El pasado viernes 20 de junio de 2025, la Municipalidad de Miraflores tomó la decisión de clausurar temporalmente el reconocido centro comercial Larcomar, una de las principales zonas comerciales y de entretenimiento de Lima, Perú. La medida, que generó inmediatas reacciones en el sector empresarial y en la opinión pública, ha sido objeto de controversia, principalmente por las formas en que se llevaron a cabo las visitas municipales y la falta de actas formales que respalden las acciones adoptadas.
Desde la administración del complejo, operado por Parque Arauco, se emitió un comunicado en el que reiteraron que no existen riesgos estructurales en la infraestructura del centro comercial y que, en todo momento, han cumplido con las normativas vigentes. La empresa calificó como falsas las declaraciones del gerente de Desarrollo Económico y Fiscalización de la Municipalidad de Miraflores, Eduardo Azabache, quien la semana pasada afirmó que se estaban detectando fallas que ponían en riesgo a los visitantes y colaboradores del centro comercial.
Uno de los puntos más relevantes en la defensa de Larcomar fue el estado de la terraza del restaurante Mango’s. La administración explicó que, en base a un estudio elaborado por la ingeniera Martinelli, se recomendó restringir el uso de una zona específica de la terraza si no se realizaba un refuerzo estructural. Desde hace más de siete años, esa área ha permanecido cerrada y delimitada, en estricto cumplimiento de la recomendación, lo que evidencia una gestión responsable y preventiva.
Asimismo, la administración afirmó que el resto de la terraza ha sido inspeccionada y validada por especialistas en estructuras, quienes emitieron certificados ITSE que garantizan la seguridad del espacio. En ese sentido, señalaron que el cierre del restaurante Mango’s no responde a motivos de seguridad, sino a una discrepancia en la documentación, específicamente en el área consignada en la licencia de funcionamiento comparada con la registrada oficialmente. Desde su perspectiva, este tipo de diferencias no deberían ser motivo para cerrar un establecimiento, sino más bien una cuestión administrativa que puede ser resuelta sin afectar la seguridad de los usuarios.
Por otra parte, respecto a la evaluación tras el sismo ocurrido el domingo anterior, Larcomar informó que el ingeniero Zavala realizó una revisión exhaustiva de los estudios estructurales existentes y concluyó que la infraestructura no sufrió daños y puede resistir sismos de igual o mayor magnitud. Esta conclusión fue respaldada por cartas técnicas de los ingenieros Zegarra y Casabonne, enviadas a la Municipalidad antes de que se ordenara la clausura, lo que refuerza la postura de que el centro comercial no presenta riesgos estructurales.
En relación con los estacionamientos, la administración de Larcomar señaló que mantenía conversaciones con la Municipalidad de Miraflores, específicamente con el gerente de Desarrollo Económico y Fiscalización, para determinar si era necesaria una licencia específica para el servicio de estacionamiento operado por Apparka. Recordaron que, en gestiones municipales anteriores, el cobro por uso de estacionamientos se realizaba bajo el concepto de ITSE en áreas comunes, respaldado por un contrato de Derecho de Superficie del centro comercial. Sin embargo, tras la clausura, el servicio fue suspendido, y el centro comercial quedó cerrado temporalmente.
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Larcomar expresó su sorpresa ante la actuación del funcionario Azabache, quien la semana previa al cierre había prometido revisar el tema y comunicar si era necesario obtener una licencia de funcionamiento para Apparka. La falta de respuesta y la decisión de clausurar el lugar generaron malestar en la administración, que considera que las acciones municipales no siguieron los procedimientos adecuados ni dejaron actas oficiales, lo cual debilita la legitimidad de la medida.
En conclusión, la situación en torno a Larcomar revela un conflicto entre la administración del centro comercial y la autoridad municipal, donde las evaluaciones técnicas y la gestión interna parecen contradecir las acciones y declaraciones oficiales. La transparencia en los procedimientos, la documentación formal y el respeto a las normativas son elementos claves para resolver de manera efectiva y justa este tipo de controversias en el ámbito urbano y comercial.
Fuente: DFSud
