Los medios de pago electrónicos están bajo la lupa del Servicio de Impuestos Internos (SII), tras detectarse que 47 personas y empresas habrían utilizado estos dispositivos para realizar ventas de bienes y servicios sin declarar los ingresos ni pagar los impuestos correspondientes.
El análisis abarcó operaciones realizadas entre 2020 y 2022, periodo en el que se identificaron irregularidades significativas que derivaron en la presentación de querellas y la formalización de los imputados el lunes 15 de septiembre de 2025.
Esta acción del SII refleja el aumento en la fiscalización del uso de tecnologías digitales en transacciones comerciales y busca asegurar la trazabilidad de las operaciones, evitando que la digitalización se convierta en un medio para evadir impuestos.
Investigación y detección de irregularidades
La investigación comenzó con la recopilación de antecedentes por parte de las subdirecciones Jurídica y de Fiscalización del SII. A través de esta labor, se pudo establecer que ciertos contribuyentes operaban con terminales de pago electrónico sin declarar los ingresos obtenidos, eludiendo el IVA y el Impuesto a la Renta.
Según Carolina Saravia, directora (S) del SII, “los imputados operaban sin declarar sus ingresos, aprovechando que en ese momento no existía la obligación expresa de acreditar el inicio de actividades ante el Servicio para quienes prestaban servicios mediante medios de pago electrónicos”. Esto permitió que las ventas de bienes y servicios quedaran fuera del control fiscal, generando un beneficio económico indebido y un perjuicio para las arcas del Estado.
El análisis se complementó con documentos tributarios de los proveedores de medios de pago y el cruce con otras fuentes de información, lo que permitió monitorear de manera precisa el comportamiento de los 47 contribuyentes, identificando tanto subdeclaración de IVA como omisión de ingresos.
Denuncias y formalización
El SII presentó inicialmente tres denuncias ante el Ministerio Público, solicitando la investigación correspondiente. Tras revisar los antecedentes, el organismo corroboró las irregularidades detectadas, derivando en la formalización de los 47 imputados.
La querella abarca dos delitos principales:
- Subdeclaración de IVA: Declaraciones maliciosamente falsas donde se omitieron los débitos fiscales generados por ventas a terceros mediante tarjetas de crédito o débito, configurando el delito del artículo 97 N°4 del Código Tributario.
- Omisión de declaraciones de impuestos: Falta deliberada de presentar declaraciones mensuales y anuales, pese a estar obligados, generando un perjuicio fiscal por IVA y Renta.
Los delitos detectados representan un perjuicio fiscal total de $5.000 millones, calculado hasta septiembre de 2025.
Cómo operaban los contribuyentes
Durante 2020-2022, los contribuyentes utilizaban terminales de pago electrónico para canalizar ingresos provenientes de ventas de bienes y servicios. Sin embargo, la información generada por estos dispositivos no se utilizó correctamente para declarar las operaciones ante el SII.
Entre las estrategias detectadas destacan:
- No emitir los comprobantes correspondientes.
- Declarar montos inferiores a los cobrados.
- Operar sin acreditar el inicio de actividades, dificultando la trazabilidad fiscal.
Esto generó un escenario donde la evasión era posible sin riesgo de detección durante el periodo investigado.
Relevancia legal de la querella
Este caso establece un precedente en la fiscalización de medios de pago electrónicos en Chile, reforzando la responsabilidad de personas y empresas que utilizan dispositivos digitales para procesar cobros. La acción también enfatiza la importancia de cumplir con las obligaciones tributarias, incluso en un contexto de digitalización masiva de transacciones.
Según Saravia, estas acciones buscan “emparejar la cancha para quienes cumplen correctamente sus obligaciones tributarias”. Además, han impulsado cambios legales, como la obligación, a partir del 1 de octubre de 2025, de acreditar el inicio de actividades para todos quienes:
- Presten servicios al Estado o municipalidades.
- Operen con medios de pago electrónicos.
- Vendan productos o servicios a través de marketplaces.
- Realicen operaciones con instituciones bancarias.
Estas medidas cierran vacíos legales y aseguran que los registros tributarios reflejen fielmente las transacciones.
Impacto económico y fiscal
El perjuicio por evasión asciende a $5.000 millones, reflejando el impacto acumulado en IVA y Renta durante 2020-2022. Esto demuestra la magnitud de la evasión y la necesidad de un control más efectivo sobre transacciones electrónicas.
Especialistas destacan que la fiscalización de medios de pago electrónicos es crucial, dado que cada vez más empresas y personas naturales utilizan estos dispositivos, y la falta de control genera desigualdad frente a quienes cumplen correctamente sus obligaciones.
La digitalización como aliada del SII
El caso demuestra cómo la digitalización de pagos puede convertirse en una herramienta efectiva para la detección de delitos tributarios. La combinación de información de proveedores de pagos con otras fuentes permitió identificar:
- Operaciones no declaradas o subdeclaradas.
- Patrones de comportamiento sospechosos.
- Responsabilidad de usuarios de terminales, sean personas naturales o jurídicas.
Con esto, el SII fortalece su capacidad de fiscalización y genera un efecto disuasivo frente a posibles infractores.
Prevención y educación tributaria
Además de la acción legal, el SII enfatiza la importancia de informar y educar a los contribuyentes sobre obligaciones al usar medios de pago electrónicos:
- Registrar todas las ventas y emitir comprobantes.
- Acreditar inicio de actividades antes de operar.
- Declarar todos los ingresos, incluidos los percibidos electrónicamente.
- Mantener registros claros y auditable de las operaciones.
Estas medidas buscan prevenir la evasión y promover la equidad en el sistema fiscal.
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La querella presentada por el SII no solo sanciona a quienes evadieron impuestos mediante medios de pago electrónicos, sino que también envía un mensaje contundente: la digitalización no exime del cumplimiento tributario.
Con acciones legales, cambios normativos y el uso de la tecnología como herramienta de control, el SII busca garantizar la transparencia, proteger los ingresos fiscales y asegurar que quienes cumplen sus obligaciones no se vean perjudicados por la competencia desleal.
El caso de los 47 contribuyentes formalizados marca un precedente que influirá en futuros usuarios de medios electrónicos y servirá como referente para la fiscalización de operaciones digitales en Chile.
