El panorama para la importación y legalización de vehículos usados en México ha experimentado cambios significativos en su estructura impositiva y operativa. Según las directrices vigentes, se ha establecido una diferenciación arancelaria estratégica basada en la antigüedad de las unidades y su destino final dentro del territorio nacional.
Nueva política arancelaria y la regularización vehicular en México
Para la franja fronteriza, el esquema arancelario se divide en dos categorías: las unidades con una antigüedad de entre cinco y nueve años están sujetas a un gravamen del 1%, mientras que aquellas que superan la década de fabricación enfrentan una tasa del 10%. En contraste, para el interior del país, se aplica un arancel uniforme del 10% a todos los vehículos cuya antigüedad sea superior a los ocho años.
Este marco regulatorio busca equilibrar la necesidad de movilidad en zonas limítrofes con la protección del mercado automotriz en el resto de la República.
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Hasta el cierre de noviembre de 2025, el Registro Público Vehicular (REPUVE) reportó una cifra histórica de 2,987,839 unidades legalizadas. Este proceso de regularización masiva ha representado una fuente de financiamiento público considerable, recaudando un total de 7,302 millones de pesos.
De acuerdo con el mandato federal, estos recursos han sido etiquetados y transferidos directamente a las entidades federativas participantes para ejecutar programas de repavimentación y mejora de infraestructura vial, devolviendo el ingreso generado por el trámite en beneficios tangibles para las comunidades.
El debate entre la industria nacional y la economía familiar
La permanencia de los decretos de regularización, conocidos coloquialmente como la legalización de «autos chocolate», ha generado posturas encontradas entre analistas y sectores productivos:
Perspectiva de la Industria: Organizaciones del sector automotriz nacional sostienen que la entrada masiva de estas unidades —que en 2024 superó la venta de autos nuevos (1.8 millones frente a 1.5 millones)— representa un golpe directo a su competitividad y volumen de ventas. Argumentan que la oferta de vehículos importados usados presiona a la baja el valor de reventa de los autos nacionales.
Realidad Socioeconómica: Por otro lado, analistas financieros como Carlos López Jones sugieren que el impacto real en las agencias podría ser menor al estimado, dado que el perfil del comprador de estos autos busca unidades con valores inferiores a los 100,000 pesos. Este segmento de la población, compuesto mayoritariamente por familias de ingresos medios-bajos en localidades pequeñas, difícilmente tendría acceso al mercado de autos nuevos, cuyos precios base oscilan entre los 300,000 y 500,000 pesos.
Riesgos operativos y prevención de fraudes
Ante el posible endurecimiento de las normas o el fin de ciertos beneficios fiscales, firmas financieras como Monex advierten sobre un incremento potencial en las actividades ilícitas. La Directora de Análisis de la institución, Janneth Quiroz, ha hecho un llamado a los propietarios para extremar precauciones frente a gestores o agencias que prometen regularizaciones fuera del marco legal.
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El desafío para el cierre de 2026 radica en encontrar un punto de equilibrio que brinde certidumbre jurídica a las familias sin comprometer la salud financiera de la industria automotriz nacional, todo esto bajo un esquema de vigilancia que erradique la informalidad y el fraude en los trámites de importación.
Fuente: 24 Horas
