Diecisiete años después del escándalo de colusión en el mercado de los medicamentos, Farmacias Ahumada (FASA) llegó a un acuerdo con el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) y diversas asociaciones de consumidores, comprometiéndose al pago de casi $980 millones en compensaciones. La resolución beneficia a cerca de 34 mil personas afectadas por la concertación de precios junto a Salcobrand y Cruz Verde entre diciembre de 2007 y marzo de 2008.
Este acuerdo conciliatorio, alcanzado en el marco de la demanda colectiva presentada por el Sernac en 2013, pone fin a uno de los capítulos más prolongados en la historia de los derechos del consumidor en Chile.
La propuesta fue presentada ante la Corte Suprema y se encuentra a la espera de aprobación por parte del tribunal.
Dos grupos de beneficiarios y un proceso marcado por la espera
El mecanismo de compensación acordado contempla el pago diferenciado a dos grupos de consumidores. El primero, denominado grupo de interés colectivo, está compuesto por 17.652 personas que recibirán $32.620 cada una. Se trata de consumidores que fueron directamente impactados por el alza de precios en la época del cartel, identificados a través de un registro que FASA implementó en ese entonces.
El segundo grupo, clasificado como de interés difuso, comprende a 16.429 beneficiarios, todos ellos receptores del bono Control Niño Sano. En este caso, la compensación será de $20.884 por persona y se canalizará mediante el Instituto de Previsión Social (IPS). Este grupo apunta principalmente a familias vulnerables con niños menores de seis años a su cargo, que estén al día en los controles de salud infantil, reforzando de paso una conducta responsable en el cuidado de la infancia.
Según el Sernac, la segmentación responde a múltiples factores, entre ellos la dificultad de identificar con precisión a todos los afectados después de más de 17 años. Aun así, se hizo un esfuerzo por reconstruir, con la mayor fidelidad posible, el universo de consumidores que habrían sido perjudicados por la colusión.
Una larga historia judicial con antecedentes previos
La demanda colectiva contra Farmacias Ahumada fue presentada por el Sernac en 2013, luego de que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) destapara la colusión en el mercado farmacéutico en 2009. En ese entonces, se comprobó que FASA, Cruz Verde y Salcobrand se concertaron para fijar el precio de más de 200 medicamentos esenciales, afectando directamente el bolsillo de miles de consumidores en Chile.
A diferencia de sus competidoras, Cruz Verde y Salcobrand lograron llegar a un acuerdo con el Sernac en 2020, comprometiéndose a compensar a más de 53 mil consumidores con un monto total de $1.100 millones. Farmacias Ahumada, sin embargo, optó en su momento por continuar el proceso judicial, lo que prolongó el litigio por varios años más.
Con el nuevo acuerdo alcanzado este 2025, se cierra finalmente este capítulo para todas las partes involucradas.
Cambios de propiedad durante el proceso
El extenso proceso judicial no solo se caracterizó por su duración, sino también por los múltiples cambios de propiedad que experimentó Farmacias Ahumada durante estos años. En el momento de la colusión, la empresa era controlada por el empresario chileno José Codner, quien en 2014 vendió la cadena al grupo mexicano Casa Saba.
Posteriormente, la firma fue adquirida por la multinacional estadounidense Walgreens Boots Alliance (WBA), uno de los gigantes globales del retail farmacéutico. No obstante, en 2023, la empresa volvió a manos de inversionistas chilenos: un consorcio liderado por Guillermo Harding, fundador y ex controlador de Cruz Verde, quien ya había vendido esa cadena a la mexicana Femsa en 2015.
Esta nueva etapa de propiedad nacional coincide con el cierre judicial del caso, lo que podría marcar un punto de inflexión en la relación de la empresa con los consumidores chilenos y con su reputación en el mercado.
El acuerdo entre FASA y el Sernac representa más que una simple compensación monetaria. Es, además, una señal de que los procesos por colusión no quedan impunes y que, a pesar del paso del tiempo, los consumidores pueden ver una reparación simbólica y económica.
Desde el Sernac destacaron que este tipo de resoluciones ayudan a fortalecer la confianza en las instituciones y promueven mejores prácticas empresariales. Asimismo, subrayaron que, aunque la demora ha sido considerable, el objetivo principal sigue siendo proteger a los consumidores y garantizar justicia.
“Lo que se busca es que estos hechos no se repitan, y que las empresas entiendan que prácticas como la colusión tienen consecuencias reales”, indicaron desde el servicio.
¿Qué deben hacer los consumidores para cobrar?
En caso de aprobarse el acuerdo por parte de la Corte Suprema, el proceso de compensación será gestionado directamente por el IPS en el caso del grupo de interés difuso. Para el grupo de interés colectivo, se espera una coordinación más directa con las bases de datos existentes y mecanismos que permitan identificar y notificar a los beneficiarios.
El Sernac detallará en su sitio web el procedimiento a seguir una vez que el acuerdo quede firme y ejecutoriado. Además, se espera una campaña informativa que ayude a los beneficiarios a cobrar lo que les corresponde sin trámites complejos.
Una reparación tardía, pero necesaria
Aunque el monto de la compensación y la cantidad de beneficiarios no compensa completamente el daño ocasionado a lo largo de los años, el acuerdo judicial marca un hito en el camino hacia la justicia para los consumidores. La colusión de precios en medicamentos no solo vulneró los derechos económicos de las personas, sino que afectó su salud y bienestar, al elevar artificialmente los costos de productos esenciales.
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El desenlace de este caso también refuerza el rol activo del Sernac y de las asociaciones de consumidores, que han sostenido procesos legales largos y complejos en defensa del interés público. Asimismo, puede sentar un precedente para futuras acciones colectivas y acuerdos reparatorios que consideren criterios de equidad y justicia social.
Con este acuerdo, se cierra uno de los episodios más emblemáticos en la historia de los abusos empresariales en Chile. La colusión de precios de medicamentos, además de tener un impacto económico, generó una profunda desconfianza hacia las grandes cadenas farmacéuticas.
Farmacias Ahumada, al sellar este acuerdo, tiene ahora la posibilidad de avanzar hacia una nueva etapa, esta vez bajo una nueva administración y con el desafío de reconstruir su relación con los consumidores.
Pero, sobre todo, este caso deja una enseñanza clara: los consumidores pueden tardar en recibir justicia, pero la presión institucional y ciudadana puede hacerla posible, incluso después de 17 años.
