Alza del precio del petróleo y su impacto en combustibles
El reciente incremento del precio del petróleo a nivel internacional ha generado un escenario de alta incertidumbre en el mercado energético. Este fenómeno ha provocado un aumento sostenido en los combustibles, afectando directamente a consumidores, empresas y al equilibrio macroeconómico.
En este contexto, las autoridades suelen implementar medidas para contener el impacto en los precios finales. Sin embargo, la evidencia demuestra que muchas de estas intervenciones tienen un alto costo fiscal y resultados limitados en términos de eficiencia.
Además, la situación se ha visto agravada por interrupciones en el suministro de gas natural, lo que ha intensificado la presión sobre los precios de venta al público.
Conflictos geopolíticos y presión sobre el crudo
El alza del precio del petróleo tiene su origen en tensiones geopolíticas recientes. A fines de febrero, el conflicto entre Estados Unidos e Irán generó una alteración significativa en el mercado internacional del crudo.
Uno de los factores más relevantes ha sido la interrupción del tránsito en el Estrecho de Ormuz, una vía estratégica por la que circula aproximadamente el 20% del petróleo mundial. Como consecuencia, el valor del barril aumentó desde cerca de 69 dólares en febrero a más de 100 dólares a mediados de marzo.
Si bien durante algunos días se observó una moderación en los precios, la intensificación del conflicto volvió a generar presiones alcistas, evidenciando la volatilidad del mercado energético.
Este escenario recuerda lo ocurrido en 2022 con la guerra entre Rusia y Ucrania, cuando el precio del petróleo superó los 130 dólares por barril. En esa ocasión, la estabilización tomó varios meses y provocó importantes presiones inflacionarias a nivel global.
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Incremento de combustibles y efectos económicos
El impacto del aumento del precio del petróleo se ha trasladado rápidamente a los mercados locales. Durante marzo, los precios del diésel y las gasolinas registraron incrementos de hasta un 27% en comparación con los promedios de enero y febrero.
Este aumento no responde únicamente a factores externos. También ha influido una mayor demanda de combustibles líquidos, impulsada por eventos locales y por la percepción de una posible escasez en la oferta.
Como resultado, los costos de transporte y producción han aumentado, afectando tanto a los hogares como a las empresas, y generando presiones adicionales sobre la inflación.
Respuestas del Estado y su costo fiscal
Ante episodios de alza de combustibles, el Estado suele recurrir a herramientas como el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) y la reducción o devolución del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC).
No obstante, estas medidas han demostrado tener un elevado costo fiscal. Entre 2004 y 2025, el FEPC acumuló una deuda cercana a los 18 mil millones de soles, principalmente asociada al diésel y al gas licuado de petróleo.
Solo en 2022, el uso de este fondo implicó un gasto superior a los 3.250 millones de soles. A esto se sumó la exoneración temporal del ISC, que redujo la recaudación tributaria en aproximadamente 978 millones de soles en un periodo de tres meses.
En conjunto, estas medidas representaron un costo superior a los 4.200 millones de soles, lo que evidencia el impacto significativo sobre las finanzas públicas.
Por otra parte, las devoluciones del ISC al diésel para transportistas han mantenido una tendencia al alza, con un costo promedio anual de 62 millones de soles en los últimos años.
Limitaciones de los subsidios generalizados
Más allá del costo fiscal, los subsidios generalizados presentan problemas de efectividad.
Uno de los principales es que no logran trasladarse completamente al consumidor final. En el caso del gas licuado de petróleo, la existencia de múltiples intermediarios en la cadena de comercialización reduce el impacto del subsidio.
Estudios han estimado que solo cerca del 30% del beneficio llega efectivamente a los usuarios.
Además, estos mecanismos tienden a ser regresivos, ya que los hogares de mayores ingresos, al consumir más energía, capturan una mayor proporción del beneficio.
En consecuencia, aunque estas medidas buscan mitigar el impacto del aumento del precio del petróleo, terminan generando distorsiones y un uso ineficiente de los recursos públicos.
Alternativas focalizadas en energía
Frente a las limitaciones de los subsidios generalizados, las políticas focalizadas surgen como una alternativa más eficiente.
El Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) es un ejemplo de ello. Este mecanismo promueve el acceso al gas natural, especialmente en sectores vulnerables.
Uno de sus programas más relevantes es Bonogas, que ha permitido la conexión de más de 1,7 millones de hogares desde 2016. De estos, el 93% corresponde a familias en situación de vulnerabilidad, lo que evidencia una adecuada focalización del gasto.
Sin embargo, su impacto se ha visto limitado por recortes presupuestarios recientes. Entre 2024 y 2025, la reducción de recursos provocó una caída significativa en el número de nuevas conexiones.
Conversión vehicular y desafíos del GNV
El programa Ahorro GNV, orientado a la conversión de vehículos a gas natural, también ha contribuido a reducir la dependencia de combustibles más caros.
A pesar de sus avances, este programa ha enfrentado una desaceleración. Mientras en 2024 se registraron cerca de 30 mil conversiones, en 2025 la cifra disminuyó a 22 mil, debido a una reducción presupuestaria.
A ello se suman retrasos en la implementación de los planes anuales, lo que dificulta una asignación eficiente de los recursos y limita el alcance de la política pública.
Perspectivas y desafíos futuros
Actualmente, las autoridades han descartado problemas relevantes de abastecimiento de combustibles. Asimismo, la infraestructura energética ha retomado su funcionamiento normal, reduciendo riesgos internos.
Sin embargo, la principal fuente de incertidumbre sigue siendo la evolución del precio del petróleo en el mercado internacional.
En este escenario, resulta clave considerar las lecciones del pasado. La experiencia de 2022 evidenció que las medidas generalizadas pueden generar altos costos fiscales sin lograr resultados sostenibles.
Por ello, el desafío para la política pública es avanzar hacia mecanismos más focalizados, que permitan proteger a los sectores más vulnerables sin comprometer la estabilidad de las finanzas públicas.
El aumento del precio del petróleo continúa siendo un factor determinante en la evolución de los combustibles y en la economía en general.
Si bien existen herramientas para mitigar su impacto, no todas ofrecen los mismos resultados. Las políticas generalizadas han demostrado ser costosas y poco eficientes, mientras que las estrategias focalizadas presentan mejores resultados en términos de equidad y sostenibilidad.
En un contexto de alta volatilidad internacional, la clave estará en diseñar políticas públicas que equilibren la protección social con la responsabilidad fiscal, evitando repetir errores del pasado.
