A partir del 1 de enero de 2025, la RMV en Perú fue aumentada de S/ 1.025 a S/ 1.130, un ajuste anunciado por la presidenta Dina Boluarte. Este incremento no solo afecta el salario básico de los trabajadores, sino que también trae consigo cambios en varios beneficios laborales. Por ejemplo, la Asignación Familiar se actualizará al 10% de la RMV, lo que equivale a S/ 113. Asimismo, el límite máximo para los vales de alimentos no podrá superar las dos RMV, y el tope diario de gastos de movilidad no sustentados será del 4% de la RMV. Además, el pago por trabajo nocturno aumentará en un 35% sobre la RMV, y los regímenes especiales y formativos también se ajustarán para que los beneficiarios no perciban menos de la nueva RMV.
Las contribuciones mínimas a EsSalud también se incrementarán, calculándose en un 9% de la RMV como base. Según Alexandra Ortiz, especialista laboral, este aumento es un paso necesario para actualizar los estándares laborales del país, aunque enfatiza que no será suficiente para cerrar las brechas existentes en el empleo formal.
En cuanto a la negociación colectiva, el Congreso aprobó el 28 de diciembre de 2024 un dictamen que elimina las restricciones en este ámbito para el sector público, derogando el artículo 28° de la Ley 32103. Esto permitirá a los sindicatos negociar mejoras laborales con implicancias económicas, siempre dentro de los límites presupuestarios de cada entidad. Esta medida se enmarca en un proceso que se inició en 2022, cuando se firmó el primer convenio colectivo centralizado estatal, beneficiando a trabajadores de diversos regímenes con un monto total de S/ 830 millones. Sin embargo, expertos como Alejandra Dinegro advierten que la norma aún presenta vacíos que deben ser abordados para asegurar que estos acuerdos respeten los convenios internacionales de la OIT ratificados por Perú.
Por otro lado, las propuestas dirigidas a ampliar la protección laboral para madres y padres trabajadores, que habían sido inicialmente aprobadas en 2024, han enfrentado retrocesos. El Ejecutivo devolvió estos proyectos al Congreso, argumentando que podrían tener impactos negativos en la productividad y que no todas las medidas eran compatibles con la seguridad social en salud.
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En lo que respecta al régimen CAS, se han propuesto modificaciones significativas. A finales de 2024, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) publicó un proyecto de reglamento que introduce cambios clave al Decreto Legislativo N.º 1057. Entre las modificaciones se incluyen la posibilidad de que los trabajadores CAS en cargos de confianza puedan suspender su contrato mientras ocupan estas funciones. Además, se establece que los contratos firmados antes de marzo de 2021 serán permanentes, mientras que los contratos posteriores tendrán una duración temporal, con la posibilidad de renovaciones de hasta tres años. También se ha definido una clasificación de puestos que elimina la ambigüedad en las funciones, estableciendo categorías específicas como coordinador, especialista, analista y asistente.
La Ley Nº 32223, promulgada el 31 de diciembre, respalda estas disposiciones al permitir que los trabajadores CAS ocupen cargos de confianza y se reconozcan certificados de experiencia laboral. Sin embargo, expertos como Christian Sánchez, exministro de Trabajo, advierten que estas reformas son insuficientes para abordar los problemas estructurales del empleo público en Perú. La necesidad de un cambio profundo y sostenible en el ámbito laboral sigue siendo un desafío pendiente para el país en este nuevo año.
Fuente: La República
