Al cierre de 2025, la relación entre el Estado mexicano y el empresario Ricardo Salinas Pliego atraviesa uno de sus momentos más críticos y determinantes. El presidente de Grupo Salinas ha manifestado públicamente su intención de cerrar definitivamente el prolongado capítulo de litigios fiscales que mantiene con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), buscando alcanzar una resolución que otorgue certeza jurídica a sus empresas de cara al 2026.
La postura de Grupo Salinas frente al fisco
En un mensaje reciente, Salinas Pliego enfatizó que su prioridad no es la confrontación política, sino el cumplimiento de las obligaciones que legalmente le correspondan. Como argumento de defensa, el propietario de TV Azteca y Elektra destacó que, durante el periodo que abarca la controversia, sus empresas han aportado más de 285,000 millones de pesos a la hacienda pública. Para el empresario, esta cifra es prueba de una voluntad de cumplimiento constante, a pesar de las discrepancias sobre los montos adicionales que el SAT reclama.
Salinas Pliego y el SAT: El inicio de una etapa definitoria
El desenlace de esta pugna recae ahora en una Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) renovada tras los procesos electorales de junio de 2025. El entorno legal se ha tornado más riguroso, especialmente con la presencia de figuras como la ministra Lenia Batres, quien ha impulsado criterios estrictos en materia de recaudación y combate a la evasión.
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La reciente reforma a la Ley de Amparo ha cambiado las reglas del juego, limitando la capacidad de las grandes corporaciones para suspender bloqueos financieros o retrasar pagos mediante litigios prolongados. Casos como el crédito fiscal de FEMSA —que representa una fracción significativa de sus utilidades— y los expedientes pendientes de Elektra son los termómetros que medirán la firmeza de la nueva Corte ante los intereses de los grandes contribuyentes.
El estatus de las plataformas de apuestas: Bet365 y Betano
En paralelo a la disputa fiscal, el brazo de entretenimiento digital del grupo también enfrenta retos regulatorios. A mediados de diciembre, un juez federal otorgó una suspensión definitiva a favor de las aplicaciones de apuestas Bet365 y Betano. Sin embargo, este fallo es restrictivo: únicamente permite a las empresas conservar sus dominios digitales y aplicaciones para evitar la pérdida de sus activos en la red, pero no las autoriza a reanudar operaciones.
Cualquier intento de actividad de juego o captación de apuestas antes de la resolución final en 2026 resultaría en el levantamiento inmediato de la protección judicial. Este escenario mantiene en pausa una línea de negocio clave, cuya operatividad dependerá de la capacidad de las empresas para alinearse con los nuevos marcos normativos impuestos por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.
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El 2026 se perfila así como el año de las definiciones para uno de los grupos económicos más influyentes del país, en un contexto donde la política fiscal y la reforma judicial han convergido para elevar la presión sobre la alta dirección empresarial en México.
Fuente: El CEO
