En los últimos años la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) ha venido alertando con insistencia sobre la incubación de una crisis en el mercado laboral a partir de la post-pandemia. Esta crisis se caracteriza por una pérdida crónica en la capacidad de creación de empleo formal en la economía chilena, originada, en lo fundamental, en 2 frentes: el aumento de rigideces a la contratación y a los costos laborales producto de una avanzada histórica de nuevas regulaciones, y la transición del sistema productivo hacia nuevas formas de trabajo y producción. Al mismo tiempo, las tasas de desempleo se estacionan en niveles por sobre el 8,5%, muy superiores a las alcanzadas entre 2011 y 2019 (6,8%).
Existe, además, una relación causal entre ambas dimensiones: las nuevas presiones de costos regulatorios han acelerado la adopción de modelos de automatización en las empresas, así como los planes de racionalización de las plantas laborales, debilitando aún más la creación de empleo.
De acuerdo a estimaciones de la CCS, en la actualidad la economía tiene un déficit de entre 400 y 500 mil empleos en relación a las cifras que indican su trayectoria histórica. La brecha que se ha abierto entre la evolución de la actividad económica y el empleo en los últimos 5 años ha tendido a ampliarse en los últimos meses y todo indica que seguirá esta tendencia en los próximos trimestres.
En tal sentido, el Informe de Política Monetaria de septiembre presentado por el Banco Central de Chile aporta nueva evidencia que contribuye a confirmar estos fenómenos, concluyendo que los antecedentes cuantitativos ratifican el impacto negativo en el empleo del aumento de los costos laborales.
En el caso de las alzas desproporcionadas del salario mínimo entre 2023 y 2025, se presentan antecedentes que muestran aumentos de costos laborales anormales en las empresas más afectas a este, así como una mayor pérdida de empleo. Según las estimaciones presentadas, un incremento real del salario mínimo similar a lo observado desde 2023 provoca una caída de aproximadamente -1,5% en el empleo asalariado formal, e incentiva un incremento en la informalidad.
También se concluye que en el último año, distintos shocks de oferta y de costos —incluyendo el alza del salario mínimo y la ley de 40 horas— explican la mayor parte del alza de los costos laborales y han incidido negativamente en el empleo.
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Antecedentes adicionales, también incluidos en este IPOM, ratifican que en el período 2022-2025, las medidas legislativas han aumentado tanto los costos como la tasa de desempleo.
Los resultados citados, así como las cifras recientes del mercado laboral, evidencian impactos que fueron advertidos durante la discusión de las iniciativas regulatorias que hoy son sindicadas como principales responsables del deterioro del empleo, lo que debe interpretarse como un llamado a ponderar el análisis técnico sobre las consecuencia de las decisiones de política económica.
