El Impuesto Especial sobre los envases de plástico no reutilizables, en vigor en España desde enero de 2023, está empezando a generar efectos negativos sobre la competitividad del tejido industrial, según un análisis de Deloitte recogido por Europa Press. Aunque la medida fue planteada con un enfoque de economía circular y reducción de residuos, el informe sostiene que su diseño y aplicación estarían provocando una desventaja frente a otros países europeos que no cuentan con un tributo equivalente.
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En términos prácticos, el gravamen se traduce en mayores costes para las empresas que utilizan envases con plástico no reutilizable, además de incorporar cargas adicionales de tipo administrativo y de gestión. De acuerdo con el documento, esa combinación de incremento fiscal y complejidad operativa está afectando especialmente a los fabricantes y transformadores españoles, que compiten en el mercado interior con productos importados que, en la práctica, no enfrentan el mismo nivel de presión tributaria.
Deloitte señala un punto especialmente relevante: España sería, en la actualidad, el único país de la Unión Europea que aplica este impuesto de manera vigente, lo que intensifica el desequilibrio competitivo con terceros mercados. El resultado es una situación en la que el coste asociado al uso de plásticos no reutilizables recaería con mayor fuerza sobre los agentes nacionales, mientras que las alternativas importadas podrían entrar al mercado español en condiciones relativamente más favorables.
Impacto sobre costes y desventaja industrial
El informe remarca que el impuesto no se limita a “castigar” al sector del plástico como industria aislada. En realidad, el tributo afecta a una parte amplia del tejido productivo que necesita envases de plástico para embalar, proteger y transportar mercancías. Esto significa que la medida puede acabar repercutiendo en múltiples cadenas de suministro, desde la industria transformadora hasta la distribución y el empaquetado de bienes.
A medida que el coste fiscal se integra en la estructura de costes empresariales, las compañías se enfrentan a dos escenarios difíciles. Por un lado, trasladar parte del sobrecoste al precio final puede tensionar la demanda y reducir la capacidad de competir. Por otro lado, absorberlo para no perder clientes implica reducir márgenes, con el riesgo añadido de frenar inversiones o retrasar mejoras en procesos y materiales.
Además, el análisis indica que la fiscalidad incorpora también una carga administrativa adicional. Aunque el impuesto persigue objetivos ambientales, su ejecución requiere mecanismos de cálculo, verificación y gestión que, según Deloitte, elevan el grado de complejidad para las empresas. En un entorno ya condicionado por la volatilidad de precios de materias primas y por las exigencias de sostenibilidad, cualquier incremento de fricción operativa puede pasar factura.
Favorecimiento de importaciones tras la entrada en vigor
Uno de los elementos más llamativos del informe es la coincidencia temporal entre la entrada en vigor del tributo y un incremento sostenido de las importaciones de productos incluidos en su ámbito de aplicación. Deloitte atribuye al cambio regulatorio un efecto de reordenación del mercado: los importadores se habrían visto favorecidos frente a los fabricantes españoles, alterando las condiciones de competencia.
La situación descrita se observa con especial intensidad en categorías que dependen del film estirable, un material habitual en entornos industriales para paletización y aseguramiento de cargas. El documento explica que, durante 2022, antes de que el impuesto comenzara a aplicarse, se produjo una anticipación de compras por parte de operadores que buscaban minimizar el impacto fiscal futuro. Como consecuencia, durante ese ejercicio se habría producido una entrada masiva de producto.
En concreto, Deloitte detalla que en 2022 se elevaron las importaciones en un 31,8% interanual, alcanzando un volumen de 95.200 toneladas. Ya con el impuesto en vigor, en 2023, las ventas y la producción de empresas nacionales habrían caído entre un 20% y un 30% respecto al año anterior. Este descenso sería coherente con la idea de que el diferencial de coste entre producto nacional e importado puede terminar desplazando cuota de mercado.
Film estirable importado y dudas sobre el contenido reciclado
El análisis también introduce una segunda capa de impacto relacionada con la composición del material importado. Deloitte advierte sobre la llegada masiva de film estirable importado que se presenta como plástico reciclado, con porcentajes que en muchos casos estarían cerca del 90%.
Sin embargo, el informe pone en cuestión esos niveles y considera que el porcentaje real debería estar más cerca del 30%. La diferencia no es menor: en el marco del impuesto, el tratamiento fiscal depende del grado de reciclado del plástico utilizado. Si el contenido reciclado declarado no se corresponde con la realidad, podría existir un incentivo económico a declarar niveles más altos para beneficiarse de condiciones fiscales o de no sujeción aplicables a determinados supuestos.
