El municipio de Miraflores, en Perú, tomó una decisión que ha generado gran impacto y discusión en el país: cerrar de manera temporal el reconocido centro comercial Larcomar, operado por la firma chilena Parque Arauco. La medida se debe a la detección de riesgos estructurales tras el sismo de 6,1 grados en la escala Richter ocurrido el fin de semana pasado, que provocó grietas y otros daños en la infraestructura del mall. Sin embargo, la empresa aseguró que la acción del municipio es “arbitraria” y que no existen riesgos que justifiquen el cierre, lo que ha avivado un debate sobre la seguridad, la gestión municipal y las implicancias económicas que conlleva esta decisión.
El martes, durante una inspección técnica de seguridad en edificaciones (ITSE), las autoridades municipales detectaron varias deficiencias en Larcomar, incluyendo grietas en zonas de tránsito, instalaciones eléctricas expuestas y fallas en las medidas de seguridad. Como resultado, se revocó el certificado de seguridad y se ordenó el cierre inmediato del centro comercial hasta que se realicen las reparaciones necesarias y se garantice la seguridad de los visitantes y trabajadores. La medida ha sido interpretada por algunos sectores como una acción preventiva, pero por otros, especialmente por la administración de Parque Arauco, se considera una decisión “arbitraria” que no responde a una realidad objetiva.
Es importante recordar que Larcomar no es la primera vez que enfrenta cierres o problemas de seguridad. En enero de 2023, el municipio detectó deficiencias en las instalaciones de Cinépolis dentro del mismo centro comercial, lo que provocó también un cierre temporal. En ese momento, la Cámara de Comercio de Miraflores estimó que la pérdida semanal por el cierre alcanzaba los US$ 250 mil, considerando que el mall recibía cerca de medio millón de visitantes mensuales. Actualmente, se calcula que la afluencia ha aumentado a más de 650 mil personas, lo que refleja la importancia económica y social del centro comercial en la zona y en el país.
Por su parte, Parque Arauco ha reaccionado enérgicamente ante la medida, calificándola de “arbitraria” y asegurando que no existen riesgos estructurales ni geotécnicos que puedan comprometer la seguridad del inmueble. La empresa ha señalado que ingenieros especializados en estructuras y suelos, como Carlos Casabonne y Eduardo Zegarra, visitaron las instalaciones y emitieron informes que ratifican la seguridad del mall, informes que fueron enviados a las autoridades municipales. Sin embargo, la Municipalidad de Miraflores sostiene que el certificado fue revocado por “no mantener la implementación adecuada para el tipo de actividad comercial que desarrolla”, y que están en proceso de revisión de una nueva solicitud de inspección técnica presentada por la empresa.
Este conflicto refleja una tensión entre las autoridades locales y los actores privados, y ha generado rechazo en diversos sectores económicos y sociales. La Unión de Gremios y Asociaciones de Restaurantes del Perú criticó duramente la decisión, calificándola como “arbitraria” y advirtiendo que perjudica a cientos de trabajadores y empresarios formales, además de enviar un mensaje negativo al sector turístico y a la imagen internacional del país. La organización también expresó su preocupación por el patrón de acciones del alcalde de Miraflores, Carlos Canales, que consideran afecta la normalidad de las actividades empresariales en la zona.
Vea también: Larcomar se consolida como destino gastronómico con nuevas aperturas
El caso de Larcomar no es aislado. En febrero pasado, el país sufrió una tragedia significativa cuando el techo del patio de comidas del centro comercial Real Plaza Trujillo colapsó, causando la muerte de seis personas y heridas a más de 80. Este incidente llevó a que las autoridades inspeccionaran otros centros comerciales, resultando en el cierre de aproximadamente 12 establecimientos y 14 supermercados, con pérdidas estimadas en US$ 27 millones diarios. Estos hechos evidencian la necesidad de fortalecer los controles y garantizar la seguridad en los espacios comerciales del país, así como la importancia de una gestión pública que equilibre la protección ciudadana con la estabilidad económica.
En conclusión, la situación en Larcomar ejemplifica la complejidad de gestionar la seguridad en espacios públicos en medio de la presión económica y las responsabilidades municipales. La decisión del cierre ha puesto en evidencia las tensiones entre la protección de la integridad física de los visitantes y la protección de la inversión privada, además de poner sobre la mesa la necesidad de un diálogo constructivo entre autoridades y empresas para evitar conflictos que puedan perjudicar tanto a la economía como a la confianza ciudadana.
Fuente: DFSud
