Recientemente, ha sido presentado ante el Congreso de la República un proyecto de ley que propone la derogación del Decreto Legislativo 1623 (Tasa Netflix). Esta normativa fue establecida por el Gobierno de Dina Boluarte para regular la tributación de los servicios digitales mediante una modificación a la Ley del Impuesto General a las Ventas (IGV). El congresista Luis Cordero Jon Tay ha manifestado su oposición a esta medida, argumentando que representa una violación a la Constitución del Perú.
De acuerdo con el contenido del proyecto de ley numerado 8631/2024-CR, Cordero Jon Tay sostiene que el Decreto Legislativo 1623 infringe lo estipulado en el artículo 65 de la Constitución, el cual establece que «el Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios». El legislador argumenta que, al incrementar la carga tributaria sobre los servicios digitales, esta normativa provocará un aumento en los precios que deberán asumir los consumidores, lo que resulta en un daño directo a los usuarios de estos servicios.
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En su argumentación, Cordero Jon Tay se apoya en las afirmaciones de un abogado que, en declaraciones a un medio de comunicación, advirtió que la entrada en vigencia del Decreto Legislativo 1623 implicará un incremento del 18% en la tasa del IGV aplicable a los costos de los bienes y servicios digitales. Este contexto sugiere que, inevitablemente, los consumidores se verán obligados a absorber este aumento de precios, lo que dificultará aún más su acceso a estos servicios.
Además, el congresista menciona un estudio realizado por la agencia Sherlock Communications, titulado «Consumo de Streaming en América Latina», que revela que el 56% de los peruanos encuestados consideran que los costos de tener múltiples suscripciones se han vuelto excesivos, principalmente debido a los constantes aumentos de tarifas en estas plataformas. Este estudio también indica que el 52% de los encuestados comparte suscripciones con otros usuarios como una estrategia para mitigar gastos.
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Cordero Jon Tay concluye su planteamiento señalando que las cifras obtenidas en el estudio evidencian que el aumento en los precios de estos servicios digitales lleva a los usuarios a buscar alternativas como el compartir suscripciones o, incluso, a cancelar suscripciones completamente. Pone de manifiesto que la implementación del Decreto Legislativo 1623 puede contribuir a agravar esta situación, limitando así el acceso de los consumidores a plataformas digitales que son cada vez más fundamentales en la vida cotidiana. Con ello, el proyecto de ley en cuestión busca proteger los intereses de los consumidores peruanos, abogando por un entorno más accesible y justo en el ámbito de los servicios digitales.
