Pagos digitales bajo presión, el reto tecnológico tras la nueva retención en Colombia, la propuesta del Ministerio de Hacienda de Colombia de aplicar una retención en la fuente del 1,5 % a los pagos realizados mediante Bre-B y billeteras digitales ha abierto un debate que trasciende lo puramente fiscal. Si bien el objetivo es igualar el tratamiento tributario entre pagos electrónicos y los realizados con tarjeta, la iniciativa plantea un desafío tecnológico sin precedentes para las plataformas, fintech y comercios del país, especialmente los pequeños y medianos.
De aprobarse, las empresas deberán adaptar sus sistemas en tiempo récord para calcular, descontar y reportar de forma automática esta retención. No se trata solo de cumplir con la ley, sino de hacerlo sin interrumpir la experiencia del usuario, garantizando la trazabilidad, seguridad y precisión de cada operación.
El debate, por tanto, no gira únicamente en torno al impacto económico de la medida, sino a la capacidad tecnológica del ecosistema financiero colombiano para responder a una regulación que exige procesos automatizados, interoperables y confiables.
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Un impuesto con múltiples implicaciones
El borrador del decreto presentado por el Ministerio de Hacienda plantea una retención del 1,5 % sobre los pagos realizados con Bre-B, billeteras digitales y otros medios electrónicos, con el fin de equilibrar el sistema tributario. Actualmente, los pagos con tarjeta ya están sujetos a ese cobro, por lo que se busca evitar distorsiones entre distintos métodos de pago.
Sin embargo, diversos expertos y asociaciones del sector fintech advierten que esta medida podría encarecer las transacciones digitales y desincentivar su uso, especialmente entre los pequeños comercios y los usuarios que apenas están migrando del efectivo a los medios digitales.
En palabras de Óscar Manco López, PhD en Ciencias Económicas, esta política “podría interpretarse como un retroceso en la lucha por la inclusión financiera, justo cuando Colombia había logrado avances significativos en el uso del dinero digital”.
El experto señala que programas como Pix en Brasil o Zelle en Estados Unidos han demostrado que la digitalización de los pagos no solo mejora la eficiencia del sistema, sino que también reduce la informalidad y el uso de efectivo, objetivos que podrían verse comprometidos con la nueva retención.
“Esta medida afectaría a todos los segmentos sociales que han visto en Bre-B y las billeteras digitales una oportunidad para vincularse al sistema financiero. Penalizar las transacciones electrónicas es desincentivar la innovación y la inclusión”, concluye Manco.
Bre-B y la apuesta por la inclusión financiera
Lanzado hace poco más de un año, Bre-B se ha consolidado como un sistema de pagos instantáneos que busca democratizar el acceso a servicios financieros en Colombia. Inspirado en modelos internacionales de éxito, su meta es reducir la dependencia del efectivo, facilitar las transferencias entre personas y comercios, y fortalecer la bancarización.
A la fecha, más de 10 millones de colombianos han realizado operaciones con Bre-B, y se estima que más del 60 % de los nuevos usuarios digitales del país lo han hecho a través de billeteras electrónicas vinculadas a esta red.
Sin embargo, la imposición de una retención podría frenar ese crecimiento. Muchos pequeños comerciantes, que encontraron en Bre-B una alternativa eficiente y de bajo costo para recibir pagos, se enfrentarían ahora a una carga fiscal y operativa adicional.
El problema no radica únicamente en el cobro del impuesto, sino en la capacidad de las plataformas y comercios para cumplir con las obligaciones técnicas que este genera.
El verdadero reto: la infraestructura tecnológica
De acuerdo con Lucas Souza, director de innovación en Kuvasz Solutions, el impacto más grande de la medida no será fiscal, sino tecnológico.
“Para aplicar una retención del 1,5 % de forma automática, las plataformas necesitarían integrar módulos de conciliación que aseguren precisión en tiempo real, APIs seguras que permitan el intercambio inmediato de información con bancos y la DIAN, y sistemas de automatización inteligente que garanticen la trazabilidad completa de cada operación”, explica Souza.
Esto implica una transformación profunda en la arquitectura digital de muchas fintech y comercios, especialmente aquellos que no cuentan con la infraestructura necesaria para cumplir con estas exigencias.
