Inclusión.-
La Ley de Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias, que entró en vigor en octubre, ha sido objeto de críticas desde el sector financiero. Esta norma obliga a bancos e instituciones financieras a informar al Servicio de Impuestos Internos (SII) cuando un cliente reciba 50 o más transferencias al mes, y supere las 100 transferencias en un periodo de seis meses. Sin embargo, la normativa original excluyó a los emisores de cuentas de provisión de fondos (CPF), es decir, las tarjetas de prepago no bancarias.
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Las tarjetas de prepago como MercadoPago, Tenpo, Tapp y Copec Pay, que también tienen la capacidad de enviar y recibir transferencias, no estaban sujetas a las mismas obligaciones de reportes que los bancos. Esta omisión ha generado un debate significativo en el ámbito legislativo, ya que se busca establecer una mayor equidad en la regulación del sector financiero.
Retail financiero reacciona
A raíz de esta situación, miembros de la oposición empezaron a trabajar para corregir el vacío legal. Desde la bancada de diputados de Renovación Nacional (RN), prepararon una indicación que proponía incluir a las tarjetas de prepago y aquellas emitidas por instituciones no bancarias en el control de transferencias del SII.
Recientemente, la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados incorporó un artículo al proyecto de ley misceláneo proinversión, que modifica la Ley de Cumplimiento Tributario. Este nuevo artículo establece que las entidades emisoras de tarjetas de prepago, tanto bancarias como no bancarias, deberán reportar las transferencias, alineando así sus obligaciones con las de los bancos.
La modificación incluye frases claras que obligan a los emisores de tarjetas de prepago a reportar a las autoridades fiscales. Esta inclusión es un paso importante hacia la consolidación de normas uniformes en el sector financiero, y permite un control más riguroso sobre las transacciones que involucran más de 50 operaciones.
La Asociación de Retail Financiero ha valorado positivamente esta decisión, enfatizando el esfuerzo del Ejecutivo en fortalecer la regulación del sector. Alejandro Arraigada, secretario general del Retail Financiero, destacó que esta armonización de obligaciones contribuye a un ecosistema financiero más transparente y competitivo.
Luis Opazo, gerente general de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (Abif), también elogió los cambios, indicando que remedia una discriminación previa entre emisores. Según Opazo, esta regulación equipara las normas para todos los actores del sector, lo que ayudará a evitar competencias desleales.
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Estos ajustes en la legislación buscan asegurar que todos los actores en el ecosistema financiero estén sujetos a las mismas obligaciones de fiscalización y reporte. Es un paso hacia un sistema más equitativo y transparente, beneficiando tanto a consumidores como a instituciones dentro de un marco regulatorio más robusto.
