La Asociación del Retail Financiero, gremio que agrupa a importantes empresas del sector como Servicios Financieros (Lider – BCI), Hites, CMR Falabella, Dimarsa, SBPay, Cencosud, Spin y CAR Ripley, sufrió un revés en su ofensiva legal contra la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel).
El conflicto gira en torno a la obligación de utilizar únicamente los prefijos 600 y 809 para realizar llamadas masivas, medida que la autoridad implementó con el objetivo de reducir el spam y proteger a los consumidores.
La decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago de rechazar el recurso de amparo económico interpuesto por el gremio marca un capítulo relevante en la tensión entre la industria y la regulación.
La acción judicial del retail financiero
El gremio del retail financiero presentó un recurso de amparo económico contra la resolución de Subtel, buscando impugnar la obligación de utilizar los prefijos 600 y 809 en llamadas masivas. La acción se enmarca en un nuevo capítulo de la ofensiva legal del sector, que ya había manifestado su preocupación por los efectos que la medida podría tener sobre la eficiencia operativa de sus unidades de cobranza y ventas telefónicas.
El recurso planteaba que la medida regulatoria vulneraba ciertas disposiciones constitucionales relativas al ejercicio de la actividad económica y la libertad de empresa. Sin embargo, la corte consideró que la vía del amparo económico no era la adecuada para resolver la controversia.
Fallo de la Corte de Apelaciones
En su sentencia, la Corte señaló que el recurso de amparo económico solo procede cuando hay vulneración del inciso segundo del N°21 del artículo 19 de la Constitución, es decir, aquella que regula la participación del Estado en actividades empresariales mediante leyes de quórum calificado.
La resolución añade que: “Si se alega una vulneración al inciso primero del N°21 del artículo 19, como sucede en este caso, la vía idónea es el recurso de protección contemplado en el artículo 20 de la Constitución”.
En términos simples, la Corte indicó que los reclamos de la Asociación del Retail Financiero deberían haberse presentado como recurso de protección, y no como amparo económico. Esta decisión implica que la forma procesal utilizada por el gremio fue inapropiada, aunque no entra a analizar el fondo de la disputa sobre los prefijos 600 y 809.
Reacción del gremio
Tras conocerse el fallo, la Asociación del Retail Financiero señaló que está evaluando presentar un recurso ante la Corte Suprema, aprovechando que la Corte de Apelaciones se centró en la forma más que en el fondo del asunto.
Un vocero del gremio comentó: “Tras una lectura preliminar podemos ver que la corte se refirió más bien a la forma que al fondo, lo que abre un espacio para evaluar la posibilidad de recurrir en segunda instancia, ante la Corte Suprema”.
El gremio insiste en que la regulación de los prefijos podría tener impactos significativos en la eficiencia operativa de las empresas del sector, especialmente en áreas de cobranza y atención masiva de clientes.
Impactos de la medida de Subtel
La normativa que obliga a usar los prefijos 600 y 809 comenzó a regir el 13 de agosto de 2025, y durante su primer mes de implementación ya ha generado efectos tangibles en la operación del retail financiero.
Según un informe preliminar enviado a Pulso a mediados de septiembre, la medida provocó:
- Reducción de 40% en la contactabilidad de las unidades de cobranza, limitando la capacidad de las empresas para recuperar créditos.
- Posibles riesgos sistémicos a mediano plazo, si la disminución de contacto afecta la gestión de cartera de créditos y la liquidez de los actores del sector.
Los gremios señalan que estas restricciones podrían tener efectos adversos sobre la economía familiar, dado que la eficiencia en la recuperación de créditos es clave para mantener la oferta de financiamiento al consumo.
Controversia regulatoria
El conflicto entre el retail financiero y Subtel refleja una tensión más amplia entre regulación y operación empresarial:
- Protección al consumidor: la medida busca reducir el spam y las llamadas no deseadas, protegiendo la privacidad de los usuarios.