“Las pequeñas y medianas empresas serían las más afectadas. Muchas no disponen de sistemas de gestión automatizados ni del personal técnico para implementar estos cambios. Es fundamental que el Gobierno considere programas de apoyo tecnológico antes de poner en marcha la medida”, añade Souza.
La adaptación requeriría, además, procesos de actualización de software, certificación de seguridad y pruebas de interoperabilidad, lo cual podría elevar los costos de operación para muchos actores del sistema.
Conciliación automática y APIs: la nueva columna vertebral del sistema
En la práctica, aplicar esta retención de forma eficiente requeriría que todas las transacciones digitales pasaran por plataformas de conciliación automática capaces de identificar el tipo de operación, calcular la retención correspondiente y reportarla a la DIAN sin intervención manual.
Estas plataformas deben estar conectadas mediante APIs (Application Programming Interfaces) con bancos, fintech, comercios y autoridades tributarias, garantizando un flujo de información continuo, cifrado y verificable.
Para el caso colombiano, donde coexisten más de 50 entidades financieras y 200 fintech activas, la interoperabilidad será el mayor reto. La falta de estándares comunes podría generar errores en la aplicación del impuesto, demoras en los reportes o incluso duplicidades en la retención, afectando directamente a los usuarios finales.
Souza propone que el Banco de la República y la DIAN lideren la creación de un marco técnico de interoperabilidad que facilite esta transición, siguiendo modelos como el de Brasil (BACEN + Pix), que ha sido reconocido por su eficiencia y transparencia.
El costo oculto de la retención
Más allá de la parte técnica, esta medida también podría tener un efecto psicológico en los usuarios. Si los consumidores perciben que los pagos digitales se encarecen, podrían volver al uso de efectivo, afectando directamente los avances en digitalización financiera que el país ha logrado.
Las fintech y bancos digitales, que invirtieron millones en incentivar la adopción de billeteras y apps de pago, podrían enfrentar una reducción en la transaccionalidad y un menor crecimiento en usuarios activos.
Por su parte, los comercios tendrían que recalcular sus márgenes de ganancia, considerando no solo la retención, sino también las posibles actualizaciones tecnológicas que esta exige.
En sectores como el de las microempresas o los comercios informales digitalizados recientemente, incluso un 1,5 % puede representar la diferencia entre mantener la rentabilidad o volver al efectivo.
¿Cómo mitigar el impacto?
Los expertos coinciden en que el éxito de esta medida dependerá de cómo se implemente. Si se acompaña de políticas de apoyo y de herramientas tecnológicas accesibles para los pequeños comercios, podría convertirse en una oportunidad para modernizar la infraestructura financiera del país.
Algunas propuestas incluyen:
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Subsidios tecnológicos o créditos blandos para que los comercios adquieran soluciones de automatización y conciliación.
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Desarrollo de APIs nacionales estándar, que permitan la interoperabilidad entre plataformas y entidades financieras.
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Fases de transición progresivas, para que los actores más pequeños puedan adaptarse sin sanciones inmediatas.
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Capacitación técnica y tributaria, para que los empresarios comprendan los nuevos procesos y eviten errores en los reportes.
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Revisión anual del impacto fiscal, con el fin de ajustar la medida si se detectan efectos adversos sobre la inclusión financiera.
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Innovar sin frenar el progreso digital
En un momento en que Colombia lidera en Latinoamérica el crecimiento del ecosistema fintech y la adopción de pagos instantáneos, cualquier política fiscal debe ser tecnológicamente viable y socialmente inclusiva.
La retención del 1,5 % a los pagos digitales podría, paradójicamente, acelerar la innovación si impulsa a las plataformas a mejorar su infraestructura, pero también podría ralentizar el progreso si no se acompaña de un plan tecnológico sólido.
Como señala Souza:
“Bre-B y las billeteras digitales deben ser vistas como herramientas para la inclusión, no como fuentes de recaudación. La regulación tiene que caminar al mismo ritmo que la innovación, no detrás de ella.”
En definitiva, la discusión sobre esta retención revela algo más profundo: el futuro de la economía digital colombiana dependerá de su capacidad para integrar tecnología, política y equidad en un mismo sistema. Si el país logra equilibrar estos tres elementos, podrá consolidar una red de pagos moderna, segura y verdaderamente inclusiva.