De este modo, el tributo, en lugar de corregir el uso de material no reciclado, podría terminar generando una “competencia por certificaciones”, donde el valor del dato declarado pesa tanto como el objetivo ambiental. Deloitte llega incluso a sugerir que esa divergencia podría estar vinculada a prácticas fraudulentas o, como mínimo, a una falta de rigor en la verificación práctica de esos porcentajes.
Brecha de precios entre el producto nacional e importado
Una de las conclusiones más directas del informe se apoya en una comparación de precios. Según los datos recogidos por Europa Press, el precio medio del producto nacional con el impuesto incluido se situaría en torno a 2,27 euros por kilo. Frente a ello, el material importado desde países como Arabia Saudí, Egipto o Brasil estaría alrededor de 1,19 euros por kilo.
Esa diferencia, según Deloitte, supone entre un 25% y un 30% del precio final. Y es precisamente ese diferencial el que, en el análisis, se relaciona con la pérdida progresiva de presencia en el mercado por parte de fabricantes españoles. En otras palabras, aunque el impuesto persigue incentivar la economía circular, su efecto podría estar siendo contrarrestado por una brecha de costes que empuja a los compradores hacia opciones importadas más baratas.
Riesgo para la sostenibilidad y efectos secundarios no deseados
Aunque el impuesto está orientado a reducir residuos y fomentar la utilización de plásticos reciclados, el informe añade una advertencia: podría estar generando efectos secundarios que, lejos de mejorar la sostenibilidad, la complican.
En particular, Deloitte alerta de un posible estímulo al uso de envases mixtos de papel y plástico. El motivo es que estos formatos pueden ser atractivos desde el punto de vista del cumplimiento fiscal o de la optimización de costes, pero su reciclabilidad suele ser más compleja. Si la combinación de materiales dificulta la separación y el reciclaje, el resultado final puede no alinearse del todo con el objetivo ambiental original.
En suma, el análisis sugiere que un sistema basado en un incentivo económico puede derivar en soluciones técnicas “de compromiso” si no existe una verificación robusta y si la comparativa entre alternativas no se gestiona con precisión.
Problema de verificación del contenido reciclado
Otro punto crítico del informe es la dificultad para verificar técnicamente el contenido reciclado de los envases. Deloitte indica que, aunque la ley contempla supuestos de no sujeción al impuesto para determinados materiales reciclados, en la práctica no existiría un método fiable, físico o químico, que permita comprobarlo con seguridad.
Esta limitación es especialmente importante porque el impuesto toma como base el contenido de plástico no reciclado presente en los envases. Si no se puede contrastar de forma sólida la proporción real de reciclado, el sistema pierde parte de su capacidad para orientar decisiones hacia la mejora ambiental real. Además, abre la puerta a incertidumbres, disputas y riesgos para la seguridad jurídica de las empresas cumplidoras.
Propuesta de reformas para mejorar eficacia y seguridad jurídica
Ante este escenario, Deloitte plantea la necesidad de reformas legales, técnicas y operativas para reforzar la eficacia recaudatoria y mejorar la seguridad jurídica. En el enfoque del informe, el objetivo es alinear el impuesto con su finalidad medioambiental, de modo que el incentivo se traduzca en cambios reales en materiales y en comportamientos empresariales, y no solo en optimización de costes o en declaraciones difíciles de validar.
En este sentido, la discusión no se centra únicamente en “subir o bajar impuestos”, sino en garantizar que el tributo pueda cumplirse con confianza por todas las partes, evitando asimetrías competitivas y reduciendo la posibilidad de fraude o de uso de certificaciones no plenamente verificables.
Qué es el impuesto al plástico: naturaleza y funcionamiento
El Impuesto Especial sobre los envases de plástico no reutilizables es un tributo indirecto de carácter medioambiental, creado por la Ley 7/2022 y vigente desde el 1 de enero de 2023. Grava la utilización en España de envases que contienen plástico y que no están diseñados para ser reutilizados.
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La medida se aplica a la fabricación, importación o adquisición intracomunitaria de estos productos. La base imponible se calcula en función de los kilogramos de plástico no reciclado incorporados. Es decir, cuanto mayor sea la proporción de plástico no reciclado en el envase, mayor será el peso fiscal asociado.
El impuesto fija un tipo de 0,45 euros por kilogramo de plástico no reciclado. El propósito declarado es incentivar la economía circular, reducir la generación de residuos y fomentar el uso de materiales reciclados. En la lógica de la norma, el coste fiscal se traslada a lo largo de la cadena de valor y, en última instancia, puede reflejarse en el precio final, desincentivando el uso de plásticos de un solo uso.


