Adrianzén también destacó que la compañía enfrenta un «problema de funcionamiento» en diversas unidades operativas, incluyendo importantes infraestructuras como la refinería de Conchán, el Oleoducto Norperuano y la Nueva Refinería de Talara. Además, mencionó otros activos, incluyendo el edificio ubicado en Canaval y Moreyra, en San Isidro. En medio de esta complicada situación, el gobierno sostiene que Petroperú desempeña un papel crucial al servir a mercados que las empresas petroleras privadas no están en condiciones de abastecer, específicamente en las zonas altoandinas y en las regiones marginadas de la Amazonía.
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La presidenta Dina Boluarte ha reafirmado, de manera rotunda, que privatizar Petroperú no es una opción. Ha sido enfática en la importancia de que la empresa continúe brindando sus servicios en estas comunidades remotas y que su rol debe ser garantizado. Gustavo Adrianzén, por su parte, atribuye la crisis actual a un problema histórico, el cual ha sido exacerbado por la negligencia de varios gobiernos a lo largo de las décadas. Sin embargo, algunos analistas han señalado que Petroperú nunca había reportado pérdidas hasta 2021, cuando las dificultades comenzaron a surgir tras la llegada de Pedro Castillo al poder. Entre las causas destacadas están la paralización de la Refinería de Talara por su construcción y las irregularidades surgidas durante la gestión de Hugo Chávez en el consejo directivo de la estatal.
En un intento por restablecer su operatividad, Petroperú ha comunicado a través de un hecho relevante ante la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) que buscará aplicar “absoluta transparencia” en su proceso de reestructuración. Adrianzén añadió que la petrolera estatal implementará reformas en su gestión a través de una PMO extranjera, que será contratada específicamente para liderar este proceso de revitalización. Esta acción tendría como meta garantizar la eficiencia y eficacia de sus unidades, especialmente la Nueva Refinería de Talara.
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Respecto al directorio de Petroperú, el representante del gobierno no descartó la posibilidad de realizar «algunos ajustes» en la estructura directiva, lo que ha generado inquietudes entre diversas organizaciones empresariales, incluyendo Confiep y la Cámara de Comercio de Lima. Por otro lado, se ha confirmado que el Oleoducto Norperuano, vital para el transporte de petróleo desde la Amazonía hacia la refinería de Talara, será protegido por la Policía Nacional del Perú, las Fuerzas Armadas y las comunidades aledañas. Esto se enmarca en una estrategia para que el oleoducto sea autosostenible, diluyendo así la carga de responsabilidad que pesaba exclusivamente sobre Petroperú para salvaguardar sus instalaciones de actos delictivos.
Finalmente, Adrianzén proyectó una recuperación significativa en las finanzas de la empresa, estimando que con la Refinería de Talara operando al 100% en el próximo año, el estado podría obtener utilidades anuales cercanas a los 800 millones de dólares, lo que representaría un respiro para las arcas estatales y una posibilidad de restablecer el compromiso del gobierno con la seguridad energética del país.
