Un problema que persiste: las MYPE frente a la burocracia
En el Perú, las micro y pequeñas empresas continúan enfrentando un escenario lleno de obstáculos administrativos que frenan su crecimiento. Este panorama, lejos de mejorar, se ha vuelto más complejo para quienes conforman el tejido económico básico del país: las bodegas y pequeños comercios que sirven a millones de familias. A pesar de ser uno de los sectores más importantes en generación de empleo y acceso a bienes esenciales, la burocracia sigue colocándolos en desventaja frente a grandes cadenas y operadores formales.
Las bodegas, que superan las 500 mil unidades a nivel nacional, representan no solo un punto de abastecimiento para los hogares, sino también el sustento principal de miles de emprendedoras y emprendedores. Sin embargo, enfrentan normas municipales estrictas, procesos duplicados y fiscalizaciones reiteradas que dificultan su permanencia en el mercado formal.
Restricciones que afectan la competitividad del pequeño comercio
Uno de los ejemplos más claros de cómo la normativa puede convertirse en una barrera es la imposición de restricciones horarias para la venta de bebidas alcohólicas. Muchas municipalidades decidieron implementar medidas que limitan la operación de bodegas durante horarios nocturnos, argumentando razones de orden público. No obstante, dichas restricciones generaron consecuencias económicas graves para locales que dependen de estas ventas para mantener su rentabilidad.
Este escenario motivó que el Indecopi emitiera la Resolución 0382-2025/SEL, donde declaró ilegal este tipo de restricciones al no contar con un sustento técnico adecuado. La entidad explicó que estas medidas vulneraban el principio de razonabilidad, afectando directamente la libertad de empresa y colocando sobrecostos innecesarios sobre negocios ya golpeados por la informalidad y la competencia desigual.
Impacto cotidiano: trámites, permisos y fiscalizaciones repetitivas
La problemática va más allá de los horarios. Las MYPE, y especialmente las bodegas, deben afrontar un entramado de permisos y procesos administrativos que retrasan su operación formal. Según datos de Mypes Unidas del Perú, una bodega necesita gestionar hasta 12 trámites distintos para funcionar legalmente. Estos incluyen licencias de funcionamiento, certificaciones sanitarias, permisos de comercialización y habilitaciones municipales.
A ello se suman fiscalizaciones constantes por parte de diferentes entidades, muchas veces sin coordinación entre sí. Esto genera duplicidad de visitas, requerimientos y sanciones que impactan en el tiempo y los recursos limitados de los pequeños negocios. Para quienes operan al límite de su capacidad, cada trámite adicional representa una carga económica difícil de sobrellevar.
Daniel Hermoza, director del Centro de Estudios de Mypes Unidas del Perú, lo resume con claridad:
“Cada trámite adicional, cada restricción municipal y cada permiso duplicado representa tiempo y dinero que las pequeñas empresarias no tienen.”
Sus declaraciones reflejan la realidad de miles de bodegueras que se ven empujadas hacia la informalidad ante la imposibilidad de cumplir con todos los requerimientos.
Un clima regulatorio que desalienta la formalización
Los gremios empresariales han manifestado en repetidas ocasiones que el exceso de normas desarticuladas y la falta de criterios unificados constituyen una amenaza directa para el clima de negocios. Esta preocupación llevó a que representantes de distintos sectores se reunieran con el presidente de la República, José Jerí, con el objetivo de solicitar la eliminación de barreras que frenan la inversión privada.
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Durante este encuentro en Palacio de Gobierno, se destacó la necesidad de revisar y simplificar los procesos regulatorios que afectan directamente la formalización y el crecimiento sostenible de las MYPE. La demanda principal apunta a establecer reglas claras, uniformes y proporcionales al tamaño del negocio, evitando normativas desproporcionadas que solo generan incertidumbre y desigualdad.
