el caso uruguayo, los datos son elocuentes: durante el primer semestre de 2024, el volumen de encomiendas ingresadas bajo el régimen de franquicias ya superó el total registrado en todo el año anterior.
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Este incremento acelerado se conoce como el “efecto Temu”, en referencia a la empresa china que, en poco tiempo, logró posicionarse entre las principales alternativas de compra online para los consumidores uruguayos. La propuesta de precios reducidos, variedad de productos y envíos cada vez más rápidos ha incentivado a miles de personas a preferir esta vía frente al comercio local.
Sin embargo, este fenómeno implica un desafío para el entramado empresarial uruguayo. La competencia con plataformas internacionales que operan con estructuras de costos muy inferiores genera presiones en los márgenes de rentabilidad de los comercios tradicionales, que además deben afrontar impuestos, alquileres y costos laborales que no afectan de igual forma a las compañías extranjeras.
EL ANUNCIO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ante este escenario, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) incluyó en el proyecto de ley de Presupuesto una serie de cambios al régimen vigente. El ministro Gabriel Oddone detalló que la medida se inscribe en un paquete más amplio de reformas tributarias orientadas a mejorar el resultado fiscal en 1,5 puntos porcentuales a lo largo de los próximos cinco años.
Las modificaciones clave son tres:
Aumento del tope anual de compras: se eleva de 600 a 800 dólares por persona.
Eliminación de la fragmentación obligatoria: hasta ahora, los 600 dólares debían dividirse en tres operaciones; con la nueva regla, el monto podrá utilizarse en una sola compra.
Aplicación del IVA del 22%: las compras realizadas a través de plataformas extranjeras estarán gravadas con el IVA, salvo aquellas provenientes de Estados Unidos, que seguirán exentas por acuerdos comerciales bilaterales.
En paralelo, Oddone anunció un fortalecimiento del control aduanero, con sistemas de seguimiento más eficientes para fiscalizar los envíos y evitar abusos en la aplicación del régimen.
LA VISIÓN DEL SECTOR EMPRESARIAL
La reacción de la CCSUy fue de marcada preocupación. Su presidente, Julio Lestido, sostuvo que las medidas generan más dudas que certezas. En su análisis, la combinación de un mayor tope de compra y la eliminación de la fragmentación en la práctica multiplica las posibilidades de consumo en el exterior: lo que antes se limitaba a tres compras de 200 dólares, ahora se transforma en una sola operación de hasta 800 dólares.
Para el comercio local, este cambio se traduce en un aumento real del poder adquisitivo hacia el exterior, lo cual podría potenciar la fuga de consumo y acentuar las dificultades de los pequeños y medianos empresarios.
“Lo importante es monitorear cómo se comporta el mercado. Hasta que no se ponga en práctica es difícil prever los efectos, pero la preocupación existe porque se abre la puerta a un mayor ingreso de productos que antes estaban limitados”, señaló Lestido.
El dirigente también subrayó que, si bien entiende el objetivo fiscal del gobierno, considera que las medidas “no alcanzan a resolver la inequidad que existe entre los comercios que pagan impuestos y generan empleo en el país, frente a plataformas extranjeras que no tributan bajo las mismas condiciones”.
El debate refleja una tensión de fondo: cómo equilibrar la apertura comercial con la protección de la producción y el comercio nacional.
Por un lado, las medidas fiscales buscan generar ingresos para el Estado y mejorar la recaudación. El IVA del 22% sobre las compras internacionales apunta a reducir la brecha que existe respecto al comercio local, donde ese impuesto ya está incorporado en todos los precios.
Por otro lado, la flexibilización del régimen de franquicias mediante un aumento del tope anual genera incentivos para que los consumidores sigan recurriendo a plataformas extranjeras. Esto podría traducirse en una pérdida de competitividad para el comercio tradicional, que ya enfrenta desafíos derivados de la inflación de costos, la informalidad y los cambios en los hábitos de consumo.
El sector minorista uruguayo, compuesto mayoritariamente por pymes, depende en gran medida de la demanda interna. Por lo tanto, cada dólar que se destina al exterior es percibido como una amenaza directa a su sostenibilidad.
UN DEBATE MÁS AMPLIO: CONSUMIDORES VS. COMERCIOS
La discusión también pone sobre la mesa la tensión entre los intereses de los consumidores y los de los comerciantes.
Desde la perspectiva del consumidor, el aumento del tope y la eliminación de la fragmentación representan una mayor libertad de elección y la posibilidad de acceder a productos que en el mercado local pueden ser más costosos o difíciles de conseguir. En un país pequeño y con precios relativamente altos, las plataformas internacionales se convierten en una alternativa atractiva para satisfacer necesidades y deseos.
Sin embargo, desde el lado empresarial, esta libertad implica una pérdida de ingresos para el comercio local y, en consecuencia, riesgos para el empleo y la recaudación fiscal a largo plazo. El desafío para el gobierno es diseñar un marco que equilibre ambos intereses sin frenar la innovación ni generar desventajas estructurales para el tejido productivo nacional.
LA IMPORTANCIA DEL CONTROL ADUANERO
Un aspecto central será la capacidad de la aduana para implementar controles efectivos. La experiencia demuestra que, sin un seguimiento adecuado, el régimen puede prestarse a abusos, como la subdeclaración del valor de los productos o el fraccionamiento encubierto de compras.
El anuncio de mejoras en los sistemas de fiscalización es, en ese sentido, fundamental. La digitalización de procesos, el cruce de datos y la cooperación con empresas de logística internacional serán herramientas claves para garantizar que el nuevo régimen funcione de manera transparente y justa.
A corto plazo, se espera que el nuevo régimen genere un aumento en la recaudación por concepto de IVA y un reacomodo en los patrones de consumo. No obstante, el impacto sobre el comercio local aún es incierto.
En el mediano plazo, la clave estará en cómo se adapta el empresariado uruguayo. Para sobrevivir y crecer en un entorno cada vez más digitalizado, los comercios locales deberán apostar por la innovación, el comercio electrónico y la diferenciación en la experiencia de compra. Al mismo tiempo, el Estado deberá acompañar con políticas que promuevan la competitividad, la formalización y la integración tecnológica de las pymes.
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El debate en torno a las franquicias y las compras online refleja una encrucijada común en muchos países: ¿cómo regular el comercio digital internacional sin desalentar la libertad de consumo ni debilitar al comercio local?
En Uruguay, el gobierno apuesta por una fórmula mixta que combina mayor recaudación y más flexibilidad para los consumidores. Pero los empresarios advierten que esta ecuación podría terminar inclinando la balanza aún más hacia el exterior.
La experiencia de los próximos meses será determinante para evaluar si el nuevo régimen logra el equilibrio buscado o si, como temen los comerciantes, se convierte en un nuevo obstáculo para el sector.