- Eficiencia operativa: las empresas del sector sostienen que los cambios en prefijos limitan su capacidad de contacto masivo, afectando la gestión de clientes y la recuperación de créditos.
- Seguridad jurídica: la disputa judicial también plantea cuestiones sobre qué vía legal es apropiada para cuestionar normas regulatorias, tema central del fallo de la Corte de Apelaciones.
En este contexto, la decisión de la corte de priorizar la forma sobre el fondo abre la puerta a que la controversia continúe en la Corte Suprema, donde se espera que se analicen los efectos reales de la medida sobre la industria y los consumidores.
Empresas afectadas
La Asociación del Retail Financiero agrupa a diversas empresas de retail financiero y tiendas por departamento que utilizan llamadas masivas como herramienta para:
- Cobranza de créditos
- Promoción de productos financieros
- Atención de clientes masivos
Algunas de las compañías más relevantes son:
- Servicios Financieros (Lider – BCI)
- Hites
- CMR Falabella
- Dimarsa
- SBPay
- Cencosud
- Spin
- CAR Ripley
Estas empresas dependen de la comunicación telefónica eficiente para mantener sus operaciones y cumplir con sus objetivos de recuperación de cartera. La reducción de contactabilidad puede impactar negativamente en los resultados financieros y en la experiencia de sus clientes.
Posibles escenarios futuros
Con la posibilidad de que el gremio acuda a la Corte Suprema, se plantean varios escenarios:
- Revisión del fondo: la Suprema podría analizar si la obligación de utilizar prefijos 600 y 809 afecta efectivamente la libertad de empresa o genera perjuicios económicos significativos.
- Modificación regulatoria: Subtel podría ajustar la medida si se demuestra que limita excesivamente la operación de las empresas sin cumplir sus objetivos de protección al consumidor.
- Mantenimiento de la norma: si la Corte ratifica la medida, las empresas deberán adaptar sus procesos, implementando alternativas tecnológicas o estrategias de contacto que cumplan con los nuevos prefijos.
La resolución final tendrá impacto no solo en la industria del retail financiero, sino también en la forma en que se regulan las comunicaciones masivas en Chile.
Equilibrio entre protección y eficiencia
El caso refleja un reto clásico en regulación: cómo equilibrar la protección del consumidor con la operación eficiente de las empresas.
- Por un lado, los usuarios se benefician de un menor spam y una mayor seguridad en sus comunicaciones.
- Por otro, las empresas financieras y minoristas enfrentan restricciones que pueden afectar sus ingresos y la recuperación de créditos.
Expertos en regulación y telecomunicaciones destacan que la implementación de normas que impactan directamente en la actividad económica requiere:
- Evaluaciones de impacto previas a la implementación
- Mecanismos de fiscalización claros
- Canales de diálogo entre autoridad y gremios afectados
En este caso, la controversia judicial muestra que aún existen vacíos de interpretación sobre la vía legal apropiada, lo que complica la resolución del conflicto.
Vea también: Retail Financiero alerta caída en cobranza por norma de Subtel
El rechazo de la Corte de Apelaciones de Santiago al recurso de amparo económico interpuesto por el retail financiero representa un revés legal, pero no cierra la puerta a nuevas acciones judiciales. La industria está evaluando llevar el caso a la Corte Suprema, donde se decidirá si la regulación de Subtel sobre prefijos 600 y 809 debe ajustarse o mantenerse.
La disputa evidencia la tensión entre regulación, eficiencia operativa y protección al consumidor, un tema central en la industria de telecomunicaciones y servicios financieros. La resolución final determinará cómo se equilibran estos intereses en Chile, afectando tanto a empresas como a usuarios.
Mientras tanto, el gremio del retail financiero advierte sobre los impactos en la contactabilidad y riesgo sistémico que podría generar la norma, posicionando este caso como uno de los más relevantes en materia de regulación y telecomunicaciones en los últimos años.
