La crisis de seguridad en las carreteras mexicanas ha dejado de ser un desafío operativo para convertirse en un fenómeno económico con impacto directo en el bolsillo de las familias. De acuerdo con el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), la necesidad de implementar medidas de protección extremas, como el uso de escoltas armadas para custodiar el transporte de carga, puede incrementar los costos logísticos hasta en un 30%.
Víctor Manuel Herrera Espinosa, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF, advierte que este excedente no es absorbido por las empresas, sino que se traslada al precio final de los productos. En un entorno donde los bloqueos y la falta de vigilancia en autopistas generan pérdidas millonarias, la inseguridad se consolida como un factor inflacionario que encarece la producción y el consumo a nivel nacional.
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El fenómeno de la migración delictiva
A pesar de los esfuerzos gubernamentales mediante estrategias como el Plan Cero Robos y el Operativo Escalón de la Guardia Nacional, el crimen organizado ha demostrado una alta capacidad de adaptación. Según datos de la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular (ANERPV), se ha observado una «mutación» geográfica del delito durante el último año.
Si bien las autoridades han logrado reducir la incidencia en puntos críticos históricos de la Carretera México 57D y la 150D —específicamente en zonas del Estado de México y Querétaro—, los grupos delincuenciales han desplazado sus operaciones hacia nuevos tramos. Actualmente, municipios como Guadalcázar, San José del Río y Maltrata han registrado un repunte en la actividad ilícita, lo que evidencia que el problema no se ha erradicado, sino que simplemente se ha movido de coordenada.
El modus operandi: Un desafío a la movilidad
El análisis de las incidencias delictivas revela una preocupante sofisticación en los ataques. El 65% de los robos ocurren mientras las unidades de carga se encuentran en pleno movimiento, lo que obliga a las empresas a invertir en tecnologías de rastreo de última generación y en protocolos de reacción inmediata.
Por otro lado, el 34.1% de los incidentes se producen cuando las unidades están estacionadas, principalmente en zonas de descanso no autorizadas o puntos vulnerables vinculados al mercado ilícito de combustible. Solo un margen mínimo de los eventos ocurre durante la espera para ingresar a los centros de descarga.
La falta de un entorno seguro para el transporte de mercancías está redefiniendo la logística en México. Las empresas ya no solo diseñan sus rutas con base en la eficiencia de tiempo y combustible, sino en la gestión de riesgos y la supervivencia de sus activos.
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Para el IMEF, el costo de la inseguridad es un lastre que limita la competitividad del país. Mientras el problema no se atienda de forma integral, el consumidor mexicano seguirá pagando este «impuesto al crimen», reflejado en cada producto que llega a los anaqueles tras haber sobrevivido a las rutas más peligrosas del país.
Fuente: Thelogisticsworld.com
