La Comisión Europea ha lanzado una advertencia directa a España por la maraña regulatoria que frena la apertura de tiendas y limita la libertad horaria en el sector retail. El informe, publicado esta semana, radiografía sin miramientos los problemas estructurales del comercio español y señala que las normas sobre etiquetado y envases obligan a los negocios a adaptar productos exclusivamente para el mercado nacional, encareciendo la operativa frente a otros países europeos.
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Desde Bruselas consideran que existe una restricción regulatoria excesiva que se traduce en tres problemas fundamentales: trabas para abrir nuevos establecimientos, lentitud en las autorizaciones administrativas y una fragmentación normativa entre comunidades autónomas que lastra la competitividad.
Licencias duplicadas y autorizaciones que frenan la inversión
Uno de los puntos más críticos que recoge el informe es el sistema de licencias. Actualmente, hay trece comunidades autónomas que mantienen la doble licencia autonómica y municipal, o controles administrativos equivalentes. Esto significa que un comerciante que quiera abrir una tienda debe enfrentarse a dos procesos burocráticos distintos, con plazos, requisitos y organismos diferentes.
«Los procedimientos de licencia y autorización para establecer negocios son gravosos y crean obstáculos adicionales para la entrada en el mercado y la inversión», advierte el documento comunitario.
La patronal La Distribución —que agrupa a grandes cadenas como El Corte Inglés o Ikea— coincide plenamente con este diagnóstico. Señala que existen decenas de regulaciones comerciales distintas en España que varían drásticamente según la comunidad autónoma o el municipio, lo que destruye la unidad de mercado y ralentiza la expansión de las cadenas comerciales.
Flexibilidad horaria: un asunto pendiente
Otro frente abierto es la rigidez horaria. Bruselas incide en que España ofrece poca flexibilidad para operar con mayor libertad. El modelo actual combina un régimen general bastante regulado con excepciones amplias para pequeños comercios y zonas turísticas, conocidas como Zonas de Gran Afluencia Turística (ZGAT).
Esta calificación otorga a los comercios plena libertad para determinar los días y horas de apertura. Sin embargo, la aplicación de esta figura no es homogénea y depende de cada comunidad autónoma, generando un mapa desigual donde unos territorios ofrecen ventajas competitivas que otros no.
La fragmentación normativa agrava aún más el problema. «Las diferencias en la regulación entre comunidades autónomas aumentan los costes de cumplimiento y crean barreras para las empresas que operan entre regiones», subraya el informe comunitario.
Una avalancha legislativa sin precedentes
Lejos de simplificarse, la presión legislativa sobre el comercio no ha dejado de crecer. Durante 2025 se aprobaron o modificaron 1.411 textos normativos, entre leyes, reglamentos y otras disposiciones jurídicas. Esto equivale a que cualquier comercio tuvo que conocer y ejecutar 3,8 nuevas normas cada día del año, según datos de Asedas, la patronal que representa a cadenas como Mercadona, Dia o Lidl.
Esta vorágine legislativa supone una carga especialmente pesada para las pequeñas y medianas empresas, que no disponen de departamentos jurídicos o de cumplimiento normativo para gestionar semejante volumen de cambios.
El sector sigue creciendo pese a las trabas
A pesar de este entorno regulatorio adverso, el sector minorista español mantiene un pulso expansivo notable. Según los datos más recientes, los supermercados continúan su imparable crecimiento: se prevén 860 aperturas durante 2025, lo que permitirá superar la red de 26.000 tiendas en todo el país.
Este dato demuestra que, incluso con barreras administrativas, el mercado responde a la demanda de los consumidores. No obstante, desde las patronales del sector advierten que el crecimiento podría ser mucho mayor si se eliminaran los obstáculos burocráticos que denuncia Bruselas.
El coste de la divergencia normativa
Uno de los aspectos menos visibles pero más costosos para el sector es la obligación de adaptar productos específicamente para el mercado español. Las reglas sobre etiquetado y envases, que en muchos casos van más allá de lo que exige la normativa europea, fuerzan a las empresas a mantener líneas de producción diferenciadas para España.
Esto no solo incrementa los costes operativos, sino que disuade a cadenas internacionales de entrar en el mercado español o de expandir su presencia. La Comisión Europea ha sido clara al señalar que esta situación aleja a España del estándar comunitario y reduce su atractivo como destino de inversión.
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Un llamamiento a la reforma
El informe de Bruselas no es una mera observación: es un llamamiento explícito a que España emprenda reformas estructurales en su modelo de regulación comercial. Simplificar los procedimientos de apertura, armonizar las normas entre comunidades autónomas y flexibilizar los horarios comerciales son medidas que la Comisión considera prioritarias.
La pelota está ahora en el tejado del Gobierno y las comunidades autónomas. La pregunta es si serán capaces de ponerse de acuerdo para desatar el nudo burocrático que, según Bruselas, mantiene atado al comercio minorista español. Mientras tanto, el sector sigue abriendo tiendas, pero con la sensación de que podría hacerlo mucho más y mejor si las trabas regulatorias dejaran de ser un lastre.
