La carta de renuncia llegó después de meses de espera sin respuesta del Gobierno Central, y fue precedida por reiteradas alertas sobre el grave estado financiero de Petroperú y la urgente necesidad de implementar decisiones radicales que aseguren su viabilidad. Desde mayo, el directorio había estado pidiendo a la administración de Boluarte una respuesta clara y eficaz, pero sus llamados quedaron sin eco, lo que generó un escenario de sobreendeudamiento y falta de liquidez en la compañía.
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Oliver Stark había planteado previamente tres posibles caminos al Gobierno para enfrentar esta situación: inyectar capital sin realizar cambios organizacionales, aceptar la quiebra y proceder a la liquidación de la empresa, o realizar una reestructuración profunda con el apoyo de una firma internacional, además de solicitar una inyección de capital gubernamental. Aparentemente, la falta de acción del gobierno llevó al Directorio a decidir presentar su renuncia irrevocable, argumentando que no desean ser parte de una gestión que consideran sin futuro.
Con respecto a quiénes reemplazarán al actual Directorio, el Ejecutivo ya estaba considerando cambios en la composición del mismo antes de que se oficializara la renuncia. Según informes, desde el 12 de junio se comenzó a evaluar a los posibles candidatos para asumir el liderazgo en Petroperú, este proceso de selección está siendo encabezado por el ministro de Economía y el titular de Energía y Minas. Entre las opciones que se barajan destaca el nombre de Pedro Chira, quien es un expresidente de Petroperú, y Óscar Vera, un exministro de Energía y Minas, quién podría ser nombrado gerente general de la petrolera.
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En relación a las discusiones sobre la privatización de Petroperú, José Arista, el ministro de Economía y Finanzas, ha mencionado que, a pesar de la crisis financiera, la privatización no es una opción viable en este momento. Arista justificó su postura afirmando que Petroperú actualmente no atrae inversión privada debido a sus problemas financieros. En lugar de privatizar, el ministro sugerió la posibilidad de contratar a un gestor privado para que administre la empresa, buscando así implementar estándares de gestión más adecuados, mientras que el primer ministro, Gustavo Adrianzén, reafirmó que la presidenta Boluarte ha desestimado la opción de privatización, destacando la importancia de la petrolera en zonas remotas del país.
Por otro lado, el sindicato de trabajadores y administrativos de la empresa ha rechazado las acusaciones del Directorio sobre la influencia sindical en la crisis de Petroperú. Representantes como Antonio Leonardo Manosalva Alarcón han argumentado que las dificultades actuales no son consecuencia de la injerencia sindical, sino que son el resultado de decisiones lamentables tomadas por administraciones previas y por un directorio carente de la experiencia necesaria en el sector de hidrocarburos. Los sindicatos también hicieron hincapié en que ellos no tienen responsabilidades administrativas dentro de la empresa, y que el peso de la gestión le corresponde a la Junta General de Accionistas y al Directorio. Al mismo tiempo, criticaron la falta de transparencia del Directorio en relación al impacto financiero de la Nueva Refinería Talara, un proyecto que consideran como una inversión a largo plazo que podría resultar en rentabilidad en los años venideros.