El caso de las bodegas: una cadena productiva en riesgo
Para las bodegas, el impacto de estas normativas es particularmente crítico. Se trata de negocios que dependen en gran medida de la venta diaria y de la cercanía con el consumidor. Cualquier restricción que reduzca sus horarios, limite sus categorías de productos o incremente sus cargas administrativas repercute de forma inmediata en su rentabilidad.
Carla Campos, presidenta de la Asociación de Mujeres Bodegueras del Perú (Agremub), explica que las municipalidades no siempre consideran la realidad de estos pequeños negocios.
“No se puede exigir a las bodegas cumplir con más requisitos que las grandes cadenas. Somos parte fundamental del tejido económico del país y necesitamos apoyo, no sanciones.”
Para muchas bodegueras, las normas locales representan un desafío que puede determinar si permanecen en el mercado formal o se ven obligadas a cerrar. Esta situación es especialmente delicada en zonas de bajos ingresos, donde las bodegas no solo cumplen un rol comercial, sino también social.
La Ley Seca: una restricción que amenaza ingresos
Además de los trámites y fiscalizaciones, existen normativas como la Ley Seca, que restringe la venta de bebidas alcohólicas durante eventos electorales o festividades específicas. Aunque su propósito es garantizar el orden público, su aplicación genera pérdidas significativas para los pequeños comercios. Proyecciones para el año 2026 estiman que las pérdidas podrían superar los S/ 320 millones, una cifra que preocupa a los gremios empresariales.
Para muchas bodegas, la venta de bebidas alcohólicas constituye un porcentaje importante de sus ingresos. Cada día de restricción implica un impacto directo en su economía familiar. Esta situación, sumada a otros límites ya existentes, genera un entorno poco favorable para la sostenibilidad del sector.
Un llamado a la modernización del marco regulatorio
La acumulación de restricciones, trámites y fiscalizaciones evidencia la urgencia de modernizar el marco regulatorio que afecta a las MYPE. Para los gremios y asociaciones empresariales, es indispensable que las autoridades municipales y nacionales adopten una perspectiva más técnica y alineada con las necesidades actuales del comercio minorista.
Entre las principales propuestas destacan:
- Simplificación de trámites mediante plataformas digitales unificadas.
- Eliminación de restricciones ilegales o que carezcan de sustento técnico.
- Estandarización de requisitos entre municipalidades para evitar confusiones.
- Programas de capacitación para fortalecer la gestión empresarial de las bodegas.
- Reducción de fiscalizaciones repetitivas mediante coordinación interinstitucional.
Estas medidas permitirían aliviar la carga burocrática sin comprometer el orden y la seguridad en los distritos.
El papel de las bodegas en la economía popular
Las bodegas desempeñan un rol fundamental en la economía peruana. Más allá de ser negocios de proximidad, representan oportunidades de empleo, microemprendimiento y desarrollo comunitario. Su presencia es clave en zonas donde las grandes cadenas de supermercados no llegan, por lo que su sostenibilidad influye directamente en la calidad de vida de millones de personas.
Como señala Hermoza:
“Las bodegas son el primer eslabón de la economía popular. Si las asfixiamos con trámites y multas injustificadas, perdemos todos: el Estado, los consumidores y las familias emprendedoras.”
El fortalecimiento de este sector no solo contribuye al crecimiento económico, sino también a la estabilidad social y a la reducción de la informalidad, uno de los principales desafíos del país.
Hacia un entorno más justo para las MYPE
La situación actual de las bodegas y las MYPE en general exige acciones inmediatas por parte de las autoridades. La burocracia excesiva, las restricciones sin sustento técnico y las fiscalizaciones desordenadas están erosionando la capacidad de desarrollo de miles de pequeños negocios que son esenciales para la economía nacional.
La revisión del marco regulatorio, la simplificación de procesos y el trabajo conjunto entre Estado, municipios y gremios empresariales son pasos clave para construir un entorno más equitativo y competitivo. Solo así será posible garantizar que las bodegas —y todas las MYPE— puedan seguir cumpliendo su rol en la economía peruana sin verse afectadas por trabas administrativas que frenan su crecimiento.
