La propuesta de Donald Trump de gravar las remesas enviadas por migrantes indocumentados a sus países de origen, incluyendo México, ha generado preocupación. Este impuesto del 5%, impulsado por legisladores republicanos en mayo de 2025 bajo el paquete legislativo «The One, Big, Beautiful Bill», busca financiar programas domésticos en Estados Unidos. Sin embargo, su impacto podría ser significativo para México, un país donde las remesas constituyen un pilar económico fundamental, alcanzando los 64,700 millones de dólares en 2024, equivalentes al 3.5% del PIB nacional.
¿Quiénes serían los afectados y por qué?
Según un estudio de BBVA Research, el 97% de las remesas que recibe México provienen de Estados Unidos. Aproximadamente 12.7 millones de migrantes mexicanos residen en ese país, y de ellos, unos 4.5 millones se encuentran en situación migratoria irregular, siendo el objetivo directo de esta medida. La exclusión de ciudadanos estadounidenses y residentes legales con número de Seguro Social confirma que este impuesto apunta a los migrantes más vulnerables.
BBVA advierte que un impuesto del 5% elevaría el costo de enviar $350 USD de $6.00 a $23.50 USD, casi cuadruplicando el precio. Esta carga adicional, además de ser «injusta, regresiva y contraria a los compromisos internacionales», incentivaría a los migrantes a buscar alternativas para evitar el pago, como:
- Canalizar envíos a través de familiares o amigos con ciudadanía.
- Utilizar el sistema bancario de forma directa.
- Recurrir a canales informales.
¿Cómo afectará el impuesto a las remesas en México?
Aunque el impacto macroeconómico en la balanza de pagos de México sería limitado (0.08% del PIB), las consecuencias a nivel regional podrían ser considerables. Se estima que el 50% de las remesas que llegan a México provienen de migrantes indocumentados, lo que podría significar una reducción de $1,563 millones de dólares en 2026.
Los estados más afectados en términos porcentuales serían Tamaulipas (-4.4%) y Guerrero (-4.3%), seguidos por Puebla y Oaxaca. En términos absolutos, Michoacán (-$147.5 millones USD) y Guerrero (-$146.6 millones USD) serían los más impactados.
El Costo Humano y la Postura del Gobierno Mexicano
Más allá de las cifras, el impacto humano es el más preocupante. Se estima que 4.1 millones de migrantes mexicanos indocumentados serían directamente afectados, sumando este impuesto a las cargas fiscales que ya pagan en Estados Unidos. Este «doble tributo» es regresivo, afectando a quienes tienen menores ingresos y menos opciones.
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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha rechazado categóricamente la propuesta, calificándola de discriminatoria y violatoria del Tratado para Evitar la Doble Tributación entre México y Estados Unidos, vigente desde 1994. El gobierno mexicano ha anunciado acciones diplomáticas, incluyendo reuniones con congresistas estadounidenses, diálogo con legisladores de EE. UU. a través de una comisión del Senado mexicano, y un llamado a los connacionales a expresar su rechazo.
Alternativas y Riesgos
El estudio de BBVA sugiere que, ante el impuesto, los migrantes podrían explorar opciones como la bancarización (actualmente el 85% de los migrantes adultos mexicanos tienen cuentas bancarias en EE. UU., pero la inclusión financiera en México es baja entre los receptores) o recurrir a canales informales. Estos últimos, si bien podrían mitigar el impuesto, plantean el riesgo de una mayor informalidad e incluso la posible infiltración de organizaciones criminales en el mercado de envío de remesas.
El impuesto propuesto por Trump no solo va en contra de un tratado bilateral, sino que también contraviene los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que buscan reducir las desigualdades y los costos de transacción de las remesas.
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Este debate subraya la vulnerabilidad de millones de familias mexicanas y el uso político de los migrantes en contextos electorales. Un impuesto a las remesas no es solo una cuestión económica; es, como señala BBVA, «injusto, regresivo y con impactos limitados», pero con una profunda herida social.
